“Peruano comunicate urgente o te mato uno en el local”. El cartón con la amenaza apareció en la puerta de una verdulería tres días antes de que la rociaran con seis tiros. El mismo día, el 27 de enero pasado, otro cartel colocado en el parabrisas de un auto fijaba un plazo: “Comunicate o plomo, tenés hasta mañana al mediodía”. Las balas, tal lo anunciado, no tardaron en llegar a la casa del dueño. Por diseminar y ejecutar esas promesas de plomo, firmadas con la impronta genérica de “la mafia”, 23 personas comenzaron a ser imputadas la mañana de este martes como integrantes o ligadas a una organización de narcomenudeo de Ludueña, un barrio castigado con 23 homicidios en lo que va del año.
La extensa audiencia judicial, que seguirá hasta este miércoles o el jueves, es resultado de los 57 allanamientos que fuerzas provinciales y federales desplegaron la semana pasada en ese sector del noroeste rosarino. El epicentro de un fuerte conflicto entre bandas que, además de disputar a tiros la venta de drogas, cometen extorsiones y balaceras.
El fiscal Pablo Socca, de la Unidad de Balaceras, sumó esta veintena de acusados a las nueve personas que ya se encontraban detenidas por integrar la organización dirigida desde la cárcel. Hasta el momento son 32 los implicados presos, 15 por conformar una banda y el resto por delitos vinculados. Se detectó además la participación de tres adolescentes, entre ellos una chica y un chico de 14 años.
Al mando
Para algunos de los ya apresados en un operativo de mayo pasado el fiscal solicitó ampliar la imputación. A Mauro Gerez, preso desde entonces en la cárcel de Piñero, le atribuyó ahora ser organizador del grupo, como hombre de confianza y apenas un escalón por debajo de los dos sindicados como líderes, Andrés Fabián “Andy” Benítez y Julián Aguirre, que ya estaban imputados de ejercer un mando compartido desde la misma cárcel.
Según el fiscal, la banda siguió activa con sus referentes presos. Los dos líderes “imparten órdenes desde su lugar de alojamiento” y realizan intimidaciones en forma personal desde celulares que usan en la cárcel. No se descarta que existan otros jefes aún no identificados “ni que esta organización sea una célula o una subestructura de una asociación ilícita de mayor envergadura”, dijo Socca.
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Mientras estuvo en libertad, según el fiscal, Gerez concretó los delitos más graves, dispuso la logística de armas y vehículos, administró búnkers de drogas y actuó como el “jefe de sicarios de la organización”.
En el mismo nivel, también como organizador, imputó a Jonatan Almada, detenido la semana pasada en un departamento del microcentro. Figura en el organigrama de la Fiscalía como un importante engranaje, el “gerente” del negocio narco y quien controlaba la recaudación “mediante máquinas de contar dinero, cuadernos y anotaciones”.
Quién es quién
Por debajo de esos puestos de mando, dijo Socca, funcionaba un núcleo de confianza. Bruno E. como encargado de concretar usurpaciones y amenazas. Eric S. fue ligado al uso y escondite de armas además de la gestión de líneas de teléfonos para cometer las extorsiones. Oscar D. es mencionado como mano derecha y custodio de Gerez al igual que Cosme S., encargado de cobranzas. Con armas y teléfonos también fue ubicado Gonzalo E., en tanto que Alejandro G. “dispone de información relativa a bandas antagónicas”.
Con el sobrenombre de “Cuidu”, Nicolás B. fue sindicado como quien “se encarga de recabar información de potenciales víctimas (datos personales, domicilios, teléfonos), vecinos de su propio barrio que luego son extorsionados”, las monitorea y usurpa casas. En el desglose de la acusación luego aparece Gustavo Raúl “Muqueño” C. como encargado de realizar atentados con armas y amenazas, actividad compartida con Marcelo R.
En el rol de custodiar y esconder en su casa parte del armamento de la banda fue ubicada Nadia Romina L., pareja de Almada. Como última integrante de la banda el fiscal pidió que se impute a Magalí Florencia C.
Otros tres sospechosos de integrar la organización están prófugos y dos de sus miembros fueron asesinados. Cristian Leonel “Larva” Fernández fue acribillado en abril en Gorriti y Campbell y siguió así el destino de sus tres hermanos, todos asesinados. Alan Ferrari, un soldadito de 19 años, fue ejecutado a balazos en un auto el 12 de agosto.
La punta del hilo
Homicidios, balaceras, casi 40 extorsiones a vecinos y comerciantes de Ludueña y Empalme Graneros, comercio de drogas, uso y acopio de armas son las prácticas atribuidas al grupo, que según la acusación funcionó al menos desde julio del año pasado. Al presentar el caso ante la jueza Silvia Castelli, Socca repasó la historia de la investigación, que arrancó con el apriete a un verdulero al que le prometieron balas si no pagaba y le reclamaron que se contactara a un número de teléfono a fines de enero.
Se montó entonces una “entrega controlada”, como se llama al operativo con policías encubiertos en los que las víctimas simulan acceder al petitorio. Las tres personas que se acercaron en moto al lugar pactado —una estación de servicios— sospecharon algo raro. Pasaron más de una vez y simularon cargar nafta, pero el encuentro no se concretó. De todos modos fueron detenidos dos de ellos: Dan Natanael Cosme S., y Oscar D.
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A los pocos días, el 19 de febrero, fue baleada la comisaría 12 de Ludueña. La unidad fiscal de Balaceras acopió otras causas por extorsiones y usurpaciones en el barrio, se intervinieron líneas telefónicas y así se fue abriendo el árbol que desplegó el fiscal en la audiencia, con un detallado repaso de la evidencia (en la que figuran testimonios reservados), además de los roles y hechos atribuidos a los acusados. El grupo, dijo, comenzó por apretar a sus propios vecinos, conocidos de toda la vida y que habían visto crecer a algunos de los acusados.
Sin un rol fijo en la banda, pero ligados a hechos específicos y delitos conexos como usurpaciones, aprietes y tenencia ilegal de armas, el fiscal pidió imputar a otras 14 personas: Iván Facundo V., Sabrina Velén D., Yuliana Abigail D., Luis Alberto A., Karina Valeria A., Sol Milena A., Jorge Aurelio A., Brenda Roxana A., Brisa Denise A., Nicole Selena A., Federico Martín F., Pablo Cristian M., Mariana Soledad V. y Caleb Hassan A.
Sagas de plomo
Sólo el grupo de acusados, cercados por una abigarrada custodia policial, bastó para colmar la sala donde la audiencia siguió la tarde de este martes, y donde se espera que a partir de este miércoles comiencen a expresar sus planteos los abogados defensores. Luego la jueza definirá si da curso a las imputaciones y dispone medidas cautelares.
Ante ese mudo auditorio el fiscal detalló 14 hechos o delitos que adjudicó a distintos acusados y fueron cometidos a lo largo del último año. Figuran los disparos del 16 de julio de 2021 contra un departamento de Solís al 300 en ausencia de sus dueños, a quienes les exigieron dinero y que abandonaran la vivienda a fin de usurparla. La saga de aprietes siguió hasta octubre, cuando violentaron la puerta de la casa con una maza y lograron apropiarse del inmueble, todo matizado por una seguidilla de intimidaciones.
Otro hecho fue la extorsión a un local de reparación de celulares. “Morí pollo y poné la moneda. Ya sabés. Te dejo tirado a uno en la puerta del local”, fue la amenaza a través de WhatsApp del 3 de enero pasado, acompañada por la exigencia de 10 mil dólares.
En otro episodio de septiembre pasado balearon un auto y una cochera de un vecino al que le exigieron dinero a cambio de “tranquilidad”. Por último el fiscal les atribuyó a algunos acusados haber facilitado u ocultado celulares que se usaron en las extorsiones, la tenencia de armas y maniobras de encubrimiento.
