La narcocriminalidad brasileña extiende sus brazos a la Argentina

Informes de inteligencia sostienen que el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital tendrían algún tipo de vínculo en el país
4 de junio 2017 · 00:00hs

"En la provincia no hemos detectado ninguna actividad de los grupos criminales brasileños Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV)", explicó una fuente calificada del Ministerio de Seguridad de Santa Fe en diálogo con La Capital. Fue después de que se conocieran al menos tres informes de inteligencia surgidos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (DUIA), de Gendarmería Nacional (GN) y de la policía de Corrientes en los que se alerta sobre la presencia de elementos del PCC en territorio argentino. Ese tipo de alarma también surgió, aunque con mayor informalidad, en las provincias de Misiones y Tucumán.

   El PCC, nacido en las favelas de San Pablo, es la organización narcocriminal más importante y temible de Brasil; y el CV el grupo delictivo más relevante de Río de Janeiro. "Más allá de que no se haya detectado su presencia no hay que dejar de prestarle atención ya que algunos de los FAL (Fusiles de Asalto Liviano calibre 7.62) robados en 2011 en el Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán fueron confiscados por la Policía Militar brasileña en los morros que controla el CV en Río de Janeiro", explicó el vocero de Seguridad provincial.

Frontera caliente

La semana que terminó algunos diarios de tirada nacional se hicieron eco de una serie de informes de inteligencia que alertaban sobre la presencia del PCC en la Argentina. El disparador de esos informes fue el golpe comando que un centenar de hombres de esa agrupación brasileña junto a mercenarios paraguayos dieron contra la recaudadora de caudales Prosegur en la ciudad fronteriza paraguaya de Ciudad del Este el lunes 24 de abril.

   Según denunció la propia empresa, los delincuentes se llevaron 11.720.255 dólares de los que sólo se logró recuperar un 12%. De acuerdo al diario Infobae, "la presencia de miembros del PCC en la Argentina data desde hace por lo menos ocho años, aunque varias voces de los organismos de seguridad desmientan la existencia de una célula operativa".

   Uno de los informes en cuestión es de la policía de Corrientes, una provincia donde algunas bandas delictivas rosarinas llegan para nutrirse de marihuana paraguaya. Una de ellas la banda de Los Monos, que según varias investigaciones tenía consolidado un corredor de distribución desde la localidad de Itatí (donde en marzo pasado fueron detenidas 27 personas entre políticos y uniformados que conformaban tres bandas narcos) a Rosario.

   En la Circular General J.P. 10/17 fechada el 24 de mayo pasado, el comisario Mario Aldo Mendoza, subjefe de la policía correntina, pide a sus efectivos "extremar las medidas de seguridad" debido a que un "informe de inteligencia criminal" precisó que "un grupo de personas pertenecientes al grupo PCC de Brasil habrían ingresado a nuestro país por la zona de frontera con fines ilícitos". Y le pide a los efectivos "extremar los recaudos de seguridad y medidas de prevención para evitar la comisión de delitos y estar atentos ante cualquier indicio y/o accionar delictivo que pueda ocurrir" dentro de la provincia. La circular está dirigida a "directores, directores generales, jefes de unidades regionales, jefes de departamento, divisiones y comisarías".

De Beltrán a Río

El 18 de febrero de 2011 el sargento ayudante mecánico armero Hernán Diego Solís, encargado del almacén de más de 300 metros cuadrados donde se guardan las armas del Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán, se suicidó en su casa de la provincia de Buenos Aires. Ese día se había descubierto el faltante de 154 fusiles FAL, piezas para el armado de 250 de esos fusiles, una ametralladora MAG calibre 7.62 milímetros, piezas para el armado de cinco ametralladoras calibre 12.7 milímetros y una pistola calibre 9 milímetros. Con las armas desaparecidas se podría haber abastecido a tres compañías de fusileros.

   A principios de 2011 un operativo de la Policía Militar de Río encontró en una de las favelas controladas por el CV al menos uno de los FAL robados en Fray Luis Beltrán. Los policías brasileros tomaron la numeración de ese arma y la Cancillería comunicó el hallazgo a las autoridades argentinas. Así comenzó la investigación que determinó el faltante de las armas robadas entre 2010 y 2011. El hecho fue investigado por la Fiscalía Federal 1 y el Juzgado Federal 4 de Rosario, a cargo del Marcelo Bailaque.

   La ONG carioca especializada en control de armas "Viva Río", quien llevó la voz cantante en la materia en el Cono Sur, viene alertando sobre el tráfico de armas argentinas, trianguladas desde Paraguay, desde la década de los 90. Y un informe elaborado por la "Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo Humano", que preside el ex presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, indicó que "el tráfico ilegal de armas es una de las actividades más lucrativas para grupos del crimen organizado, junto al tráfico de drogas y el contrabando de cigarrillos falsificados, productos informáticos y electrónicos". Su mayor auge se da en la zona de la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, principalmente en Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná, extendiéndose además a las ciudades de Salto del Guairá (Canindeyú) y Pedro Juan Caballero (Amambay).

Un poco de historia

A diferencia de otras dictaduras latinoamericanas, en Brasil en el período 1964/1986 los opositores a los gobiernos de facto fueron mezclados en las prisiones con delincuentes comunes. Así fue que en la cárcel de máxima seguridad de Ilha Grande, uno de los destinos turísticos más codiciados de Río de Janeiro, los delincuentes comunes enseñaron a los presos políticos a sobrevivir y los detenidos por la Ley de Seguridad Nacional de la dictadura les legaron la organización. Así, a fines de los 70 surgió el Comando Vermelho bajo el lema "Paz, justicia y libertad" y la premisa "Respeto al compañero". La cárcel fue cerrada en 1994.

   Teniendo como modelo al Comando Vermelho, el Primer Comando Capital (PCC) surgió en San Pablo luego de la masacre en el centro penitenciario de Carandirú, el 2 de octubre de 1992, cuando efectivos de seguridad mataron a 111 hombres de los 8 mil que había en el presidio. Un grupo de ocho sobrevivientes que fueron trasladados a la cárcel de Taúbate formaron el PCC con el objetivo de buscar justicia por la masacre y obtener mejores condiciones de detención en el brutal sistema penitenciario brasileño. También tomaron el lema "Paz, justicia y libertad". Dijeron luchar por "la revolución y la destrucción del sistema capitalista".

   Durante más de dos décadas, el CV y el PCC fueron organizaciones "hermanas". Pero eso se rompió. Hoy la primera es la organización más arraigada en las favelas de Río y la segunda es lo más parecido a una empresa trasnacional, la mayor organización criminal de Brasil.

   "El PCC está más articulado, más integrado a la sociedad. Tienen capitales en los bancos, son dueños de condominios de alquiler. Al ser más organizados tienen mejor poder de compra y logran mejores precios. En el CV se ve más pobreza y exclusión. Todavía esconden el dinero en bolsas de papel en las paredes", explicó un investigador al diario El País de España. En ese marco, datos de mercado indican que el PCC tiene ganancias por alrededor de 20.3 mil millones de reales al año, similares a las principales firmas del país y por sobre Volkswagen y JBS alimentos.

Guerra sin fin

Sobre fines del año pasado el PCC lanzó una ofensiva para quedarse con los negocios que controla el CV. La guerra comenzó en las cárceles, siguió en los morros y las favelas, y se propagó a cada punto donde operan las dos facciones. Uno de ellos el departamento paraguayo de Amambay, donde se ubican las localidades de Pedro Juan Caballero y Capitán Bado, donde se produce la mejor marihuana del Cono Sur.

   Hoy esa producción está en manos del PCC, quien supo tener en el barón de la droga Jarvis Chimenes Pavao un aliado de peso. Pavao, residente de Ponta Porá, cumple una condena a 8 años de prisión en Paraguay y cuando culmine su sentencia será extraditado a Brasil.

   "Existen fuertes evidencias de que la banda de Los Monos compraba marihuana directamente en Paraguay, a los señores de la droga que manejan el mercado en el Amambay paraguayo" explicó la fuente de Seguridad santafesina poniendo un moño al diálogo con este diario.


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