El fiscal de Melincué Matías Merlo imputó a su colega.
La causa por juego ilegal impulsada en distintas investigaciones de la provincia tiene desde este martes a un tercer fiscal formalmente implicado. Se trata de Rodrigo González, fiscal adjunto de Reconquista, quien fue imputado ayer por encubrir a dos operadores directos del capitalista Leonardo Peiti en salas de juego clandestino en tres ciudades del norte provincial.
El fiscal de Melincué Matías Merlo imputó a su colega además por la desaparición de 703 legajos de investigación de delitos en Reconquista que estaban bajo su custodia.
La causa que lleva adelante el fiscal Merlo contra Peiti fue determinante para que el exfiscal regional de Rosario Patricio Serjal y el fiscal Gustavo Ponce Asahad terminaran destituidos y en prisión desde agosto pasado.
Esta misma pesquisa estableció que el fiscal González tenía contactos con dos operadores de Peiti en las salas de juego de la ciudad de Reconquista, Avellaneda y Vera. La imputación de ayer hizo constar que el fiscal acusado tenía pleno conocimiento de que estas personas realizaban una actividad ilícita, que no las denunciaba y que si tenía información que las comprometía las compartía con ellas.
Los representantes de Peiti se llaman Axel Schilla y Darío Pérez. Ya están acusadas por pertenecer a la red de juego clandestino y están citadas para concurrir a la audiencia preliminar de juicio, junto al empresario, el 7 de abril próximo. Según el legajo penal del caso, Schilla y Pérez administraban casas de juego ilegal en salas que fueron individualizadas.
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El fiscal Merlo acusó a su par de no haber denunciado ni investigado a esas personas pese a conocer la actividad que realizaban. Eso ocurrió, a su criterio, porque tenía con ellas una evidenciada relación de cercanía. De las intervenciones telefónicas surgen diferentes llamadas entre los acusados con Rodrigo González donde éste, según imputó Merlo, les aseguraba una cobertura frente a alguna investigación en curso, allanamiento inminente o interceptación telefónica contra ellos.
De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, se verificaron 40 contactos por llamadas entrantes y salientes entre agosto y primeros días de octubre de 2017 entre González y los dos operadores de Peiti. También un viaje a Brasil en auto en octubre de ese año que González compartió con una de estas personas. La salida e ingreso al país está constatada por la Dirección Nacional de Migraciones.
El segundo hecho imputado a González proviene de una investigación del año 2018 sobre la desaparición de 703 legajos sobre cuyo destino no hay constancia. La evidencia surge de los contenidos de llamadas telefónicas y de declaraciones testimoniales. Merlo le imputó a González la infracción al artículo 205 del Código Penal que castiga la sustracción de medios de prueba, en este caso en legajos bajo su custodia, con penas que van de un año a cuatro de prisión.
La Asamblea Legislativa había suspendido preventivamente de sus funciones al fiscal González la semana pasada. La decisión fue tomada tras un dictamen de la comisión de Acuerdos de la Legislatura, a partir de un planteo de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que sugería medidas disciplinarias contra el funcionario el 23 de febrero pasado. La investigación contra González fue plenamente desarrollada por el MPA. La causa contra juego clandestino desarrollada en Melincué generó aporte de evidencia para solicitar el desafuero del senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) lo que fue rechazado por el Senado.
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