La condena al líder de Los Monos y otros seis acusados por una saga de atentados a objetivos judiciales intensificó el debate sobre el fenómeno de la criminalidad en Rosario, una ciudad donde se denuncian por día un promedio de veinte balaceras que, en su modalidad de ejecución, son similares a las analizadas en el juicio. “El panorama de la criminalidad ha cambiado radicalmente y nos aflige que estos hechos se naturalicen. Es algo que como sociedad no podemos permitir”, dijo un día después del fallo Iván Kvasina, secretario del Colegio de Magistrados de la zona sur provincial. Más temprano, el secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, advirtió que “este tipo de organizaciones o empresas vinculadas a las amenazas, amedrentamientos y narcotráfico no es responsabilidad de un solo poder del Estado” y destacaba como un “hito en la Argentina” el dictado de condenas por ataques a instituciones o autoridades públicas.
La sentencia unánime de los jueces Hebe Marcogliese, Pablo Pinto y Rafael Coria impuso 28 años y 8 meses de condena unificada a Ariel “Guille” Cantero por instigar siete ataques a domicilios de jueces o edificios judiciales entre mayo y agosto de 2018, con penas decrecientes pero también altas para el resto de los implicados. Al dictar las penas, los mismos jueces expresaron conceptos sobre el fenómeno de las balaceras y de las organizaciones mafiosas: alertaron que la intervención del sistema penal no soluciona el problema e instaron a crear políticas públicas de contención social.
Esos conceptos abrieron el debate a un fenómeno más amplio que el de la saga de catorce ataques de 2018 que se juzgaron en el Centro de Justicia Penal. La Unidad Fiscal de Balaceras recibe en Rosario un promedio de veinte denuncias diarias. Un fenómeno que excede la cuestión narco y que también está ligado a usurpaciones, ajustes, deudas, extorsiones y otros delitos.
“La lectura que hacemos es que el panorama de la criminalidad en la ciudad ha cambiado radicalmente y hoy tenemos que hablar de una criminalidad organizada”, observó Kvasina, e indicó que sin bien existe “un usufructo de la narcocriminalidad”, la cadena delictiva no termina en el tráfico de drogas sino que también se vale de otras actividades para “aprovechar la captación de moneda ilegal que luego se blanquea a través del lavado de activos. O sea, existe todo un soporte profesional desde distintos actores para canalizar los ingresos que devienen de un origen ilícito”.
Tras el fallo del jueves, el representante del Colegio profesional puso el acento en que existió “una acción institucional de uno de los poderes del Estado de llevar adelante un proceso penal que, con el amplio resguardo de las garantías, determinara la responsabilidad o no de las personas sindicadas como eventuales actores de estos actos intimidatorios contra magistrados, funcionarios y edificios públicos”.
Por su parte Somaglia destacó como “un hito” el dictado de las condenas en una causa que “ha mantenido en vilo a la mayoría de los medios de prensa de todo el país” y consideró que el tribunal estuvo “a la altura de las circunstancias”.
El secretario de Justicia provincial indicó que las valoraciones del tribunal “no hacen más que validar lo que algunos manifestamos: que el flagelo de la violencia a partir de estas organizaciones o empresas vinculadas a las amenazas, amedrentamiento y narcotráfico no es responsabilidad de un solo poder del Estado sino de los tres poderes, que son corresponsables de mejorar la calidad institucional, por un lado, y por otro lado brindar seguridad”.
>> Leer más: "La solución a este problema excede lo que puede resolver un tribunal"
El llamado a coordinar entre los tres poderes ya había sido reclamado por los jueces del tribunal en su veredicto, donde expresaron que “los hechos expusieron el poder de la violencia confrontando, desafiando y negando el poder del Estado”. Ese diagnóstico es compartido desde el Colegio que nuclea a magistrados y funcionarios. Según Kvasina, a esa cuestión se añade que “los hechos intimidatorios no son una cuestión que tiene como víctima sólo a magistrados sino que lamentablemente, en la ciudad que nos toca vivir, tiene como víctimas a ciudadanos comunes. Por eso también nos aflige que estos hechos se estén naturalizando, algo que como sociedad civil no nos podemos permitir”.
Otra línea de análisis del fallo tiene que ver con la confrontación de bandas criminales a un poder institucional: “Un poder, el de la violencia y del miedo, confrontando, desafiando y negando el poder del Estado, que no es otro que el de la sociedad en su conjunto”, planteó. Para Kvasina, en esa misma línea se inscribe la “nueva instancia intimidatoria” que representó, a pocas horas de iniciarse el juicio, el último ataque al tiros contra el Centro de Justicia Penal. “Que se produzca un nuevo atentado no puede ser entendido sino como un desafío a las autoridades democráticamente constituidas del Estado”, consideró.
