Dos días después de que tres uniformados de la policía santafesina fueran imputados judicialmente por trabajar para una banda narco, un oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) se incorporó al parque de investigados como parte de un engranaje que desde las fuerzas de seguridad pasaba información a distintas bandas sobre distintos operativos. Gabriel Alejandro F., 45 años, oficial en la brigada operativa de PDI fue detenido por orden del fiscal Pablo Socca. Al ser detenido, cuando se dirigía a tomar servicio, se le secuestró indumentaria de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), fuerza que no integra desde hace cuatro años.
Desde la pesquisa se sospecha que la ropa de TOE la utilizaba para entablar diálogo con delincuentes. Al ser requisada su vivienda en barrio Sarmiento se le secuestró una pistola calibre 9 milímetros con su numeración suprimida. En las próximas horas Socca lo acusará por la portación de esa arma ilegal y por encubrimiento. Gabriel F. es policía desde febrero de 2009. Tras su paso por la TOE revistió en el Cuerpo de Guardia de Infantería (CGI) y desde marzo de 2023 pasó a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), hoy PDI.
La detención el último fin de semana de cinco policías sospechados de “embagayar” con tres pistolas _calibre 9 milímetros, una calibre 40 y otra 380_ utilizadas en media docena de ataques intimidatorios a balazos, a un allegado a integrantes de la banda los Tripi de Parque Oeste para favorecer al grupo de “Mauri” Ayala abrió una vez más la Caja de Pandora de los viejos malos hábitos de cierto sectores de la mala policía.
Tres de esos cinco policías fueron acusados este miércoles por el fiscal Franco Carbone por seis hechos de encubrimientos doblemente agravados por la pena del delito precedente (los ataques a balazos) y por haber sido cometido por un funcionario público, privación ilegítima de la libertad (por la detención de un hombre ligado al asesinado Leonel Tripi), portación ilegal de tres armas de fuego de guerra, intimidación pública, falso testimonio agravado en causa criminal en perjuicio del inculpado y falsedad ideológica de instrumento público. Los dos restantes también fueron encausados, pero como no estaban tan comprometidos recuperaron la libertad.
Pero la cosa parece no haber terminado ahí. Este jueves efectivos de Asuntos Internos, la policía de los policías, detuvieron en la vía pública cuando se dirigía a tomar servicio a un oficial de la PDI. En el bolso que llevaba, además de su indumentaria de trabajo el oficial F. llevaba ropa de TOE, una fuerza en la que prestó servicios entre julio de 2015 y octubre de 2020. Por orden del fiscal Socca se allanó su domicilio en la que se secuestró una pistola FM HI Power modelo M95 Classic calibre 9 milímetros con numeración limada, además de cartuchos intactos 12/70, calibre 38, calibre 22, calibre 45 y calibre 762.
También se incautaron vainas servidas, un chaleco identificatorio de las TOE y otro de la Policía de Santa Fe, un sello de la TOE, un CD de la Central de Información Criminal Operativa OJO, una notebook, tres pendrives, dos CPU, tres tablets y un bolso con 20 celulares. Según explicó el oficial el bolso con celulares responde a que también se dedica a reparar teléfonos y las vainas servidas, a que es, desde septiembre de 2023, mecánico armero.
Policías acusados
En la audiencia acusatoria a los policías Lisandro Vera, Damián Ruiz (del Comando Radioeléctrico) y Marcos Martín Molina (quien presta servicios en la Oficina de Gestión Judicial) se los acusó de haber encubierto una serie de media docena de balaceras con mensajes amenazantes contra el gobierno: ataque contra la sucursal del banco Macro de Saavedra y Ovidio Lagos (12 de diciembre, una calibre 40); el hospital Clemente Alvarez (13 de diciembre, una calibre 40); comisaría 19ª (27 de diciembre, calibre 380); la sede de las Tropa de Operaciones especiales (TOE, el 20 de enero, calibre 9 milímetros); la casa de un muchacho (el 22 de enero en Pedro Lino Funes y Cerrito, calibre 9) y la estación de servicios de 27 de Febrero y Avellaneda (el 23 de enero, calibre 9).
>>Leer más: El final de Tripi, un crimen que estremece a los monoblocks del Parque Oeste
Entre los objetivos atacados por la delincuencia uno de los puntos que surgió fue la balacera contra la sede de la TOE, en Rouillón al 1900 el pasado 20 de enero. Los investigadores entienden, como una de las hipótesis de trabajo, que el ataque a la TOE pudo ser para exponer a algún integrante de la fuerza con vinculaciones con alguna de las bandas narco que pelean por el territorio en la zona de Parque Oeste.
Los atacantes circulaban en un auto y dejaron una nota en que decía que dejaran "de molestar", firmado “Atte. Los Tripi”. Por el hecho fue detenido el 31 de enero pasado y acusado Alexis Michel C.M., de 28 años, chofer del asesinado “Leo” Tripi. El fiscal Carbone le achacó los delitos de intimidación pública agravada y le sumó la portación ilegal de una pistola calibre 9 milímetros, una calibre 40 y otra 380 que efectivos del Comando incautaron de su camioneta Toyota Hilux en la que también se incautó un cartel amenazante.
El abogado del acusado denunció que su cliente había sido víctima de un operativo ilegal y que había sido embagayado. Así Carbone puso el ojo en los cinco policías detenidos este fin de semana. Una de las preguntas aún sin respuesta es como los policías acusados este miércoles tuvieron a disposición armas involucradas en resonantes balaceras al menos ocho días.
Con ese telón de fondo el fiscal Socca recibió la declaración de un testigo de identidad reservada en la que el oficial F. de la PDI fue señalado como presunto enlace que filtraba información sobre distintos operativos policiales a determinadas organizaciones. Así el fiscal Socca ordenó que se requisara su vivienda para investigarlo y se topó con que el PDI tenía una pistola con numeración suprimida. En principio por este delito el oficial será llevado a audiencia imputativa en las próximas horas.
