Una extorsión en perjuicio de un hombre afincado en la zona sur de la ciudad, otro hecho similar contra una víctima que reside en el microcentro, un robo en una vivienda de Villa Gobernador Gálvez, abuso de armas y la venta de drogas son solo algunos de los hechos imputados a un joven detenido en la cárcel de Piñero, su pareja y otra mujer a quienes les achacaron ser parte de una asociación ilícita dedicada a la ejecución de diversos delitos y la provisión de servicios a terceras personas o bandas en una audiencia imputativa presidida por el juez Florentino Malaponte este miércoles.
La acusación estuvo a cargo del fiscal Federico Rébola y alcanzó a Facundo Mariano M., de 27 años, preso en la cárcel de Piñero y considerado el jefe y organizador de una asociación ilícita, para quien el magistrado dictó la prisión preventiva por el plazo de ley; su pareja, Rocío Belén B., de 19 años, por ser miembro de la asociación y quien quedó bajo prisión domiciliaria con restricciones; y a Zulema Neri P., de 47 años y madre de la chica, en calidad de partícipe primaria de uno de los delitos y a quien el juez le ordenó la libertad aunque con la prohibición de salir de la provincia de Santa Fe.
De acuerdo a la fiscalía, la asociación ilícita “se dedicaba a la comisión de diversos delitos y a la provisión de servicios a terceros para su realización como extorsiones, abusos de armas y robos además de la venta de estupefacientes sin perjuicio de otros hechos llevados adelante por el propio interés de la banda”. En ese sentido remarcó que los imputados tenían “roles asignados, de manera estable, con continuidad en el tiempo y división de tareas al menos desde el 21 de mayo pasado y hasta la fecha de su detención el 29 de agosto”.
Acerca de los roles, para el acusador Facundo M. impartía las órdenes desde su celda del pabellón 6 de la cárcel de Piñero donde está alojado por otros delitos mientras su pareja y otras personas no identificadas “se dedicaban a efectuar disparos a personas o amedrentar a las víctimas, dejar notas extorsivas, realizar cobros por dichas extorsiones, trabajar en el punto de venta de drogas así como otros hechos”.
En cuanto a los hechos atribuidos por el fiscal, el primero fue una extorsión en perjuicio de un hombre y su familia afincada en la zona sur de la ciudad a quien desde el 21 de mayo le enviaron mensajes intimidatorios desde un teléfono celular hasta que bloqueó su teléfono. Tras ello, el 23 del mismo mes le dejaron notas extorsivas en su casa y su lugar de trabajo exigiéndole dinero en efectivo con un número de teléfono al cual debía comunicarse. Ante eso la víctima llamó al número indicado para explicarle al extorsionador que no tenía dinero para hacer frente a su pedido.
Una semana más tarde, el 30 de mayo a la mañana una casa cercana a la de la víctima fue atacada a balazos y los peritos levantaron en el lugar 13 vainas servidas calibre 9 milímetros y un trozo de plomo. De acuerdo a la investigación, el hecho fue perpetrado con una pistola automática del tipo ametralladora. Ese mismo día, a las 13.30 la víctima recibió nuevas comunicaciones desde un número privado en las cuales le dijeron que se equivocaron de casa pero que la próxima vez eso no ocurriría. Y el 6 de junio recibió varios mensajes en su perfil de Facebook, emitidos desde un celular utilizado por Facundo M. desde Piñero con nuevas amenazas.
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Al mismo Facundo M. el fiscal Rébola le achacó haber organizado una maniobra extorsiva hacia un hombre domiciliado en el microcentro de Rosario. El 22 de mayo empezó a llamar desde un celular que la víctima no atendió por desconocer el número y luego envió mensajes amenazantes por WhatsApp que, tras ser bloqueados, empezaron a llegar vía mensajes de textos. Ese mismo día Facundo M. llamó al hombre por una línea común dándole datos precisos sobre su domicilio, nombres de familiares, el lugar de trabajo y otros datos personales. Tras ello, el 8 de junio a las 14.30 la víctima recibió nuevos mensajes intimidatorios y tras bloquear el número y hacer la denuncia se determinó que el teléfono desde el cual lo contactaban era utilizado por el detenido desde la cárcel.
Finalmente, el fiscal les atribuyó a Rocío Belén B. y su madre, Zulema Neri P., haber sustraído junto a otro hombre no identificado cables trifásicos, dos ruedas de un auto y tres ruedas de una moto del interior de un local ubicado en calle Artigas de Villa Gobernador Gálvez. También intentaron sustraer una bomba sumergible pero no pudieron y rompieron la misma. Además, el hombre que acompañaba a las imputadas intentó romper los candados de la puerta principal de la casa pero al no poder accedieron por los fondos escalando una pared para robar varias pertenencias del dueño del comercio. Para ello, dijo el fiscal Zulema P. aportó los datos para llevar adelante el atraco acordando que el botín sería distribuido entre los tres mientras Facundo M. por teléfono y desde prisión organizó la logística y consiguió un auto para trasladar el botín estando al pendiente de todo lo que ocurría por vía telefónica.
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A Facundo M. el fiscal le imputó los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, tentativa de extorsión con arma de fuego en carácter de coautor, tentativa de extorsión en carácter de autor y hurto con escalamiento en calidad de partícipe primario como jefe de la banda, encargado de comunicarse con las víctimas de las extorsiones e impartir órdenes a los demás integrantes del grupo para que realicen ataques armados, hacer pagos y cobros y amedrentar personas.
A la joven Rocío Belén B. le endilgó los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y hurto con escalamiento en calidad de coautora siendo su función ingresar chips y teléfonos a la cárcel para ser utilizados por su pareja, cargar saldos en las líneas vinculadas, dejar notas intimidatorias, realizar pagos y cobros por orden de Facundo M., brindar datos de personas a extorsionar y efectuar disparos con armas de fuego. En tanto a la mamá de la joven, Zulema Neri M., le achacaron el hurto con escalamiento en calidad de partícipes primaria.
