Crónica de una audiencia acusatoria que no fue. Desde hace una semana la acusación de Carlos Vergara, secretario de la Uocra, y del jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte, junto a otras siete personas, pasó a ser de alto interés en la opinión pública de la región. El día D era este miércoles en el Centro de Justicia Penal (CJP). Al comenzar el debate en la sala soló había dos de los acusados: Vergara y el luchador de kickboxing Fernando Rigiracciolo, quien llegó en libertad.
Pillín y los otros seis acusados comenzaron a ver la audiencia en el marco de una acusación por una presunta asociación ilícita sospechada de haber realizado extorsiones, entre otros delitos, por Zoom. “Parece que el fiscal Moreno me tiene castigado. Me puso en una sala sólo donde no puedo ver (la audiencia)”, exclamó Pillín por Zoom desde la Oficina de Recepción de Detenidos Rosario, conocida como Order, ubicada en el complejo penitenciario de 27 de Febrero al 7800.
Bracamonte repitió dos veces más la frase hasta que el juez de garantías Facundo Becerra en el amanecer de la audiencia le pidió al abogado Carlos Varela que le explicara a su defendido que no había animosidad alguna, sino una cuestión de seguridad por parte del Servicio Penitenciario.
Andrés "Pillín" Bracamonte, jefe de la barra de Rosario Central, durante la acusación de junio de 2020.
Fue entonces que Varela realizó un pedido técnico pero más que razonable dentro del estado de derecho: “Necesitamos que nuestro asistido esté sentado en la sala para poder charlar cuestiones de la acusación que sirvan para contestar a los hechos que se le imputan. Sentimos que se viola nuestro derecho a la confidencialidad y de comunicación con nuestro asistido. Hemos recibido la acusación hace pocas horas y es necesario tener a nuestro asistido al lado para poder consultarlo sobre los hechos que se le achacan”.
Efecto cascada
Al pedido se sumaron los defensores de los restantes ocho acusados, entre ellos el de Carlos Vergara, el único de los detenidos que fue trasladado a la sala de audiencia. Un pedido al que se terminó sumando el propio fiscal Miguel Moreno. Acto seguido el juez Becerra abrió un cuarto intermedio “hasta que los detenidos sean trasladados a la sala de audiencia”. Es decir este jueves a las 8.30 de la mañana.
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Desde el miércoles de la semana pasada, cuando el fiscal Miguel Moreno ordenó una decena de allanamientos que derivaron en la detención de Bracamonte y de Vergara, junto a siete personas más, todos ellas ligadas a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la sociedad espera conocer de qué trata la acusación sobre estás personas de perfil público.
La audiencia prevista para las 14 comenzó con 45 minutos de demora y puso a la vista del público en general como funciona el sistema en cuanto a la logística, sus tiempos, sus falencias (sobre todo en el ámbito de las imputaciones vía Zoom) y sus vicios. Cuando se abrió el debate el único de los detenidos que estaba en la sala era Vergara, protegido por un chaleco balístico y custodiado por tres efectivos del Geop (Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias).
¿Por qué? El abogado defensor del secretario de la Uocra, José Alcacer, se adelantó a la jugada y pidió que su asistido estuviera presencial en la audiencia. Vergara es un hombre que ronda los 70 años y padece una grave enfermedad.
Lo que debió comenzar a ser tratado este miércoles fue la acusación sobre una supuesta asociación ilícita destinada a planificar y cometer un polirubro de delitos valiéndose de la estructura de la Uocra y de la barra de Rosario Central.
Carlos Vergara, secretario general de la delegación Rosario de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).
Una organización que habría comenzado a funcionar desde 2018 a partir de una relación entre Pillín y Vergara. Primero desde la sede de San Lorenzo y posteriormente de la de Villa Constitución. La hipótesis de la acusación es que la organización se encargó de realizar extorsiones para imponer negocios con viandas, baños químicos y coimas para la concreción de obras, entre otros delitos.
En la Sala de audiencias se desplegaron además del juez Becerra tres fiscales —Moreno, Sebastián Narvaja y César Pierantoni— una decena de defensores, una operadora de sala, y siete efectivos de seguridad.
Poco había pasado hasta que el juez Becerra pidió a las partes que se presentaran para que quedaran registrados en audio y video de la audiencia. Cuando llegaron a Pillín la comunicación se cortó. Como lo último que había dicho el jefe de la barra canalla era que lo tenían castigado, Becerra le pidió a Varela que le explicara que no había animosidad en su contra.
Ahí el penalista agarró la bocha y la puso debajo de la suela, como se dice en la jerga futbolera. “Parece una nimiedad, pero tenemos abortada la posibilidad de confidencialidad. Esta audiencia debiera suspenderse, algo que seguramente no sucederá”, dijo el abogado.
¿Cuál era el problema? Las defensas no habían podido dialogar en privado con sus representados, algo vital en una acusación de este calibre. Y dijeron haber recibido los legajos con las acusaciones penales sobre la hora. “Que el señor Vergara esté sentado acá es lo que corresponde, pero ahora eso se transforma en un privilegio. ¿Cuál es la preferencia?”, dijo. Y fue por más: “Bracamonte se queja y yo estaría peor que él”. Y apuntó hacia la Oficina de gestión Judicial (OGJ), organismo del Poder Judicial encargado entre otras cosas de la programación de las grillas de audiencias, y el SP: “Si no pueden asegurar la seguridad del traslado de los detenidos que renuncien”, dijo Varela.
Los dichos del abogado operaron como un efecto dominó y cada uno de los defensores comenzaron a adherir al pedido de suspensión de la audiencia.
Jurisprudencia al paso
Una de las defensoras recordó: “Acá se realizó una audiencia en la que se trasladaron 26 imputados y se los acusó de 47 hechos. Una audiencia que duró 15 días. Y los trasladaron todos los días sin ningún problema. Todas las jornadas los acusados estuvieron de manera presencial”, en alusión a las audiencias en las que Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, segunda línea de Los Monos en Villa Gobernador Gálvez, fue acusado con parte de su banda en octubre pasado.
El fiscal Moreno, por su parte, dijo que se enteró que la audiencia era por Zoom al momento de ingresar a la sala. Y adhirió al pedido de las defensas con la salvedad de que no se suspendiera sino que se pasara a un cuarto intermedio.
El juez Becerra, sin margen de acción, no le quedó otra alternativa que pasar a un cuarto intermedio. Uno de los defensores pidió que se tomara una hora para el traslado, algo inimaginable ya que un traslado de la dimensión requerida necesita una planificación y tiene una duración mínima de traslado de tres horas, según precisaron fuentes consultadas.
Carlos Varela, uno de los abogados de Andrés "Pillin" Bracamonte, hizo punta con el reclamo al que se sumaron sus colegas.
Foto: Celina Mutti Lovera.
La causa no es sencilla al punto de que uno de los denunciantes que supuestamente sufrió una extorsión siendo parte de la Uocra fue detenido este lunes en Empalme Villa Constitución. Juan Pablo M., de 39 años, fue aprehendido en Juan José Paso al 300 por efectivos de la Agencia de Control Policial (ACP), fuerza de seguridad que realizó todos las detenciones en la causa. En la audiencia de este miércoles el mencionado no formaba parte de la parrilla de acusados. En la casa donde fue detenido los agentes de la ACP incautaron 11.250 dólares, una máquina de contar billetes, 32 banderas de la Uocra, cheques y dos microchips.
Vale recordar que Pillín Bracamonte ya fue detenido en junio de 2020 y acusado por el fiscal Moreno en una causa de lavado de activos. La calificación utilizada por Moreno fue cuestionada por la camarista Georgina Depetris quien en noviembre de 2020 ordenó la excarcelación de Bracamonte dándole la derecha al pedido de su defensa de Pillín que presentó una serie de documentos y pericias contables que dan cuenta de que las cuatro empresas que la investigación presenta como fantasmas tienen operatoria y movimientos de dinero que pudieron justificar.
En esa causa Moreno allanó en julio de 2020 a Leopoldo “Pitito” Martínez en su casa de Villa Manuelita. Por aquellos días Pitito fue sindicado como el número 2 de la barra de Los Guerreros y hombre de Los Monos. En su casa no sólo encontraron ropa con etiquetas de Central, también hallaron indumentaria del gremio de trabajadores de la construcción.
