En el marco del convenio de cooperación firmado entre la Justicia argentina y la brasileña, vinculado a los casos de ataques contra domicilios vinculados a jueces penales, el presidente de la Federación Argentina de Magistrados recomendó estudiar la posibilidad de implementar algunas de las medidas empleadas en el país vecino en situaciones similares. Entre las disposiciones implementadas en el Estado brasileño de Paraná se encuentran otorgar custodia al juez amenazado, protegerlo con chaleco antibalas y coche blindado y, dependiendo de la gravedad del caso, retirar al magistrado del lugar donde se desempeña.
El presidente de la Federación Argentina de Magistrados, Gustavo Salvador, detalló que es importante referir cuáles son las medidas disponibles para garantizar de inmediato la seguridad de los jueces, tan pronto como ocurran amenazas que busquen neutralizar acciones o mismo eliminar al juzgador, al margen de los estudios relativos a la existencia y creación de órganos de protección.
En el caso del Tribunal de Justicia de Paraná, se puede accionar en cualquier momento la Casa Militar, que se comunica de inmediato con el juez para tomar un contacto preliminar con la persona amenazada, verificar el grado de peligro y elegir las prevenciones de emergencia a ser tomadas para la protección del magistrado.
De acuerdo con la gravedad del acto, se realiza la retirada del juez del lugar donde trabaja y, en caso de no efectuarse el alejamiento, la Casa Militar del Tribunal entra en contacto con la policía local y dispone una serie de acciones:
1— Dispone escolta o acompañamiento personal del juez, pudiendo abarcar a sus familiares.
2— También son enviados policías al lugar de trabajo y residencia del juez.
3— Dependiendo del grado de amenaza, se ofrecen chalecos a prueba de balas.
4— Igualmente, de acuerdo con la gravedad del acto, está disponible un coche blindado al juez, lo que disminuye considerablemente los riesgos.
De acuerdo con el protocolo, el equipo de Inteligencia de la policía se desplaza al local para hacer un análisis detallado de riesgo, con el objetivo de verificar el grado de peligro, recomendando el mantenimiento de las medidas determinadas, su ampliación, disminución o modificación, dependiendo del grado de riesgo comprobado.
El equipo de inteligencia podrá además requerir una orden judicial para la realización de una investigación (interceptación telefónica, búsqueda y aprehensión, detención de los sospechosos, etcétera).
También podrá solicitar la remoción del detenido que amenace desde la cárcel al juez. Hará además un monitoreo permanente del magistrado y del grado de riesgo y vulnerabilidad a que esté expuesto.
El Director del Departamento de Seguridad de la Asociación de los Jueces de Paraná acompaña todo el procedimiento de protección ofrecido al magistrado amenazado, pudiendo actuar en ese proceso inclusive para ampliar las medidas si fuese necesario.
