"Los jueces hacemos política institucional pero no partidaria"

Rafael Gutiérrez reconoce haber recobrado algún alivio. El día de la entrevista es el posterior a las detenciones de tres personas ligadas a los ataques a jueces iniciados el 29 de mayo y a la identificación de un líder de Los Monos como instigador. La falta de novedades previas lo había puesto muy crítico del gobierno provincial y las fiscalías, a quienes reprochaba la ausencia de resultados a dos meses de iniciada la saga, y dificultades en prevención e inteligencia.

También había hecho advertencias hacia adentro, como al criticar en el canal público provincial —sin nombrarlo— al juez Ismael Manfrín, quien tras condenar a Los Monos fue el primer blanco de los ataques y luego se apartó alegando que ya no tenía capacidad de intervenir en el trámite. "Yo no me hubiera apartado", dijo entonces Gutiérrez, y agregó en forma genérica que "quien no está preparado para enfrentar estas situaciones no puede ser juez".

—Usted fue muy crítico del Ministerio Público de la Acusación (MPA-fiscalías) y del gobierno. Sobre los atentados a jueces dijo que había que hablar menos y hacer más. ¿Qué quiso precisar?

—Se lo dije al gobernador, que tiene el manejo de la seguridad, que alguna medida había que tomar. Más que crítica era una preocupación.

—En el MPA hay enojo porque creen injusto su planteo. Dicen que necesitaban tiempo para avanzar en la investigación y que si hubiera ido a pedir información, sin violar la reserva, se la habrían dado.

—Desde la Corte hemos respetado la investigación, más allá de que alguna información teníamos. No queríamos entrometernos. Pero todo eran conjeturas y yo tenía los reclamos del Colegio de Magistrados, que sacaron un comunicado porque es lógico que ante los hechos sin aclarar estuvieran preocupados.

—Acá es donde hay debate. Cuando los jueces penales que hoy reclaman estaban en función de investigación pedían, para avanzar en casos complejos, una paciencia que hoy no mostraron. Y el reproche es que en sus funciones dejaron mucho que desear para que estas bandas que hoy ponen en jaque la seguridad avanzaran.

—El Colegio de Magistrados representa a los jueces y ellos trasladaron sus inquietudes a partir de que les balearan las casas.

—Lo entiendo, pero hoy requieren respuestas que cuando estaban en el anterior sistema tardaban años en dar. Pensemos en los Cantero, que empezaron a tener causas en los 90. O Fraticelli, Inundaciones, Ecos, Banco de Santa Fe y tantas.

—Pero veamos: el Banco de Santa Fe está en la Corte Nacional y no en la provincia. En Inundaciones yo me detuve a estudiar los 14 cuerpos cuando la Corte ordenó que se expidiera sobre la prescripción. La única vez que el expediente llegó a la Corte bajamos la línea.

—El reclamo gremial de los jueces es lógico. Lo que aflora en las discusiones públicas es que hace años muere gente por estos peligros pero que los jueces piden seguridad y cuestionan ahora que lamentablemente les toca recibir los embates.

—Hay que dividir las aguas. La cuestión prevencional está en manos del Poder Ejecutivo. Fiscales y jueces entran después de los hechos. Preocupación teníamos todos como cualquier ciudadano. Además cuando leemos en los diarios que la provincia bate records en homicidios y uno integra el Poder Judicial nos cabe una responsabilidad. Ahora aparece la reacción cuando se trata con intimidaciones que los jueces den el brazo a torcer. Entonces hay que alzar la voz.

—Prevención e inteligencia pasan por el Ejecutivo y ahí hay serios problemas. Pero los factores que hoy generan estos ataques fueron captados por el sistema penal hace mucho, cuando había jueces de instrucción, sin que hubiera respuesta eficaz. Las culpas parecen compartidas.

—Pero la respuesta de la Justicia fueron condenas.

—Sí, recién ahora, a personas que hace 20 años se movían en el campo del delito.

—Estamos de acuerdo. Pero si se hubieran encontrado denuncias de actuación irregular habríamos actuado. Eso no hubo.

—En el MPA se objeta a la Corte por no liberar recursos para mejorar las investigaciones. Por ejemplo el pase de los médicos forenses o el Instituto Médico Legal (IML). O que con recursos para fiscalías se cubrieron cargos de jueces laborales o civiles.

—En parte los recursos pasaron. El IML está para todo el Poder Judicial, no solo para el fuero penal. Cuando entró en vigencia el nuevo modelo penal le pasamos al MPA más gente que la que teníamos obligación de pasar. El Poder Judicial es uno solo. No todo lo que existe es el Código Procesal Penal. Los juzgados laborales están colapsados, tenemos problemas en los juzgados de familia y en los de daños. Nosotros en la Corte tenemos que tener una visión integral de todos los fueros.

—¿Qué piensa del sistema de ingresos al Poder Judicial? Un sistema único para fueros tan diversos, cada vez más especializados, donde se toma como indicador de calificación la rapidez de tipeo.

—El sistema de Santa Fe lo copian doce provincias. Tiene tres etapas. Está el tipeo, que no estoy de acuerdo porque un empleado sin conocimiento de cuestiones jurídicas puede escribir más rápido que otros. Pero está la prueba sobre conocimientos en base a preguntas que organiza el centro de capacitación. En eso la Corte sólo interviene en una entrevista al final. Es un tema a discutir, tanto como en la selección de los jueces, qué preponderancia le doy al que se destaca con antecedentes académicos cuando la calidad de un buen juez puede provenir mejor de estar bien entrenado en litigar.

—El año pasado la Legislatura se otorgó a sí misma la facultad de remover fiscales y defensores de primera instancia. No pasa en ninguna otra provincia. ¿Qué opina?

—Para los magistrados tenemos el jury de enjuiciamiento pero las faltas inferiores quedan en manos de la Corte. Pero no había que dejar todo en manos del MPA, que juzgue cuestiones graves de sus miembros. Hasta ahora no se puso en funcionamiento porque no se reglamentó. Hoy día me comentan fiscales regionales que tienen que tomar medidas sobre algunos fiscales y no lo pueden hacer porque la Legislatura no ha dicho sobre cuáles hechos graves debe intervenir.

—¿Cuál es su idea de la relación que deben tener jueces y política? Los jueces se expresan políticamente todo el tiempo.

—Los jueces no deben decir lo que deben hacer los legisladores. Sí debemos controlar. Si queremos que respeten nuestra independencia no debemos inmiscuirnos en los otros poderes salvo en el control constitucional. Hacemos política institucional todo el tiempo pero no podemos hacer política partidaria.

—¿Por qué cree que la Justicia tiene los índices de imagen más negativos entre los poderes públicos?

—Bueno, eso en Comodoro Py, entre los jueces federales. No es lo que pasa en Santa Fe. Dios está en todos lados pero da misa en Buenos Aires. Y allí funcionan los grandes medios. Pero en Santa Fe la ciudadanía tiene una visión muy superior de la Justicia provincial. Hay un 35 por ciento que tiene una opinión favorable (en Buenos Aires el 80 por ciento tiene una visión negativa). El 80 por ciento de las noticias de los diarios tienen que ver con las grandes causas nacionales radicadas en la Justicia Federal porteña. ¿Por qué la cuestión de imagen? Bueno, ahí hay un problema de selección de los jueces. Por más que funcione el Consejo de la Magistratura hay un cambio de figuritas. Luego hay un montón de jueces nacionales en lo civil y comercial de primer nivel, que actúan con total independencia.