La Corte investiga la actuación judicial en un pleito societario en un frigorífico

El litigio judicial en torno a la actividad del frigorífico Vicentín Faenas de Villa Ocampo, que fue denunciado por un socio minoritario por presunta facturación en negro, derivó en una orden de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que se investigue el accionar de una ex jueza subrogante de Instrucción, del actual magistrado que entiende en la causa y del fiscal del caso. La primera funcionaria fue cuestionada por no investigar un atentado que sufrió el representante del Ministerio Público durante un allanamiento. Al segundo juez y al mismo fiscal atacado distintas partes en conflicto les reprochan morosidad para resolver el controvertido expediente.
  Esta es la última derivación que generó la denuncia por defraudación y presunta connivencia con la policía que pesa sobre la empresa de Villa Ocampo. Para investigar si la actuación de los funcionarios judiciales en el caso fue correcta, el máximo tribunal de la provincia designó a una camarista penal de Vera que ya citó a los funcionarios afectados y requirió copias de los expedientes.

La disputa. Los problemas en la firma, que tiene una trayectoria de 25 años y unos 160 empleados, aparecieron a raíz de una disputa interna. El socio minoritario Jorge Alberto Vicentín inició una causa civil en la que acusó a otros accionistas de realizar maniobras en los estados contables para perjudicarlo en la distribución de ganancias. Se trata del único socio que no percibe dividendos. Su esposa, Mónica Bernardis, poco después presentó una denuncia penal por defraudación y estafa.
  A partir de entonces, Bernardis denunció públicamente y en la Justicia que la empresa realizaba compras en negro de animales y llevaba una doble facturación con la que evadiría importantes sumas de dinero. También reveló una presunta connivencia entre la empresa, la policía regional y representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
  “Estamos cansados. Hace más de un año que no se resuelve nada. Dos meses atrás Vicentín presentó en los medios de Villa Ocampo un informe de la Afip que la dejaba como una empresa en regla. Pero ese informe, que había solicitado el juez Palud, sugestivamente llegó al juzgado recién dos meses después”, dijo a La Capital.
  Según la denunciante, en el expediente se detectó una serie de escuchas telefónicas que develarían la conexión de personal jerárquico de la empresa con funcionarios de Afip. En esos diálogos, señaló, los directivos  discutían cómo contactar a inspectores fiscales antes de que lo hiciera el juez. “Hay que adelantarse y hablar con el jefe”, decía una de las conversaciones, según la mujer.

Contratiempos. La causa se inició cuando el juzgado de Instrucción de Reconquista, que tiene jurisdicción en Villa Ocampo, estaba a cargo de la jueza subrogante Fabiana Pierini. Pero el litigio, de por sí complejo por las cuestiones técnicas que presentaba, tuvo un contratiempo más cuando Pierini debió apartarse del juzgado tras el nombramiento como magistrado titular de Virgilio Palud, quien hasta ese momento había presidido el juzgado federal de esa ciudad.
  
En pugna. Mientras Bernardis cuestionó por morosidad a Palud, los otros socios de Vicentín Faenas, por su parte, pidieron el apartamiento del fiscal natural  de la causa, Ireneo Berzano, y lo acusaron de haber cometido irregularidades que habrían perjudicado a la firma.
  En ese contexto, la Corte designó al camarista de la ciudad de Vera Roberto Prieu Mántaras para realizar una investigación administrativa que buscará determinar si los funcionarios cometieron alguna irregularidad.
Entre otras cosas, intenta establecer si la jueza Pierini, incurrió en alguna irregularidad al no darle el impulso necesario a la investigación de un escandaloso incidente en el que fue atacado el mismo fiscal Berzano, cuando realizaba un allanamiento en la casa de la madre del jefe administrativo de Vicentín Faenas, Alfredo Mensching.
  Eso ocurrió el 22 de enero de 2008. Entonces, las actuaciones estaban a cargo de Pierini, quien ordenó requisar la vivienda donde se secuestraron 50 cajas con documentación de la empresa. Del procedimiento participaron la jueza, el fiscal y policías de la Unidad Regional IX. En medio de la medida, los funcionarios observaron que un grupo de personas cargaba objetos en un Peugeot 2026. Berzano intentó detener el automóvil pero el auto salió rápidamente y no embistió al funcionario porque éste alcanzó a correrse. El vehículo fue hallado más tarde en las instalaciones del frigorífico .
  La empresa está envuelta en una misteriosa saga que se expresó en dos graves hechos: en octubre de 2007 el jefe de la Guardia Rural de la zona, Juan Cuñé, fue relevado bajo sospecha de cohecho al detectarse hacienda de sus familiares en el frigorífico que debía controlar. Un mes más tarde, el jefe de la Guardia Rural de Huanqueros se disparó a la cabeza en la Jefatura de Reconquista cuando lo acusaban de amenazar desde su celular a Bernardis para que retirara sus denuncias sobre complicidad policial con el frigorífico.