La Justicia investiga la actuación de policías de una comisaría rosarina que
habrían desobedecido una orden judicial e insertado datos falsos en un sumario para justificar el
allanamiento a un supuesto desarmadero de barrio Matheu. La causa se abrió luego de que un juez
penal se enterara leyendo este diario de que los policías habían avanzado con el procedimiento sin
su autorización. Así, descubrió que no sólo habían acudido a otro juez, pasando por alto su
competencia, sino que incorporaron al sumario a un falso testigo para darle crédito al operativo,
ordenado por "oscuras razones".
Esas irregularidades provocaron que la causa contra el dueño del galpón de
neumáticos allanado quedara sin efecto, no sólo por falta de evidencia sino porque buena parte de
ella habría sido fabricada por la fuerza, lo que se presume en base a sólidos elementos de
convicción. El juez que intervino en el caso, Osvaldo Barbero, dispuso el archivo del expediente
por el secuestro de unas 85 llantas de autos y 328 neumáticos efectuado en marzo pasado. Mientras
que abrió una nueva causa penal para investigar la actuación policial.
Llantas marcadas.El procedimiento ahora bajo la lupa judicial fue efectuado por
integrantes de la comisaría 15ª el 28 de marzo pasado. Los efectivos fueron a un galpón de calle
Dorrego al 3700 buscando un auto robado. Llevaban una orden de allanamiento del juez de Instrucción
Hernán Postma. No encontraron allí el vehículo pero sí más de 85 llantas de autos, 328 neumáticos y
un número no precisado de gatos hidráulicos, según el reporte policial de aquel día a la
prensa.
Según la reciente resolución de Barbero, que declaró nulo el procedimiento, ese
día un oficial a cargo del operativo llamó al juzgado para dar cuenta del secuestro. Pero el
magistrado le indicó que no podía abrir una causa contra el dueño del local si no se comprobaba que
al menos una de las llantas era de procedencia dudosa.
Barbero no inició ninguna causa por el allanamiento, pero al leer el domingo
siguiente la edición de La Capital se enteró de que habían demorado al dueño del galpón y le habían
abierto una causa en el juzgado Correccional a cargo de Héctor Núñez Cartelle. Se contactó entonces
con su colega, quien le indicó que había avalado el procedimiento porque los policías le
manifestaron que "el juzgado de Instrucción se negaba a intervenir".
Esa falsedad también se consignó en el acta de procedimientos policial por el
caso, según remarca la resolución de Barbero. A todo esto, como al dueño del galpón le imputaban
encubrimiento agravado por la habitualidad, la causa 231/08 terminó en el juzgado de Instrucción
porque ese delito está fuera de competencia correccional. Así, en el juzgado de Instrucción
advirtieron en el sumario policial el sospechoso relato de un vecino de la zona de la 15ª, que
tiempo atrás había sufrido el robo de una llanta nueva de su auto.
Según el sumario, el hombre se presentó en la seccional con intenciones de
buscar entre las llantas secuestradas la que le habían robado, diciendo que la podía reconocer
porque tenía marcadas sus iniciales. Los policías hicieron constar que le exhibieron la mercadería
robada y que el vecino encontró allí la llanta con sus iniciales. Un dato que, de ser cierto,
hubiera justificado el procedimiento.
Bajo presión.Pero cuando al vecino lo llamaron desde el juzgado dio otra
versión. Contó que en efecto había sufrido el robo de una llanta nueva, pero que ya no le
interesaba recuperarla porque había cobrado el seguro. Dijo que los policías lo habían ido a buscar
a su casa y lo presionaron para que presentara esa declaración. Y que incluso le dieron un
destornillador para que grabara sus iniciales en una de las llantas secuestradas.
Con todos estos elementos, Barbero consideró el procedimiento como falso,
declaró la nulidad de lo actuado y mandó el caso al archivo sin abrir cargos penales contra el
dueño del local. Pero ante "el cúmulo de falsedades" con las cuales "se pretendió engañar a la
Justicia por ignoradas pero no por ello menos oscuras razones", remitió copias del expediente a
Instrucción 14ª, a cargo de María Laura Sabatier. Ahora se investiga en ese juzgado la posible
comisión de delitos o irregularidades por parte del personal que participó del procedimiento.
