La hija del asesinado empresario santafesino Hugo César Oldani y otras nueve personas serán indagadas a pedido del fiscal federal Walter Rodríguez bajo la imputación de intermediación cambiaria no autorizada y lavado de dinero. La medida estará a cargo del juez federal rosarino Marcelo Bailaque, quien también atiende el despacho en la capital provincial, y en el marco de la investigación que se inició tras la denuncia que presentara el ministro de Seguridad Marcelo Sain.
El crimen de Oldani sacudió a la ciudad de Santa Fe minutos antes de las 18 del martes 11 de febrero del año pasado. El empresario era titular de una reconocida agencia de turismo ubicada en la galería Rivadavia, una de las más concurridas del microcentro santafesino, aunque con el transcurso de la investigación también se supo que detrás de esa agencia se escondía una cueva cambiaria.
El día del hecho cuatro personas llegaron a bordo de un Toyota Corolla blanco hasta la puerta de la galería. Uno de los ocupantes del rodado se quedó al volante, otro se paró en el ingreso al centro comercial para oficiar de campana, y una adolescente de 17 años junto a otro hombre ingresaron al local para cometer un atraco que, se sabría con el curso del tiempo, había sido ideado y planificado de antemano por al menos otras dos personas.
La investigación del hecho, que en un primer momento fue acompañada por movilizaciones en el marco de la ola de inseguridad y escalada de homicidios en la capital provincial, tuvo oscuras y curiosas derivaciones que siguen dando argumentos para escribir.
Por el asesinato hay seis personas imputadas. De todos ellos, cinco están bajo prisión preventiva y a la espera de los próximos pasos procesales. Se trata de Juan Manuel Ruffino, de 25 años, acusado de ser quien manejaba el auto en el que se movió el grupo criminal; Cristian Bruno Figueroa, de 21, como autor material del asesinato; Braian Damiani, de 22, como coautor del hecho al ser quien se quedó como campana en la puerta de la galería; y una chica de 17 años que está a cargo de un juzgado de Menores. El último día hábil de 2020 fueron imputadas otras dos personas: el relacionista público de boliches Andrés Kaipl, de 29 años; y el bioquímico Alfredo Manuel S., de 59, cuya esposa es dueña de una farmacia y es el único que sigue el proceso en libertad. A ambos les atribuyen la autoría ideológica del asalto que derivó en homicidio.
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Mientras avanzaba la pesquisa por el crimen, en ese momento a cargo de la fiscal Cristina Ferraro, otros ribetes del episodio empezaron a salir a la luz. Es que horas después del homicidio, alrededor de la 1 de la mañana del 12 de febrero, Virginia Oldani, hija del empresario asesinado, llegó al local comercial que estaba precintado y vallado por orden judicial ya que en una primera requisa se había encontrado una caja fuerte y una puerta ciega que daba a un cuarto en el que se apilaban fajos de pesos y dólares que más tarde se sabría sumaban unos 5 millones de la moneda estadounidense.
Virginia Oldani junto a su marido y un grupo de allegados, burlando la supuesta guardia policial ordenada por la fiscal, violó el perímetro de la escena criminal y en cajas de cartón y varios bolsos se encargó de llevarse todo el dinero que allí había además de documentación que para la Justicia podría haber sido relevante en cuanto al móvil del crimen. Las imágenes del movimiento que realizó la mujer y su grupo quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la galería, las que anteayer fueron difundidas por el programa televisivo Zona Crítica que conduce el colega Héctor Galiano y que se emite por un canal de cable de Santa Fe.
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Según el informe, tras la pesquisa que hizo la policía en el lugar, Virginia Oldani ingresó al local con quienes la acompañaban y retiró todo el dinero supuestamente con el conocimiento de la fiscal Ferraro. Tras la denuncia del ministro Sain en la Justicia federal se inició una investigación por presunta intermediación cambiaria no autorizada y lavado de dinero que ahora deriva en las indagatorias por parte del juez Marcelo Bailaque.
Roles en cuestión
Las indagatorias fueron pedidas por el fiscal federal Walter Rodríguez, quien además de imputar a la hija del empresario que trabajaba en la agencia de turismo hizo lo propio con otra empleada, María José Calle y Karina Chelmo, que al momento de los hechos era presidenta de la Sociedad de Bolsa Mediterránea S.A. que operaba en la misma galería donde estaba la agencia de turismo.
El pedido de indagatoria también alcanza a Leandro Forchetti, Flavio Giulioni, Ariel Trucco, Marco Molinas, Eugenio Alonso, Carlos Ciochetto y Carlos Bacigalupo, estos dos últimos operadores dedicados a servicios económicos y financieros.
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“Los nuevos elementos de prueba me permiten modificar parte de las aseveraciones anteriores, concretamente me refiero a los roles adjudicados a los distintos integrantes de la firma Turismo Oldani SRL, ya que Virginia Oldani no solo se ocupaba de las operaciones turísticas e intercambio de divisas; ni la empleada María José Calle se limitaba a llevar distintas operaciones turísticas y trámites administrativos. Por lo contrario, sus intervenciones individuales van mucho más allá, pues desarrollaron aportes necesarios que contribuyeron a la comisión del delito de intermediación financiera no autorizada ejecutado por Hugo Ernesto César Oldani, junto a terceras personas”, se señala en el pedido del fiscal.