Carlos Andrés Ascaíni, el habitante de Villa Cañás procesado por tráfico de estupefacientes, será indagado hoy a partir de las 9.30 en el juzgado federal Nº 3 a cargo de Carlos Vera Barros. La detención del polémico acusado, de 38 años, es consecuencia de un encuadre que agrava los hechos en los que también está implicado, y preso desde el jueves pasado, el ex jefe de policía provincial Hugo Tognoli. El nuevo enfoque atribuye a los imputados ser coautores en una empresa criminal conjunta dedicada al negocio de la droga.
Vera Barros aceptó el criterio del fiscal Juan Patricio Murray que propuso la acumulación de todos los expedientes en los que figuraban los implicados en esta trama. En ese contexto quiso indagarlo a Ascaíni y lo citó para tal fin. El juez no previó inicialmente detenerlo porque el acusado ya estaba con prisión domiciliaria. Pero ante la novedad de la indagatoria el abogado de Ascaíni, Paul Krupnik, le pidió de antemano una eximición de prisión.
Eso, por motivos procesales, obligó al juez a calificar el delito de antemano. Lo hizo en el mismo sentido que con Tognoli: coautor del delito de tráfico de estupefacientes agravado por el concurso de tres o más personas. Frente a esa grave imputación el Código Procesal Penal obligó a dejar detenido a Ascaíni.
Por ello el sábado una comisión de la Policía Federal en Venado Tuerto fue a buscar a su casa a Ascaíni. Hoy temprano lo trasladarán al tribunal de Oroño al 900.
Las dos causas. Ascaíni está implicado en dos causas penales en la Justicia Federal. La primera, que manejaba Vera Barros, es el caso de las escuchas telefónicas del 25 de noviembre de 2009, que describen cómo Ascaíni requiere a personal de la comisaría de Villa Cañás que le averiguaran a quién pertenecían los dos vehículos que lo perseguían y que se comprobó merced a ello que eran de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Por este hecho hay dos policías procesados: Néstor José "Beto" Fernández y Carlos Alfredo Quintana. A ambos se le atribuye haber facilitado al presunto traficante la información de los vehículos tras una consulta con clave de uso restringido al Registro del Automotor.
La segunda causa, que investigaba el juez federal Marcelo Bailaque y ahora anexó Vera Barros, es la detención de Ascaíni el 8 de mayo de 2012 en Chapuy a bordo de su Audi A4, con 1,2 kilo de cocaína y un arma de fuego. El laboratorio de Drogas Peligrosas definió que el 96 por ciento de aquella sustancia era azúcar. La abogada de Ascaíni cuestionó además el acta del operativo por vicios aunque el fiscal Murray defiende la validez del documento. Hasta ese momento, ocurrido diez meses atrás, el acusado no tenía ningún antecedente penal.
Por este procedimiento Ascaíni estuvo seis meses preso. El juez Bailaque lo excarceló bajo el pago de una fianza de 20 mil pesos en noviembre por considerar que la prueba en su contra, con la que lo procesó, ya estaba asegurada. Pero la tenencia del arma de fuego en el auto le originó una causa en la Justicia provincial por la que Ascaíni tenía prisión domiciliaria.
Entonces y ahora. ¿Qué cambió para que sea citado a indagatoria recién ahora el supuesto traficante que ya estaba implicado en la causa por la cual Vera Barros detuvo a Tognoli hace cuatro meses? Fuentes de la causa señalaron que el juez lo convoca a Ascaíni porque el criterio de que existe una empresa criminal vuelve más grave el rol de Ascaíni. Es decir que este último actuaba en forma coordinada con Fernández, Quintana y Tognoli.
Esto es considerado un despropósito tanto por la defensa de Ascaíni como para la de Tognoli. Ambas partes señalan que el giro que se le imprime ahora a la causa se hace sin el surgimiento de un sólo elemento probatorio nuevo que sustente ese enfoque.
El perito. Murray sostiene que el nuevo elemento es la declaración testimonial de Jorge Likerman, perito informático de la Dirección Nacional del Registro Automotor, quien a su criterio sostuvo que Tognoli validaba el uso que hacían sus subordinados con las claves individuales para hacer consultas al Registro. Por lo que no podía estar ajeno a las averiguaciones que ellos hacían.
Esto fue admitido como factible por Vera Barros quien, por eso, decidió indagar de nuevo a Tognoli, a quien había dictado falta de mérito en octubre último. Lo hizo el jueves y lo dejó preso.
El abogado de Tognoli, Eduardo Jauchen, sostuvo que la nueva imputación es una barbaridad en base a un exagerado accionar del fiscal. Y asegura que el perito Likerman no afirma que Tognoli convalidara cada uso de la clave, en el sentido de que debiera conocer el contenido de cada consulta, lo que dejará otra vez a su cliente libre de cargos. "Esto es una barbaridad con intereses políticos", dice Jauchen.
El fiscal replica que Ascaíni, gracias al aporte de policías santafesinos, evadió en noviembre de 2009 a los móviles de la PSA que lo perseguían, que eso fue a cambio de dinero procedente del narcotráfico y que Tognoli hizo como mínimo un aporte a que esa situación se pudiera concretar lo que lo convierte en coautor del delito. Sobre esto se basará la indagatoria de hoy a Ascaíni: sobre la idea de que trafica drogas con protección de policías.
La causa de Santa Fe. En base al nuevo encuadre Vera Barros pidió también que se acumule en su juzgado una causa contra Tognoli que tramita en la Justicia Federal de Santa Fe. Tiene como imputado al comisario José Baella, dependiente de Tognoli, quien habría mandado a grabar a Norma Castaño con un narco de apellido Mendoza con propósitos extorsivos.
