Mató por una deuda de $ 200 y le piden 20 años de prisión

Un pescador de 21 años afronta un pedido de 20 años de prisión por apuñalar y matar a su vecino Luciano Astudillo en octubre de 2018 en la zona de Córdoba y La Ribera, en Villa Gobernador Gálvez. El hecho, según el fiscal, estuvo precedido por amedrentamientos de la víctima hacia un hermano del acusado, a quien le reclamaba una exigua deuda de 200 pesos. La defensa sostiene que el imputado reaccionó ante el peligro de ser atacado por tres personas, una de ellas armada.

Apenas ocurrió el homicidio de Astudillo, el 8 de octubre de 2018 a las 13.30, los datos preliminares dieron cuenta de una feroz discusión que mantuvo con dos vecinos, padre e hijo. Como el hecho ocurrió a plena luz del día, en la calle y delante de varias personas, las tareas para dar con los sospechosos no resultó compleja.

A las pocas horas fue apresado Hugo Imperiale, de 24 años, en una vivienda de Sánchez de Thompson al 100, señalado como autor del homicidio. También se emitió una orden de captura para su padre, que aún permanece prófugo.

El joven fue imputado por el fiscal Florentino Malaponte por homicidio doloso en concurso real con amenazas coactivas (amenazó a la dueña de la casa donde se había escondido), y quedó en prisión preventiva por el plazo de ley. Con la pesquisa cerrada y la acusación presentada, ayer se desarrolló la audiencia preliminar al juicio, durante la cual Malaponte recordó su hipótesis, describió la evidencia y pidió 20 años de prisión para el imputado.

Deudas y broncas previas

El fiscal recordó que el día del hecho Hugo y su padre se acercaron a Astudillo y dos amigos. Tras mantener una discusión por una deuda de 200 pesos y broncas previas, el padre de Hugo le efectuó un disparo con un revólver calibre 32 a Facundo O., que resultó herido en un brazo, y acto seguido su hijo apuñaló a la víctima fatal en el tórax, quien recibió una herida de 14 centímetros de profundidad que le llegó al corazón.

Malaponte se basó en las declaraciones de las otras dos personas que estaban con Astudillo y describieron la mecánica y a los autores. "Los testigos fueron claros y uniformes. Cuando fue detenido, al acusado se le secuestró un arma de fuego, un cuchillo y proyectiles. La autopsia además tiene correspondencia con la mecánica descripta", sostuvo.

Sin embargo, el defensor oficial Mariano Buffarini se opuso al planteo fiscal y desarrolló un situación distinta. En base a los testimonios del hermano y la madre de su asistido el abogado narró que Astudillo y Juan Carlos Imperiale eran amigos, bebían y consumían drogas y que en ese contexto se generó una deuda en la que Hugo no tenía nada que ver.

Pero que el día del hecho Astudillo se presentó en la casa de los Imperiale y le recriminó a la madre que si Juan Carlos no pagaba lo que debía "lo iban a matar". Juan Carlos regresó de trabajar y salió a realizar una compras. Cuando regresó estaba todo ensangrentado y dijo que Astudillo lo cruzó en la calle y lo golpeó ferozmente.

Salió a buscarlo

"Esa situación fue advertida por Hugo que fue a recriminarle a Astudillo. Fue solo, no estaba su padre, y se encontró con la víctima y dos amigos. Uno de ellos exhibió un arma y en ese momento Hugo lesionó a la víctima", explicó Bufarini.

Luego, según esa hipótesis, un hermano de Astudillo y otras dos personas se acercaron a la casa de Imperiale y comenzaron a disparar con armas de fuego contra él y su madre, lo que fue repelido por el padre del acusado, que lesionó en el brazo al amigo del joven fallecido.

Para el abogado, eso modifica la situación de Imperiale, ya que respondió a un riesgo de agresión estando solo ante tres personas, uno de los cuales le mostró un arma. Entendió entonces que el pedido de pena aparece "desproporcionado", ya que además es una persona que no tiene antecedentes y trabajo estable.

"Vamos a ofrecer testimonios para dar cuenta de esto. Por eso impulsamos el cambio de calificación por el de homicidio culposo o la legítima defensa, con perspectiva de sobreseimiento", indicó el defensor.

El fiscal se opuso a ese planteo por falta de medidas o evidencias acumuladas y solicitó la prorroga de la prisión preventiva hasta el debate oral. En tanto el defensor requirió la morigeración de la medida cautelar por la modalidad domiciliaria con garantía personales.

Finalmente, el juez Rafael Coria rechazó los planteos de la defensa, admitió la acusación bajo el encuadre legal expuesto por la Fiscalía, y ordenó mantener la prisión preventiva efectiva del acusado con vistas al juicio oral y público.