El área del depósito de armas, ropas y otros elementos fue clausurada por orden judicial, luego de
que una investigación determinara que se allí se vendían revólveres y pistolas. En tanto, los
efectivos que trabajan ahí -ocho empleados, incluido el ex jefe de la sección Secuestros
Judiciales- fueron puestos en disponibilidad, de acuerdo con lo informado hoy.
La investigación, según se señaló, fue ordenada al más alto nivel de la Policía, luego de
que, en un entrecruzamiento de datos en el Registro Provincial de Armas (Repar), donde se aplica el
plan canje, se descubrió la maniobra.
Los ocho efectivos que fueron puestos en disponibilidad quedaron además imputados en la
Justicia, como consecuencia de su presunta vinculación con la venta de las armas que estaban
depositadas en la sección Secuestros Judiciales de la Policía local, de acuerdo con lo informado en
la edición de hoy por el diario tucumano La Gaceta.
En el lugar que ahora está bajo la lupa de la Justicia, desde los años 80 se guardan todos
los elementos relacionados con casos delictivos: desde camiones hasta simples prendas de vestir
que, a la hora de un juicio, pueden servir para determinar si una persona es culpable o inocente.
Según reconoció el jefe de Policía, comisario general Hugo Sánchez, jamás se había concretado
un inventario serio sobre todo lo que había guardado allí. "Es un caos", resumió el funcionario al
referirse a lo ocurrido.
El escándalo se destapó como consecuencia de un doble cruce de información entre el Renar
(Registro Nacional de Armas) y el Repar (Registro provincial de armas) sobre la base de los
informes del plan de desarme que lleva el primero de ellos desde mediados del año pasado.
A partir de una idea del entonces ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández
(actualmente ministro de Seguridad y Justicia de la Nación), comenzó a pagarse sumas fijas de
dinero a quienes entregaran voluntariamente sus armas de fuego.
Además se otorgaba el beneficio de que podrían no identificarse ante el funcionario que las
recibiera: en Tucumán el plan logró un éxito mayúsculo.
Hasta principios de setiembre se habían entregado más de 5.200 armas, pero si bien no debía
identificarse a quien se adhiriera al plan, tampoco debía pasar lo mismo con las armas, justamente
ante la posibilidad de que hayan sido utilizadas para cometer delitos y estuvieran sujetas a
medidas judiciales.
De ese modo, a partir de la numeración y del chequeo de información con el Repar y con la
misma Justicia se descubrió que hubo gente que vendió armas que "deberían haber estado depositadas
en la oficina de Secuestros Judiciales".
"Cuando nos enteramos de lo que estaba pasando, en el acto dimos intervención a la Justicia.
Aquí no vamos a esconder nada, y mucho menos actos delictivos. Cada uno tiene que hacerse cargo de
la parte que le corresponde", afirmó Sánchez.
El funcionario dispuso el pase a disponibilidad de los ocho agentes que trabajaban en
Secuestros Judiciales, incluido el jefe.
Este efectivo de seguridad había sido designado hace poco menos de un mes como segundo jefe
de la seccional 14a pero, cuando se conoció lo que había sucedido, fue separado de su cargo "en el
acto", según se indicó.
