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La Corte provincial ordenó poner fin a la superpoblación carcelaria

Aunque el dictamen se basa en lo que sucede en uno de los penales, el mismo repercutirá en los demás presidios. Covid-19 y presos federales en la mira.

Sábado 06 de Junio de 2020

En un fallo inédito la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ordenó que se ponga fin a la sobrepoblación carcelaria en la provincia. Al responder un recurso iniciado hace cinco años por el hacinamiento en Piñero, el máximo tribunal otorgó un plazo de 15 días al gobierno provincial para adecuar el cupo y discutir esa propuesta en la mesa de diálogo carcelaria. El planteo sienta un precedente a seguir y tendrá un lógico impacto sobre el resto de las cárceles santafesinas, que no deberán alojar a más de 50 presos federales debido a un convenio vigente con la Nación.

La pandemia instaló la cuestión penitenciaria en la agenda pública. La convergencia de esa coyuntura con el histórico problema del hacinamiento se refleja en la decisión de la Corte, que fijó recomendaciones puntuales ante la emergencia por coronavirus. Solicitó a las autoridades el "estricto cumplimiento de los protocolos y normas sanitarias vigentes" y reclamó que, en caso de detectarse síntomas compatibles con Covid-19 se procure la atención inmediata y el aislamiento provisorio "dentro del penal u otro establecimiento destinado a tal efecto".

Por primera vez

Es la primera vez que la Corte santafesina se pronuncia en un caso sobre la fijación de cupos carcelarios. Un asunto que, desde hace décadas, se regula a través de hábeas corpus judiciales. Hace quince días el máximo Tribunal recibió un recurso por el hacinamiento en una comisaría de Santa Fe pero, al abordarlo, la situación ya había sido solucionada. Esta vez, en cambio, desde que llegó el planteo en noviembre pasado la cantidad de presos en Piñero se mantuvo siempre por encima del tope fijado por un juez penal en 2017.

Los jueces Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler pidieron al Poder Ejecutivo provincial que formule en el plazo de 15 días una "propuesta programada" para limitar la población carcelaria en Piñero, la que será discutida por la mesa interinstitucional de diálogo creada ante la emergencia por Covid-19.

Los reclamos y motines que se desataron en marzo tras la declaración de la pandemia dejaron cinco muertos en las cárceles de Coronda y Las Flores. El fallo se emite en ese contexto, signado por los numerosos reclamos de defensores públicos y particulares para descomprimir la población carcelaria, la suspensión de las visitas y la asignación desde el gobierno de una partida de 15 millones de pesos para intervenir en las cárceles durante la crisis. Hace dos semanas, además, el Ministerio de Seguridad emitió una resolución por la que no acepta recibir más presos en dependencias policiales, lo que supone su derivación a establecimientos penitenciarios.

En ese escenario, y al calor del reciente debate público por motínes en cárceles de Buenos Aires, la Corte aclaró que su decisión no implica la liberación de condenados por delitos contra la vida o la integridad sexual. Y exhortó a que los gobiernos provincial y nacional den una solución definitiva al problema de los presos federales (por ejemplo los detenidos por narcotráfico) dado que no hay prisiones nacionales en Santa Fe.

En ese sentido, el fallo exige que se cumpla con un convenio que fija en no más de 50 las plazas para presos federales en penales santafesinos y otorgó un plazo de 180 días el Servicio Penitenciario Federal para que resuelva el desfasaje, ya que en la provincia hay 500 presos federales. Un número que se corresponde con el 10 por ciento de superpoblación estimada.

Hasta ayer, según datos oficiales, había 6.307 mayores de edad detenidos en cárceles de Santa Fe, a quienes se suman los presos alojados en dependencias policiales. En los últimos seis años se registró un vertiginoso aumento de la población carcelaria, del orden del 47 por ciento, lo que traspasó el umbral de los 200 presos cada cien mil habitantes. Un dato que preocupa a actores de las agencias penales y organizaciones de derechos humanos.

Un planteo de 2015

La respuesta de la Corte fue ante un hábeas corpus presentado en 2015 por el Servicio Público de la Defensa Penal, entonces a cargo de Gabriel Ganon, en favor de todas las personas privadas de libertad en cárceles, entre ellas la de Piñero. Entonces se realizó una pericia a cargo de la Facultad de Arquitectura que un año después estimó en 1.200 personas el cupo en esa prisión. El trámite se extendió hasta 2017, cuando el juez Gustavo Pérez de Urrechu fijó el cupo en 1.447 internos.

Un año después, la defensoría regional a cargo de Gustavo Franceschetti volvió a presentar un recurso al detectar que en Piñero convivían 1.700 personas. El juez ordenó trasladar a más de 300 reclusos pero el Servicio Penitenciario apeló su decisión. Entonces intervino el camarista Javier Beltramone, quien dejó en suspenso la medida hasta tanto se solucionara el problema de los presos federales.

La defensa entonces acudió en queja ante la Corte y fue actualizando los números de la población de Piñero. El planteo fue analizado por la Corte con un trámite rápido y los ministros resolvieron aceptar la queja y avalar la necesidad de un cupo en la Unidad 11. Un criterio que, por aplicación de ese precedente, se hace extensivo a otras cárceles.

Distintos operadores del sistema penal señalan que el hacinamiento es un problema con dos vertientes. Por un lado la capacidad de las cárceles, aspecto que atañe al Poder Ejecutivo, y por otro los criterios de detención que son resorte del Poder Judicial. Los jueces inciden en los índices de detención al disponer prisiones preventivas, fijar los montos de las penas o resolver sobre su ejecución.

Este aspecto fue abordado en el voto del ministro Erbetta, quien instó a los jueces a que en el marco de la pandemia consideren todas las medidas alternativas al encierro en los casos fijados por estándares internacionales. Es decir, para personas de avanzada edad, delitos menores o cometidos sin violencia, población de riesgo o presos cercanos a cumplir la pena. Pero este aspecto no fue acompañado por los otros jueces de la Corte. Asimismo, Erbetta criticó el tratamiento de los hábeas corpus, que extienden por años la discusión de asuntos de gravedad institucional que deben ser resueltos con urgencia.

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