“Yo la agarré del cuello y se me fue la mano”, había confesado Marcelo Alberto Fernández un año y medio después de haber sido detenido por el crimen de María Isabel Ruglio, la docente jubilada de 73 años cuyo cuerpo apareció en febrero de 2020 desmembrado en siete bolsas de consorcio flotando en el arroyo Saladillo. El hombre de 45 años estaba acusado de haberla matado con la intención de quedarse con su casa de la zona sur, en un presunto plan del que habían participado su pareja y un amigo remisero que lo había ayudado a deshacerse del cadáver. Sin embargo el avance de la investigación no aportó evidencia sobre esa teoría y finalmente el imputado fue condenado este lunes a 20 años de prisión por homicidio simple.
La pena fue acordada entre el fiscal Adrián Spelta y la defensa de “Bebu” Fernández mediante un procedimiento abreviado homologado por los jueces Gonzalo López Quintana, María Trinidad Chiabrera y José Luis Suárez para el cual los familiares de la víctima prestaron su conformidad, según indicaron fuentes judiciales.
Respecto de los otros dos imputados por el hecho, se presume que en los próximos días podrían ser desvinculados de la investigación. Por un lado se comprobó que la pareja de Fernández, la española de 58 años Josefa Richarte Carrasco, no participó del hecho sino que por esas noches se dedicaba a cuidar a un anciano. Y tampoco se constató que el remisero Ricardo M., a quien Fernández inculpó de haberlo ayudado a trozar el cadáver a cambio de una propiedad, haya tenido algo que ver con lo sucedido.
“Marisa”
El 10 de febrero de 2020 pescadores del Saladillo sacaron del agua el brazo de una persona a la altura del Parque Regional Sur. Tras el aviso a las autoridades un rastrillaje de Prefectura permitió completar en 72 horas el cadáver de una mujer desmembrado en siete partes envueltas en bolsas de consorcio.
Casi un mes más tarde una mujer se comunicó desde Santa Fe preocupada porque no tenía noticias de una prima suya y expresó con temor su presunción de que el cuerpo desmembrado podría ser el de Ruglio, una docente jubilada que vivía en una casa de Uriburu al 500 con una pareja que atendía una verdulería en el frente de la propiedad. Esa noche del 4 de marzo la casa fue allanada y fueron detenidos Bebu Fernández y su pareja Josefa, apodada “Pepa”, quien atendía un kiosco en la misma cuadra.
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Así se supo que el cadáver que durante un mes no había podido ser identificado era el de María Isabel, apodada “Marisa” o “Tití”. Había sido directora de la Escuela de Educación Técnica Nº 649 Libertador General José de San Martín. Divorciada, madre de dos hijos y con problemas depresivos, vivía en una casa a cien metros del Distrito Sur.
La relación de Marisa con Josefa había empezado cuatro meses antes. Pepa le había contado que junto con su pareja esperaban cobrar una indemnización por un accidente en moto y que tenían en venta un departamento en el barrio de La Carne. Cuando concretaran esa operación, habrían acordado de palabra, le comprarían la casa a Ruglio. Hasta entonces se fueron a vivir a la casa de la mujer, algo que le venía bien a Marisa que había sido operada de la columna en diciembre.
Antes de la aparición del cuerpo, Pepa denunció la desaparición de Ruglio el 7 de febrero en la comisaría 15ª. Pero el llamado de la prima de la víctima desde Santa Fe terminó colocando en la propiedad a perros rastreadores que condujeron a una pileta del fondo de la casa donde se hallaron rastros de sangre.
Confesión tardía
Bebu y Pepa fueron acusados de haber asesinado a Ruglio entre el 5 y el 7 de febrero de 2020 y luego desmembrar el cadáver con una amoladora para luego trasladarlo 35 cuadras hasta el arroyo en un carrito para transporte de verduras. Ambos fueron imputados como coautores de un homicidio calificado por codicia, acto que prevé una pena de prisión perpetua.
Esa teoría marcó la investigación e incluso la pareja fue enviada a juicio bajo esa figura. Sin embargo un año y medio después Bebu Fernández decidió hablar. Lo primero que hizo fue desincriminar a Pepa al afirmar que ella no sabía nada de lo que había pasado.
“Nunca quise hacer nada, ni quedarme con la casa ni nada de eso”, expresó Fernández en septiembre de año pasado ante el fiscal y el juez Gustavo Pérez de Urrechu en una audiencia presenciada por familiares de la víctima.
El hombre confesó que la noche del viernes 7 de febrero discutió con Marisa porque ella quería que se fueran de la casa. Contó que cerca de la 1.30 de madrugada la mujer lo amenazó con un cuchillo y él la tomó del cuello. Pensó que se había desmayado, pero al cachetearla y notar que no respondía advirtió que estaba muerta. Asimismo aseguró que esa noche su esposa cuidaba a un anciano y nunca supo de lo ocurrido.
En esa audiencia Fernández sindicó a un remisero como quien lo había ayudado a deshacerse del cuerpo, pero no dio más detalles porque afirmó haberse quedado dormido mientras eso ocurría. “No quiero hablar de ese momento”, se escudó.
La tardía confesión no cambió la hipótesis principal. Es más, cuatro días después el remisero “Ricky” M. fue imputado como coautor funcional del homicidio agravado por codicia, acusado de haber desmembrado el cuerpo para quedarse con el departamento que Fernández presuntamente tenía en venta y por el que ya había alcanzado a darle algo de dinero.
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“No sé por qué me acusan de esto. ¿Con qué fin puedo hacer algo así cuando tengo mi plata? ¿Por qué arriesgaría a mi familia? No entiendo por qué me viene este quilombo”, se descargó el entonces nuevo coimputado en una audiencia en la que declaró varias veces. Dijo que se había instalado en el departamento de Fernández luego de que unos muchachos intentaron usurparlo. Pero luego cobró una indemnización de 1.600.000 pesos con la que compró una casa en el paraje La Carolina, cerca de Piñero, donde se instaló con su pareja e hijos. “¿Con qué fin iba a hacer eso si estaba por cobrar mi platita?”, expresó el acusado, e indicó que en algún momento se iba a “saber la verdad”.
También su defensa objetó entonces la acusación así como el relato incriminante de Fernández, según el cual Ricky llegó cuando Marisa ya estaba muerta, lo cual habría implicado a lo sumo un encubrimiento agravado —con una pena de dos años— pero no la coautoría funcional de un homicidio calificado por codicia y penado con prisión perpetua.
En ese marco, el juez Román Lanzón concluyó que no había evidencia suficiente para considerarlo coautor funcional del crimen y le dictó prisión preventiva por 60 días hasta que se esclareciera su situación.
Simple
Finalmente la evidencia colectada terminó sacando de la escena a los dos coimputados. “Se acreditó que Fernández mató a Ruglio en una discusión y luego de desmembrarla, las arrojó al Saladillo. Entre la evidencia están los rastros de sangre de la víctima hallados en la casa así como testimonios diversos, además de la confesión del acusado que admitió la autoría del hecho en la audiencia”, sostuvo Spelta al dar a conocer el acuerdo que selló la condena a 20 años por homicidio simple.
Sobre Pepa, el fiscal aseveró que tal como ella misma sostuvo desde el momento en que fue detenida era ajena al hecho. “Ella no participó. Estaba cuidando un hombre mayor durante las noches, lo cual fue confirmado por las antenas del celular y el hijo de ese hombre”, señaló Spelta.
Y agregó que el remisero sindicado por Fernández como descuartizador al parecer “no tenía nada que ver”. En ese sentido adelantó que luego de terminar de corroborar algunos datos ambos coimputados podrían ser desvinculados de la causa.
