Por Leo Graciarena
Foto: Leonardo Vincenti
Maximiliano Pullaro, su vice Gisela Scaglia, en la entrega de suministros por parte de la gobernación de Buenos Aires el viernes.
Foto: Alfredo Celoria.
Fuerzas de seguridad nacionales enviadas por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Una semana después del último crimen en una saga de violencia “narcoterrorista”, como lo definió la ministra de Seguridad de Nación Patricia Bullrich, las pregunta persisten: ¿Quién ordena este nueva oleada de violencia? ¿Es desde las cárceles? ¿Existe un comando unificado de presos que decidieron enfrentar al Estado?¿ Quién lo maneja y ordena?¿Existió una violencia violatoria de la normas en las cárceles para reacomodar el juego? ¿Es el mercado de la droga lo que está en juego?
A todas estas preguntas y otras que seguramente el lector se hará sólo tenemos como respuesta concreta las declaraciones del fiscal Patricio Saldutti en cuatro intermedio de la imputación a 16 personas este viernes en el marco de las investigaciones de los asesinatos del taxista Diego Alejandro Celentano, el miércoles 6 de marzo por la noche; el del colectivero Marcos Iván Daloia, atacado el jueves 7 y fallecido el domingo 10; y la balacera contra la comisaría 15ª, ocurrida el jueves 7 horas después del ataque a Daloia.
Dijo Saldutti: “En esta investigación lo que se pudo reconstruir es que en el último tiempo se realizaron una serie de movimientos tanto en cárceles federales como provinciales que han motivado esta sucesión de hechos violentos”. Y agregó: “No se pudo determinar si hubo un plan conjunto para todos los hechos, pero lo que sí se puede concluir es que pueden venir motivados desde un mismo origen”, dijo Saldutti, flanqueado por la fiscal regional María Eugenia Iribarren.
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En las acusaciones del viernes no se mencionaron imputaciones respecto a los casos del taxista Héctor Figueroa (el primero de la serie, asesinado el martes 5 en el asentamiento Flammarion) ni del crimen del playero Bruno Bussanich, el último hecho de la saga, el sábado 9 de marzo, y quizás el que dejó a la ciudad en una condición de “la gota que rebalsó el vaso”. En ambos casos se anunciaron, en tiempo genérico, que se está "trabajando" y "avanzando".
Dentro de la investigación en curso, en manos de los fiscales Saldutti, Marisol Fabbro, Adrián Spelta (Homicidios), Franco Carbone (Balaceras), Luis Schiappa Pietra (Delitos Complejos) y Fernando Dalmau (Investigación y Juicio), los ataque se pueden agrupar según arma utilizada y municiones. Los asesinatos de los taxistas Figueroa, Celentano y el ataque contra la comisaría 15ª fueron ejecutados con una misma arma, calibre 9 milímetros, con munición provista por el Estado provincial, que data del 2021, y que tenía como marca “PSF”, según pericias balísticas. El arma aún fue hallada.
El crimen del chofer Daloia y el ataque a una unidad de la línea 122 _atacado el 6 de marzo alrededor de las 23.53 en Cerrito, entre Brasil y México_ fue cometido por los mismos atacantes. Esto pudo conocerse a partir del secuestro de una moto Honda Twister e indumentaria de los tiradores en un allanamiento el vienes 8 de marzo en un aguantadero de Nicaragua al 2200. Allí fueron aprendidos once de los dieciséis acusados este viernes.
Quedan sueltos, al menos para la opinión pública y por el momento, los ataques al taxista Figueroa y el del playero Bussanich, en el que fueron demorados dos integrantes de la banda de Los Menores. A metros del cuerpo del playero el sicario dejó una misiva prolijamente escrita en la que se dejaba claro que no se trata de una “guerra por territorio” sino que es “contra Pullaro y Cococcioni”.
Siguiendo la línea de tiempo que propuso el fiscal debemos marcar algunos ejes. Durante los años de gestión del ex gobernador Omar Perotti distintas investigaciones judiciales expusieron que desde las cárceles provinciales y federales los presos santafesinos armaron y desarrollaron un call center del delito en los que muchos cometieron más delitos adentro que estando en libertad. En diciembre pasado el cambio de mando, que significó el desembarco en la gobernación de Maximiliano Pullaro, marcó un cambio de condiciones de las condiciones de detención y el restablecimiento de los pabellones de alto perfil, donde están monitoreados 24 horas por 365 días. Dentro del término alto perfil se engloba a narcos, jefes de banda, sicarios o tiratiros.
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Tres días después de asumir, el ministro Pablo Cococcioni ordenó la reubicación en pabellones de alto perfil a presos como Ariel Máximo “Viejo” Cantero, socio fundador de Los Monos; Leandro Daniel “Chulo” Olivera, condenado a 11 años como sicario bajo el mando del líder de Los Monos Ariel “Guille” Cantero; Carlos Alberto “Berraco” Olguín, miembro de la banda de Cristian “Pupito” Avalle en Villa Gobernador Gálvez; Walter “Viejo” González, líder de la banda que lleva su nombre en barrio Copello de Capitán Bermúdez; el puntero narco político Marcos Jeremías “Pato” Mac Caddon (con conexiones con Los Monos) y varios pesados de barrio Ludueña como Franco “Milanesa” Almaraz, Mauro Gerez y Andy Fabián Benítez.
También fue reubicado Valentino “Valen” Barjacoba, integrante de la banda de Alan Funes y mencionado en la nota que dejaron en la escena del crimen del colectivero César Luis Roldán el pasado sábado 2 de diciembre en Eva Perón y Cullen; Ariel Sebastián “Teletubi” Acosta, hombre de René “Brujo” Ungaro en barrio Parque del Mercado, condenado a 13 años por un intento de homicidio y su pertenencia a otra gavilla similar orquestada tras las rejas por Ungaro; Juan José “Salteño” Villazón, cuya familia fue blanco del ataque en el que murió el niño Máximo Jerez en marzo de 2023 en Empalme Graneros.
Pensando en tiempo de alto perfil, la Justicia rosarina ha exportado alrededor de 40 presos que están en cárceles federales. La lista está encabezada por Guille Cantero; su sobrino Uriel “Lucho Cantero (hijo del Pájaro); Julio “Peruano" Rodríguez Granthon; Pablo Nicolás Caminos; Leandro “Gordo” Vilchez, Alan Funes, quienes están detenidos en el penal federal de Marcos Paz. Sigue con Esteban Lindor Alvarado, Carlos “Toro” Escobar o Leandro “Pollo” Vinardi. Y hay más. Fuera de la provincia están alojados, entre otros, Francisco “Fran” Riquelme; Alexis Caminos; Jessica “La Fea” González; Lautaro y Jorge Funes; Rene “El Brujo” Ungaro; Walter “Dulce” Abregú; Leonardo “Calavera” Peloso; Luis Paz; Brandon Bay; Nicolás “Pupito” Avalle; Mauro Nahuel Novelino; Claudio “Morocho” Mansilla.
A la lista también se le puede sumar a Mario Roberto Segovia, el rey de la Efedrina, quien dos años atrás fue acusado judicialmente por comprar partes de armamento pesado _bombas y ametralladoras_ desde su celda en el penal de Ezeiza. Firmas en el delito que se mezclan entre el mote de alto perfil y las causas por delitos federales.
Fuentes consultadas confiaron que las condiciones también sufrieron un empeoramiento de las condiciones de detención en las cárceles federales, lo que motivó que muchos pesados presentaran recursos y hábeas corpus en los tribunales de Casación de Morón y Lomas de Zamora, que fueron sistemáticamente rechazados o están en trámites.
A partir del endurecimiento de las condiciones de los rosarinos en las cárceles federales son tan duras que el sindicado narco Jorge Adalid “Fantasma” o “Nono” Granier Ruiz pidió ser traslado de la cárcel de Ezeiza al Instituto Penitenciario Federal de Salta, la Unidad 22 de Jujuy o en Unidad 7 de Chaco. Los tres penales son de de categoría “C”, de seguridad media. Vale resaltar que desde el 10 de octubre pasado está prófugo de la cárcel federal de Devoto, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Mauricio “Mauri” o “Caníbal” Laferrara, jefe de sicarios de Alvarado, por el que se ofrece una recompensa de 5 millones pesos.
Fuentes tribunalicias consultadas no descartaron que haya una unión de presos que enfrenten al estado, pero que no necesariamente tienen que estar organizados por la cabeza de una gran marca como podrías ser Guille Cantero, Esteban Alvarado o Rodríguez Granthon. “Hay gente presa que tiene gran capacidad de generar daño que no necesariamente sea una gran marca. Hay muchas líneas abiertas. Hay muchas banditas que tercerizan trabajados. No es tan fácil juntar las marcas”, explicó la fuente. “También puede existir la posibilidad de que como ven que uno pega, los otros se sumen”, dijo.
Más allá de que se acusen a líneas accesorias a los crímenes en cuestión es necesario determinar quien es el instigador.
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Otro indicador que entre los investigadores no dejan de valorar es que con la adhesión de la provincia a la ley de microtráfico, que entró en vigencia el 29 de diciembre pasado, se han derribado al menos siete puntos de venta de droga o búnkers, que respondían, según las investigaciones en curso, a Alan y Lamparita Funes, Fran Riquelme, y el prófugo Mauricio “Mauri” Ayala, todos cercanos en las calles a Esteban Alvarado. Los dos últimos, también por expedientes en proceso, han sido acusados o son sospechosos de haber atentado, con mensajes tumberos, contra el gobernador y su entorno.
Dentro de un contexto en los que se han conocido mensajes tumberos y mantas con mensajes, todos ellos de compleja interpretación para el que es ajeno, se nota en la calle un desmadre progresivo pero no inédito en los que todo el tiempo se intenta correr los límites. Notas que en el correr del tiempo han pasado de embagayar a bandas rivales a denunciar supuestos atropellos intra muros.
Los últimos mensajes, en el contexto de guerra entre presos contra el estado, estuvieron firmados por “oeste, norte, sur. Todos Unidos”. Otro dato valorable es que, a mediados de noviembre del año pasado, comenzó a notarse un marcado descenso en el enfrentamiento entre bandas por conflictos territoriales.
En quince años de establecimiento y crecimiento del fenómeno narco en Rosario pasamos por diversos estados de tensión en los que el crimen organizado, por ponerle un nombre genérico, midió fuerzas con el estado. Una, como problema, fue durante 2018 cuando la banda de Los Monos intentó frenar que Guille Cantero fuera trasladado de una cárcel provincial a una federal, la de Resistencia, y decidió atacar a balazos, entre fines de mayo y finalizaron en agosto, domicilios ligadas a miembros de la Justicia y sedes del Poder Judicial.
La otra, quizás como respuesta, una intervención multiagencial en los monoblocks de Parque de Mercado luego de la guerra fraticida entre las facciones de las bandas de Los Funes, ligadas a René Ungaro, contra Alexis Caminos (hijo del Pimpi) y su alianza con el asesinado Hernán Tuby Segovia. La guerra duró casi dos años y tuvo un saldo de una treintena de víctimas. Esa intervención expuso que la solución no está sólo en la militarización y el punitivismo extremo, sino que al territorio hay que acercar organismos del Estado nacional, provincial y municipal.
Y otra variable que nunca se debe perder de vista a la hora de hacer una valoración es la actuación de la “mala policía” en los territorios. Pero no sólo por el hallazgo de proyectiles con la marca PSF en las escenas de los crímenes, sino por el accionar directo en el terreno. Y para el ejemplo está el procedimiento en el que tres policías, dos del Comando Radioeléctrico y uno de la Oficina de Gestión Judicial, fueron acusados por el fiscal Franco Carbone de “plantarle” en un operativo ilegal en los monoblocks del Parque Oeste tres pistolas _ 9 milímetros, 380 y calibre 40_ utilizadas en balaceras extorsivas.
También tenían un cartel con amenazas al gobernador. La víctima era el chofer de Leonel Ariel “Leo” Tripi, sindicado transero del Parque Oeste. Tripi fue asesinado a balazos dos días después que detuvieran a los policías.
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