Les pegan en la calle. Los golpean esposados en las comisarías. Les descargan picana en los patrulleros y los someten a simulacros de ejecución. Esas son algunas modalidades de las torturas frecuentes que sufren los chicos de entre 16 y 18 años derivados al Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (Irar). Son prácticas tan habituales como poco denunciadas. Ante la falta de registro oficial, se detectaron en entrevistas con los adolescentes y quedaron al descubierto durante el reciente debate de hábeas corpus impulsado por la Defensa Pública y los asesores de Menores de Tribunales para mejorar sus condiciones de vida.
La semana pasada el juez Luis María Caterina resolvió ese recurso: constató el fenómeno y ordenó crear en 30 días un protocolo para detectar prácticas de tortura y malos tratos en el instituto de Saavedra y Cullen. Ese fue uno de los puntos del trámite judicial que, tras dos meses de debate, logró convertir la hora semanal de clases que recibían los jóvenes en dos horas y media diarias, una nueva aula, reformas edilicias en los pabellones 5 y 6 y la implementación de un exhaustivo control psicofísico en los hospitales Provincial y Centenario para tratar problemáticas de adicción.
El Irar aloja de 38 a 45 chicos. A lo largo de tres inspecciones de la Defensa Pública, en entrevistas voluntarias y confidenciales, la mayoría de ellos refirió haber sufrido golpizas o maltrato por parte de fuerzas de seguridad. Como contracara se advirtió que, de los pocos hechos denunciados, la mayoría se desestima (ver aparte).
"Es un dato preocupante que nos sirvió para corroborar las alegaciones de los jóvenes. Ellos dicen que no quieren denunciar. Uno de los motivos es el temor a represalias. Otro, que no pasa nada. Y tienen razón", planteó Enrique Font, asesor del Servicio Público de la Defensa Penal y uno de los impulsores del hábeas corpus.
El reclamo fue presentado a fines de agosto ante la delicada situación del instituto que aloja a chicos punibles por delitos. Con un perfil común: vulnerables, institucionalizados desde pequeños, hostigados por la policía, sin contención familiar o arrasados por historias de adicción; algunos con serias carencias simbólicas y dificultades expresivas. "Son pibes criados en escenarios sociales de alta violencia, conflictivos y que son parte de ese conflicto porque están ligados a economías delictivas", describió el asesor de Menores Daniel Papalardo, quien también promovió el trámite judicial. "Los chicos llegan con su subjetividad destruida y adentro se la terminan de matar porque la única respuesta que el Estado tiene para ellos es el encierro", agregó.
De las entrevistas surgió que el momento crítico en la aplicación de tormentos se da en la detención o el traslado de los jóvenes por parte de fuerzas de seguridad. También se registraron tratos degradantes dentro del instituto producto de requisas "abusivas y vejatorias" y del trato con agentes del Servicio Penitenciario, a cargo de la custodia y de cuestiones tan cotidianas como abrir o cerrar la ducha.
Catálogo cruel. Según el relevamiento de la Defensa Pública casi la totalidad de las torturas se dieron en el arresto, sobre todo en los casos de flagrancia, pero también en los allanamientos con o sin orden judicial. El dato coincide con lo detectado por el Registro de Tortura a presos mayores de edad, que tiene como víctimas predilectas a varones jóvenes, pobres y de baja instrucción.
Algunos adolescentes relataron haber sufrido torturas y malos tratos policiales "en decenas de ocasiones desde la niñez". Las agresiones consisten en golpes con la mano abierta, de puño, de bastón, con culatas de armas de fuego y rodillazos o puntapiés, en ocasiones por varios agentes. Se advirtió además el uso prolongado de esposas, torsiones, gas irritante y privación de agua y comida.
Varios entrevistados relataron haber sufrido tormentos en un cuarto separado de una comisaría, perpetrados por el personal del arresto al que a veces se suman empleados de la seccional o el mismo comisario, pese a estar esposados detrás de la espalda, a una silla o colgados de rejas por horas.
"Son coincidentes en que el personal policial se forma en ronda y los golpean, amenazan, orinan y denigran. También se recibieron alegaciones de jóvenes que relataron haber sufrido abusos sexuales, haber sido filmados desnudos o sufrido la introducción de objetos en el ano", sigue el informe.
Otros testimonios dan cuenta de torturas con picanas portátiles, asfixias con bolsas plásticas o simulacros de ejecuciones tanto en los patrulleros como en la calle. "En algunos casos fueron heridos de manera intencional con armas de fuego o golpeados con tanta violencia que las heridas eran visibles" aún a dos años del hecho. Es común la revictimización: un solo chico enumeró 35 situaciones entre los 15 y los 17 años. Se suman abusos verbales, maltrato psicológico y amenazas con atacar a sus familiares o "engarronarlos" en causas penales.
El maltrato tras los muros del Irar apareció como menos frecuente y sistemático, pero no estuvo ausente en los relatos. Los jóvenes refirieron padecer maltrato verbal por parte de los penitenciarios y requisas vejatorias. Mencionaron el uso de gas irritante y la costumbre de ser "doblados" con técnicas de inmovilización, permanencias prolongadas en celdas de aislamiento o ser reducidos por guardias que les pisan las espaldas o destruyen sus pertenencias. Se agrega la amenaza —y concreción— de traslados a cárceles de adultos a los mayores de 18 años.
Delito oculto. Ante ese cuadro, el hábeas corpus reclamó que la entidad disponga de mecanismos para detectar la tortura. Que, por ser un delito de bajísima denuncia, cometido en el encierro y por las fuerzas de seguridad, suele quedar bajo la alfombra. El juez hizo lugar y ordenó que el instituto se adecue al Protocolo de Estambul, un estándar internacional que obliga a los Estados a buscar activamente la tortura y los tratos crueles y degradantes. Como no es un fenómeno evidente, recomienda generar estrategias para sacarlo a luz a fin de prevenirlo y asistir a las víctimas.
"Estos delitos tienen una particularidad: quien debe evitarlos es quien los comete. El Estado debe garantizar que no suceda y es el victimario. Ante este fenómeno se dan prácticas de negación y lo más difícil en la política pública es pasar al reconocimiento", analizó Font.
¿Por qué, pese a su reiteración, la tortura no se detecta? La respuesta no es única: los sistemas penales funcionan como redes con ciertos niveles de tolerancia a estas prácticas. En primer lugar los exámenes médicos no son confidenciales: los jóvenes acuden a la consulta acompañados del personal policial, en ocasiones del mismo que les pegó y silenció con amenazas. Los revisa un médico policial que a veces, dicen los pibes, firma sin verlos. Luego los examina una médica en el Irar que no indaga sobre maltrato. En ocasiones lo hace un enfermero.
Por eso los asesores y defensores pidieron un examen médico exhaustivo, una entrevista confidencial y un seguimiento para generar un registro fiable del fenómeno.
"La ventaja de un protocolo es que no pone al chico en situación de denuncia. Si él dice que tiene un golpe porque se cayó, permite establecer que no fue así. El maltrato es un problema permanente pero con un protocolo al menos se va a poder registrar", observó Papalardo, para quien el debate dejó claro que "desde que en el Irar hay rejas y carceleros, no es una medida socioeducativa tendiente a restituir derechos. Es un problema convivencial y un modelo de intervención agotado: se transformó en una cárcel".
Denuncias que van al archivo
La mayoría de las denuncias por apremios y malos tratos sufridos por jóvenes derivados al Irar son desestimadas. De las 32 golpizas reportadas tras la reforma penal por el área legal del instituto, 14 siguen en pie. Cuatro corresponden al hostigamiento policial sufrido por Brian F., un adolescente de 16 años que el viernes sufrió otro incidente. Es el único caso en que se llegó a la imputación de un efectivo por incumplimiento de deberes y encubrimiento.
La mayoría de las denuncias se encuadraron como apremios ilegales, en un caso acompañados de vejaciones. Involucran a personal de la Policía de Acción Táctica; las comisarías 2ª, 10ª, 12ª, 13ª, 18ª, 20ª, 21ª, 24ª, 29ª, sub 6ª y sub 19ª; el Comando Radioeléctrico de Rosario y el de Granadero Baigorria; personal penitenciario del Irar; la Brigada Motorizada y la seccional 18ª de San Lorenzo. Se radicaron en la Fiscalía de Violencia Institucional, donde se reunieron entrevistas con los denunciantes, informes médicos, legajos del Irar y expedientes de los juzgados de Menores. Del total, 18 fueron desistidas por "falta de elementos probatorios" o por "atipicidad de la conducta denunciada".
A estas se suman las derivadas desde los juzgados de Menores. De unos 50 chicos que ingresan por turnos quincenales, alrededor del 10 por ciento afirma que fue golpeado y se remite denuncia al MPA con el informe forense.
Rechazo
La jueza Hebe Marcogliese rechazó el hábeas corpus del defensor Gabriel Ganón en favor de Brian F., de 16 años, quien sufre hostigamiento policial y fue apresado otra vez el viernes en su barrio. Lo desestimó en base a un informe policial que informó que el joven no había sido detenido ni tenía captura. La Defensa Pública cuestionó la medida.
