Una casa pintada de color naranja intenso con aberturas negras rompe con la monotonía de la geografía en inmediaciones de calle Luis Ouvrard (ex 1735) al 8000, en el barrio San Cayetano que se erige al oeste de la ciudad, detrás del complejo penitenciario que alberga a la cárcel de mujeres. Pero no es sólo el color lo que llama la atención de la vivienda. Su frente tiene claras muestras de haber sido blanco poco tiempo atrás de una intensa balacera. Cuatro impactos en una ventana, ocho en la puerta y media docena más entre ambas aberturas. Frente a esa propiedad el miércoles a la noche Agustín Nahuel Méndez, de 22 años y quien residía a unas 10 cuadras de allí, fue ejecutado con un balazo en la cabeza. Al lado de su cuerpo quedó la moto Honda Wave en la que circulaba. Los vecinos aseguraron que los homicidas fueron dos hombres que lo perseguían en una moto y los pesquisas dijeron que en la escena no había vainas servidas.
Es en la casa de color naranja donde puede estar la punta del ovillo que permita desentrañar el crimen de Méndez, un albañil que tenía una pequeña hija de un año y era el más joven de tres hermanos nacidos y criados en el barrio Cabín 9 de Pérez. Es que su familia tenía en sus planes comprar la vivienda. Pero no eran los únicos que pretendían el lugar. Un grupo ligado a la narcocriminalidad había atacado a balazos la casa en al menos dos oportunidades para forzar a las personas que allí viven, familiares de la víctima del crimen, para que dejaran la propiedad y poder usurparla. Por los ataques a balazos y posteriores amenazas hubo dos detenidos.
“Yo escuché un par de disparos. Me llamó la atención porque esta es una zona bastante tranquila del barrio. Hasta hace un par de semanas se veía patrullar a los gendarmes y hay mucho control”, comentó una vecina con 17 años de residencia en el barrio. Pero otra mujer agregó que “hace tres o cuatro meses la cosa comenzó a pudrirse mal, como en todos lados, por la falopa”. Sólo para comprender el contexto de violencia que impera en el territorio, hay que decir que la zona está en disputa entre tres bandas que manejan franquicias de la familia Cantero y cuyos líderes están presos y condenados: la de Claudio “Morocho” Mansilla, la de Alexis Claudio “Tartita” Scheneider y Ariel Maximiliano “Chanchón” Cantero (hijos de Ariel Máximo “Viejo” Cantero), y la del barra de Newell’s Pablo Camino.
Más allá de las percepciones, trazando un círculo de unas diez cuadras alrededor de Luis Ouvrard al 8000 desde el 17 de marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia por el Covid 19, en ese territorio se produjeron 13 asesinatos. Cinco en lo que va del año 2022. Buena parte de ellos por peleas territoriales o por conflictos atravesados por la droga.
La lista comenzó con Débora Natalia Fernández, de 30 años y hermana de "Casquito" Fernández, ejecutada 17 de marzo de 2020 en Colombres al 3000; y continuó con Nicolás Ezequiel Balbi, de 20 años, asesinado el 17 de junio 2020 en Pasaje 1737 al 7900. Las otras víctimas fueron Francisco Iván Leguizamón, de 18 años (el 11 de septiembre de 2020 en Colombres y 1709); Lian Angel Corbalán, de 8 meses (el 13 de diciembre de 2020 en Rivarola y Larralde); Guido Samuel Estévez, de 28 años (en Ouvrard y calle 1702); Jonatan Franco Robledo, de 25 años (el 10 de octubre de 2021 en Colombres y Rivarola); María Cristina Carabajal, de 30 años (el 6 de diciembre de 2021 en calle 1709 al 7900); Niño Salvador Vigo Agüero, de 36 años (el 16 de marzo de 2022 en calle 1711 al 7800); Bruno Rodrigo Ponce, de 23 años (el 10 de abril de 2022 en Eduardo Gómez al 2700); dos hombres NN que aparecieron ejecutados y quemados en el interior de un Volkswagen Gol Trend incinerado sobre uno de los laterales de la cárcel de mujeres (el 19 de abril pasado) y Agustín Méndez.
En las distintas crónicas que se fueron desarrollando sobre los asesinatos en la zona los vecinos fueron describiendo el diario vivir en un barrio atravesado por el mundo de las drogas.
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Agustín Méndez, un pibe de 22 años que residía a unas 10 cuadras, fue asesinado en Ouvrard al 8000.
Foto: Celina Mutti Lovera.
Pobreza y violencia
El barrio San Cayetano está ubicado en el confuso límite entre Rosario y Pérez, entre el barrio Godoy y Cabín 9, en la zona oeste de la ciudad. Es una de las barridas que se levantó con vecinos que fueron trasladados por el Estado, en buena parte, desde la zona sur rosarina. Así se fueron construyendo barrios como Villa Dorada, Santa Clara, Monte de los Olivos y Los Humitos, como los fueron bautizando los recién llegados. Buena parte de esos caseríos están sobre lo que fueron las quintas Balbis y Bruschi y hoy conforman el fondo de la Unidad Penitenciaria 5, la cárcel de Mujeres y la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order). Ese lugar es un botón de muestra que sirve para entender el deterioro, sostenido y palpable, que padece la periferia rosarina más extrema. Una foto de la realidad que a la política parece no importarle demasiado.
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Durante años la zona estuvo plagada de pintadas en la memoria de Valentín Reales, el chico de 15 años desaparecido el 15 de noviembre de 2016 y del que jamás se tuvo noticias. “Al pibe se lo comieron los chanchos”, graficó ayer ante la consulta de La Capital un vecino del barrio. Méndez cayó muerto entre las 20.45 y las 21 del miércoles, a unos 200 metros de uno de los puntos extremos de la cárcel de mujeres que tiene su ingreso por 27 de Febrero al 7800, frente a una histórica canchita de fútbol con arcos desvencijados y a escasos 400 metros de la escuela primaria Nº 1376 “Leticia Cossettini”, uno de los pocos mojones simbólicos de la presencia del Estado no penitenciario.
Allegados a la familia de la víctima contaron que no le robaron nada, que ni siquiera intentaron llevarse la moto en la que andaba “como para caretear un robo”. Ellos fueron quienes se toparon con el cuerpo del pibe asesinado con un balazo en la cabeza y se quedaron junto a los efectivos policiales y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) buscando vainas que nunca aparecieron. “Tenía un balazo en la cabeza. Para nosotros lo mataron con un revólver. Ningún vecino se metió o trató de auxiliarlo. Lo dejaron morir solo”, contó uno de los cercanos a Agustín Méndez.
La investigación del crimen quedó en manos del fiscal Gastón Ávila, quien en menos de 48 horas acumuló cinco expedientes por asesinatos en el departamento Rosario y comisionó a efectivos de la AIC para que recabaran testimonios a potenciales testigos del hecho y familiares del muchacho asesinado. Y también que relevaran la existencia de cámaras de videoseguridad públicas o privadas, que a simple vista no se visualizaban. Habrá que aguardar la evolución de la pesquisa para conocer si el conflicto desatado a partir de la posesión de la casa color naranja fue un detonante en el crimen de Agustín, tal cual lo intuye su familia.
