La Justicia desestimó una causa contra una fiscal, pero no le devolvió el celular secuestrado

La fiscal de San Lorenzo Melisa Serena requirió a la Justicia la devolución de un teléfono celular que le fuera secuestrado a fines de 2020 en una causa en la se resolvió que no había cometido delitos. En tal sentido pidió el apartamiento, por falta de objetividad, de los fiscales que la estaban investigando: Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, medida que también solicitaron para la actual fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren.

El reclamo de la fiscal para que le restituyan su celular personal, un costoso aparato en el que tiene almacenada información de carácter íntimo y privado, viene sorteando un derrotero que según expresó le generó muchas dudas sobre cómo fue custodiado. Especialmente cuando se enteró, nueve meses después, de que el teléfono había sido enviado a peritar a Brasil sin que su defensa —a cargo de Gustavo Feldman e Ignacio Carbone— fuera notificada.

En ese marco, ante la última negativa de restituirle el teléfono por parte de la Justicia de primera instancia, la fiscal apeló el fallo para que el tema fuera resuelto en la Cámara Penal. Ayer se iba a hacer una audiencia en ese sentido, pero fue suspendida.

Investigaciones

En 2021 Serena fue acusada de no haber investigado delitos de los que supuestamente estaba al tanto referidos al juego clandestino y la existencia de puertos secos en el departamento San Lorenzo donde se desempeñaba como fiscal del MPA. La acusación se desprendía de la investigación por juego clandestino en cuyo marco fueron destituidos el ex fiscal regional Patricio Serjal y el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad. Concretamente, Serena había sido acusada a partir de diálogos con el empleado judicial Nelson Ugolini, otro imputado en esa causa.

Esos diálogos, hallados en el celular de Ugolini, llevaron a los entonces fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Schiappa Pietra y Edery a imputarla por incumplir con su trabajo de “perseguir delitos conocidos en ejercicio de sus funciones”. Es decir, enterarse en una charla con Ugolini de que había delitos que ella no estaba poniendo en conocimiento de sus superiores.

La acusada siempre negó saber sobre un entramado de juego ilegal, negó haber incumplido con su trabajo y afirmó que nunca interfirió en investigación alguna. El expediente tuvo sus idas y vueltas hasta que en mayo de este año la camarista Bibiana Alonso dispuso el archivo de la causa en razón de las dudas “sobre la existencia o no de algún acto reprochable a la imputada” y la falta de evidencias como para acusarla de un delito.

Para Serena, si bien el MPA sostiene que hay trámites pendientes por resolver, el fallo de Alonso está firme al punto que no hay razones para que no le devuelvan el celular que todavía no pudo recuperar.

Objetividad

En tal sentido Serena requirió que se aparten los fiscales que la investigaban y que oportunamente rechazaron sus pedidos de restitución del aparato. Entre los argumentos que expuso mencionó que los fiscales del MPA le habían cuestionado que no aportara la clave de su teléfono personal y les recordó que ellos tuvieron la misma actitud cuando a ellos les pidieron sus claves en el marco de denuncias en su contra, lo cual a su entender constituye una “doble vara” que refuerza esa falta de objetividad que les endilga.

En cuanto a Iribarren, el pedido se fundamenta en que la actual fiscal regional estaba al frente de la agencia de delitos complejos cuando Serena fue imputada. Eso, a su entender, indica el acuerdo y participación que tuvo Iribarren respecto de los allanamientos e imputaciones en su contra. Por eso Serena requirió la “designación de un fiscal regional ad hoc” para que intervenga en este incidente y resuelva sobre los pedidos de apartamiento.

Respecto del teléfono en cuestión, la fiscal de San Lorenzo relató en su escrito las idas y vueltas que tuvo el pedido de restitución hasta que hace tres meses atrás le comunicaron que había sido enviado a Brasil para que una empresa se encargara de desbloquearlo, lo que implicaba que “no se procederá a su devolución”. La fiscal pidió una audiencia para reclamar la inmediata restitución y se realizó el pasado 18 de septiembre.

Serena cuestionó que el aparato haya sido remitido a otro país sin conocimiento de la defensa y que recién le hayan comunicado esa situación nueve meses después. Consideró que ello constituye una violación de la cadena de custodia del celular y, por ende, una “manifiesta violación al derecho de defensa”. En tal sentido presentó una cautelar para impedir que se abra el teléfono.

En ese contexto, la fiscal agregó en su escrito un argumento vinculado con la llamada “ley Olimpia” que entró en vigencia recientemente y que, para Serena, le da marco a lo que considera una situación de “violencia digital o telemática” en su contra ya que no le están devolviendo un dispositivo en el que ella guardaba contenidos de naturaleza íntima.