Uno de los grupos criminales que disputaron territorio con violencia en los barrios Ludueña y Empalme Graneros entre 2021 y 2023 tuvo entre sus referentes a Jonatan “Peco” Almada. De 34 años e hijo de un expolicía condenado por sus servicios a la banda, este lunes comenzó a ser juzgado en carácter de organizador de una asociación ilícita que incursionó en actividades de narcomenudeo, usurpaciones, balaceras y extorsiones; hechos por los que ya fueron condenadas más de treinta personas. Considerado como el "gerente" de una empresa delictiva, afronta un pedido de 40 años de prisión.
El juicio oral, con una duración estimada de dos semanas, se desarrolla en el Centro de Justicia Penal ante un tribunal integrado por los jueces Lorena Aronne, Paola Aguirre y Lisandro Artacho. Almada cumple una condena federal por narcotráfico a 6 años de prisión. Es por esto que el fiscal del caso, Pablo Socca, pidió que sea condenado a cuatro décadas en prisión por su rol en la banda y ambas penas se unifiquen en 46 años. Los delitos que le achaca son numerosos: extorsiones, amenazas, intento de homicidio e intimidaciones a funcionarios, hechos marcados por la tenencia y el uso de varias armas de fuego.
Gestada en prisión
De acuerdo con la pesquisa judicial, la banda se creó en la cárcel de Piñero. El preso Matías "Pino" César, hombre de Los Monos, formó una alianza con sus compañeros de pabellón Andy Benítez y Julián Aguirre, que por ser oriundos de barrio Ludueña fueron los encargados de reclutar personas de su confianza en libertad para ejecutar los delitos. Los tres fueron condenados a 20 años de prisión en este caso. Sus directivas, según la fiscalía, recaían en la calle sobre Mauro Gerez y Oscar “Nenu” Ramírez —condenados a 9 y 12 años— así como en Jonatan Almada, hijo de un expolicía condenado a 3 años de prisión condicional por sus servicios a la organización.
La banda estuvo activa desde julio de 2021 hasta comienzos de 2023. Con base en Ludueña, el grupo empezó a enfrentarse con una formación rival liderada por Francisco “Fran” Riquelme y ligada al empresario narco Esteban Alvarado. La cruenta disputa se extendió a los barrios Empalme Graneros e Industrial con al menos cuarenta homicidios, en ocasiones con víctimas ajenas al conflicto, además de extorsiones a comerciantes y vecinos para quedarse con dinero o sus propiedades.
Por integrar el grupo ya fueron condenadas 36 personas, entre ellas cinco policías. A diferencia de ellos, Almada se negó a firmar un acuerdo abreviado y por eso llegó a juicio oral. Fue detenido en agosto de 2022 en un departamento que alquilaba en el centro de Rosario. Poco antes había sido detenido su padre y luego cayó su hermana Brenda Almada, condenada a 5 años. Otra hermana, Verónica Almada, de 38 años, fue asesinada el 18 de febrero de 2022 en la puerta de su casa de Urquiza al 6000 en un ataque a tiros que iba dirigido a Peco.
Rol de peso
Cuatro años después Almada llegó a juicio como organizador de una banda que contó con la connivencia de policías que facilitaban información relevante o directamente participaban de las extorsiones. “Es uno de los integrantes más importantes dentro de la presente estructura. Es el gerente de la empresa criminal”, planteó el fiscal Socca.
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En ese organigrama, a Almada se le atribuye haber sido el encargado de distribuir droga a otros miembros de la banda, administrar y controlar la recaudación (usaba una máquina de contar billetes y llevaba las anotaciones en un cuaderno), ocuparse de la gestión de las armas (dónde se escondían y a quién se entregaban) y transmitir directivas, además de intervenir personalmente en los aprietes extorsivos.
“También amenaza a víctimas o testigos que denuncian las actividades ilícitas de la banda. Se encarga de asignar a las personas que van a ocupar las viviendas usurpadas y dispone de autos y motos para la comisión de diversos ilícitos”, se enumera en la acusación.
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Uno de los casos que se expuso en el juicio fue una serie de intimidaciones a una familia de Ludueña de julio de 2021. Un día después de una balacera a su casa de Solías al 300 recibieron mensajes de Almada que los amenazó con “hacerlos explotar” si no le entregaban dinero. Luego de otros dos ataques armados —en uno de ellos el destinatario de las amenazas resultó herido— la familia abandonó la vivienda, que fue usurpada por un grupo encabezado por Almada, quien luego designó a quienes ocuparían esa casa. Por ese hecho le atribuyen los delitos de tentativa de extorsión agravada por el uso de arma de fuego, amenazas calificadas con el fin de que la víctima abandone su casa, usurpación y tentativa de homicidio.
Amenazas a fiscales
Almada también está acusado por una serie de amenazas contra el propio fiscal Socca y su par Matías Edery. Ambos fueron mencionados en carteles con mensajes intimidantes que aparecieron en distintos puntos de la ciudad como una sede de la entonces Agencia de Investigación Criminal en Lamadrid y Salva, el Hospital de Niños Zona Norte, el Centro Municipal de Distrito Sur y la sede de Televisión Litoral. Por eso, se lo acusa como instigador de amenazas coactivas calificadas por el propósito de obtener concesión de parte de un poder público.
Otro caso ocurrió en mayo de 2022 cuando le quitaron mediante extorsiones un auto Ford One y cien mil pesos a un vecino que firmó la transferencia tras un ataque a balazos. El vehículo luego fue hallado en un allanamiento en la casa de French al 1300 del acusado. Allí también se encontraron dos pistolas 9 milímetros y municiones, dólares, una máquina de contar dinero y un cuaderno con anotaciones de venta de drogas.
A esto se suma extorsión agravada por el uso de arma de fuego, la tenencia ilegal de arma de fuego de guerra y un abuso de armas por una balacera ocurrida en agosto de 2022 contra una casa de San Lorenzo al 5100. Según la acusación, los gatilleros acudieron en el auto de Almada, un Nissan Tiida, y realizaron 16 disparos.
