En medio del conflicto desatado por los productores agropecuarios, los cortes de
ruta en gran parte de la provincia y el temor de los vecinos al desabastecimiento de mercaderías,
la noticia pasó un tanto desapercibida. Sin embargo, en la Legislatura santafesina aún perduran los
ecos de uno de los hechos políticos más relevantes ocurridos allí desde el retorno de la
democracia. Unos 200 vecinos de Santa Fe, encabezados por los padres de una chica asesinada una
semana antes al sufrir un robo cuando volvía del trabajo a su casa, irrumpieron en plena sesión del
Senado y exigieron a los legisladores que interrumpan la sesión para constituirse en comisión y
tratar sobre tablas un petitorio en el cual reclamaban —en forma desordenada y sin tener en
cuenta las incumbencias jurisdiccionales de los poderes del Estado— mayores medidas de
seguridad para la población.
Tras un par de horas de extrema tensión, finalmente los
senadores redactaron y rubricaron un proyecto de comunicación dirigido a los ejecutivos provincial
y municipal y al Congreso de la Nación en cuyo texto se piden cosas que son ajenas a la legalidad
democrática, como acciones sumarias de la policía, y que representan avances sobre garantías
constitucionales.
Todo empezó a desencadenarse la noche del viernes 30 de
mayo cuando Daiana Ruiz, de 22 años, volvía a su casa de la zona oeste de la ciudad de Santa Fe
tras una jornada de trabajo. Entonces, un muchacho armado la interceptó a pocos metros de la puerta
de su casa y le arrebató la cartera. La chica intentó reaccionar pero recibió un tiro a quemarropa
en el pecho. A pesar de que sus padres la asistieron y la llevaron a un hospital, la joven falleció
pocos minutos después.
Invasión. Desde ese mismo momento, Carmen y José Luis Ruiz, los padres de
Daiana, cargaron su pesada mochila de dolor al hombro y salieron a reclamar justicia. Entre martes
y miércoles se entrevistaron con el gobernador Hermes Binner y con el juez que investiga el
homicidio. En tanto, el jueves encabezaron una marcha hacia la Legislatura para hacer oír sus
reclamos a los senadores y diputados de la provincia. Los acompañaron en esa ocasión unas 200
personas, familiares de víctimas de la incesante inseguridad que azota la capital provincial. Pero
no se anunciaron en la puerta ni esperaron ser atendidos por los legisladores. Se mostraron
cansados de promesas y decidieron irrumpir en medio de la sesión de la Cámara alta. "¡Me van a
tener que escuchar. Mi hija murió y no va a ser un número más!", gritó la madre de la joven
asesinada.
Entonces, la gente rodeó a los 19 senadores provinciales,
que quedaron mudos en sus bancas, y exigieron a la titular del Senado, la vicegobernadora Griselda
Tessio, a que declare a la Cámara en comisión (mecanismo que permite debatir cuestiones con
urgencia) para redactar en el estrado presidencial un proyecto de comunicación dirigido a los
poderes ejecutivos nacional y provincial con una decena de puntos expuestos en un petitorio por
ellos redactado.
Mano dura. "Acá están, acá están. Entren todos a ver si se enteran de lo que pasa
en la ciudad", fue el grito de la gente que empezó a colmar las barras y los pasillos del recinto.
La exigencia estuvo dominada por las posiciones de "mano dura".
"¿Qué esperan, que les maten un hijo para actuar?", dijeron
los vecinos y enseguida reclamaron: "Queremos que los delincuentes se pudran en las cárceles" y que
"no haya derechos humanos" para los detenidos. Asimismo, reclamaron que la policía "directamente
mate" a los que cometan delitos.
Los senadores terminaron aprobando un proyecto de
comunicación, es decir una minuta sin fuerza de ley, que reprodujo en parte el petitorio con el
cual los manifestantes habían arribado. En primer término, la iniciativa demanda al Congreso
Nacional la sanción de una modificación al Código Penal para que se castigue con reclusión perpetua
a todos los autores de crímenes e incluso que se alcance a los padres de los menores de edad que
los cometen.
También contiene medidas que son resorte del gobierno provincial, como "el
reforzamiento de los patrullajes callejeros y la instalaciòn de nuevos destacamentos en los
barrios" santafesinos. Y en otros casos exigen decisiones políticas del municipio, entre ellas el
"mejoramiento del alumbrado público y la apertura de calles que permita un mejor patrullaje".
Silencio y pedidos. La presencia de los vecinos santafesinos en la Cámara de
Senadores tuvo diferentes repercusiones entre los legisladores. Mientras la vicegobernadora
Griselda Tessio prefirió refugiarse en un cerrado hermetismo, la bancada justicialista anticipó que
pedirá explicaciones a la número dos del Ejecutivo provincial sobre cómo se desencadenaron los
hechos que terminaron con el inédito copamiento, y los socialistas reconocieron las desprolijidades
del momento pero reconocieron que es prioritario en esta gestión escuchar y estar abiertos a las
demandas de la gente.
"Creo que se cometieron algunas desprolijidades que
llevaron a que la gente pueda entrar al recinto e interrumpir la sesión. Por eso, deberemos
trabajar sobre ésto para que no se vuelva a repetir", comentó ayer el presidente de la Cámara de
Diputados provincial, Eduardo Di Pollina. El legislador aclaró que, no obstante, "esta gestión
tiene como premisa escuchar las demandas de la gente como se hizo con las víctimas de las
inundaciones, pero queremos que el diálogo se canalice por los caminos institucionales y no como
ocurrió el jueves".
A su turno, el senador justicialista Juan Carlos Mercier
sostuvo que "la gente se cansó, dijo basta y tienen razón" y manifestó que a los legisladores
"también nos duele ver jóvenes muertos y personas que son objeto de los delitos". En ese orden
contó que "la carencia de recursos, tanto en lo que hace a acciones para corregir la inclusión
social como la prevención del delito, deben ser encaradas por el gobierno provincial".
Más allá de este diagnóstico, y no obstante comprender la
legitimidad del reclamo del jueves, los integrantes de la mayoritaria bancada opositora de la
Cámara alta santafesina pidieron explicaciones al destacamento policial que funciona en el edificio
legislativo al considerar que los hechos registrados el pasado jueves fueron de "extrema
gravedad".
Allí recibieron como contestación que "hubo una orden para
permitir el paso a los ciudadanos (al interior del edificio legislativo) pero la magnitud de la
protesta sobrepasó a todos", y terminó con la gente manifestando en plena sesión y en medio de las
bancas de los legisladores.
