David Delfín Zacarías fue condenado hace cuatro años a 16 años de prisión por controlar una cocina de cocaína a gran escala en la que fue sorprendido in fraganti en plena tarea de producción de esa sustancia terminada. Este martes, en un juicio derivado de esa causa, el fiscal federal Federico Reynares pidió para él una sentencia adicional de nueve años de cárcel por el lavado de activos obtenidos de la comercialización de droga. La pena requerida quedó unificada en un total de 22 años de cárcel. También solicitó que le apliquen una multa de 42 millones de pesos que es, por fórmula, tres veces la cantidad del dinero lavado.
Este juicio empezó hace algo más de tres meses, se juzga a un total de ocho personas, la mayoría del círculo familiar más estrecho de Zacarías, quien llegó comprometido por tres fuertes acopios de prueba: haber sido detenido in fraganti el 5 de septiembre de 2013 en una casa de Funes donde se cocinaba droga, los 300 kilos de cocaína y los dos mil litros de precursores químicos decomisados allí y las escuchas telefónicas que sugerían la negociación previa con los proveedores de esos líquidos.
En el juicio el fiscal pidió también que se condene a Sandra Inés Marín, esposa de Zacarías, a 7 años de cárcel, lo que implica un total de 18 unificada con la condena previa. A los hijos Joel Zacarías le solicitó 4 años y seis meses para que quede en un total de 8 años. Y para Flavia Zacarías la misma pena, lo que la lleva en la unificación a 8 años y seis meses. Para cada uno de los tres les requirió como multa el mismo monto de 42 millones de pesos. A Jorge Zacarías le pidió cinco años y también la retención de idéntica cifra.
Para el acusador, los integrantes de la familia Zacarías junto a Ruth Judith Castro, Hugo Alberto Silva, Alfredo Silva, Javier Alfredo Silva, el policía federal Jose Luis Dabat y Diego Martín , formaron parte de una organización dedicada a la guarda y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención organizada de tres o más personas.
Más de 70 vehículos, un bloque de 32 cocheras en un edificio del microcentro de Rosario, más de 45 terrenos comercializados por Tierra de Sueños, entre otros, formaron parte de un patrimonio que los organismos de control financiero del Estado detectaron bajo el paraguas de Zacarías, familiares o amigos de éste cuya adquisición no tenía correlato con la actividad declarada. Se trata de un universo de activos por un monto aproximado de 600 millones de pesos estimado al inicio del juicio.
El trámite está a cargo del Tribunal Federal Oral 1 con los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter. Se inició el 14 de julio pasado.
En la causa de 2013, según el fiscal, se levantaron indicios de que Zacarías tenía este emprendimiento de producción de drogas de manera sistemática de al menos dos veces por año. También sacó a relucir declaraciones de un célebre traficante de Rosario ya fallecido, Jorge Halford, quien en el momento de ser enjuiciado en 2011 deslizó que la droga que traía de Ituzaingó, Corrientes, en 2009 "era de David".
Reynares trajo a colación algo sucedido hace más de 20 años en lo que fue la primera causa de Zacarías. En el 2001 lo atraparon por una maniobra extraña como conductor en la zona del Hospital Eva Perón de Baigorria. Lo siguieron desde la ruta 11 hasta Rondeau y lo detuvieron en Valentín Gómez y Pedro Goyena. Tenía 700 gramos de marihuana. Fue condenado en 2002. En esa causa dio como profesión "changarín". Lo atraparon a la vuelta de la casa de José Luis Dabat, el policía federal, que cayó como su socio en la causa del año 2013 junto a él.
Zacarías compró la remisería Frecuencia Urbana en 2005. ¿Cómo hizo estando preso desde 2001 para adquirir esa frecuencia siendo chagarín? El planteo del fiscal es que los remises se utilizaban para la actividad legal pero también como fachada para repartir estupefacientes sin inconvenientes. "Todo lo relacionado con Frecuencia Urbana está contaminado por el narcotráfico", dijo Reynares.
