Con referencias a la grave situación de violencia que atraviesan los barrios Tablada y Municipal, en la zona sur de la ciudad, las cinco personas detenidas el sábado a la noche con armas en los allanamientos realizados allí quedaron imputadas ayer y con prisión preventiva por un plazo que en ningún caso excede los 30 días, mientras que dos mujeres transitarán la medida cautelar bajo la modalidad domiciliaria por tener a cargo hijos menores de edad. Con particularidades, todos quedaron acusados de tenencia de armas de fuego y de guerra de uso civil.
"No podemos convalidar que la gente tenga armas para defenderse, porque sino esto se transforma en una guerra sin cuartel", sintetizó el juez Héctor Núñez Cartelle al cierre de la audiencia celebrada en Tribunales al rechazar algunos planteos de los defensores, y aceptar la acusación de la Fiscalía en torno a la situación de los detenidos.
El origen y las acusaciones
Con una sala colmada de familiares y allegados de los acusados, los fiscales de la Unidad de Flagrancia, Luciana Vallarella y Matías Edery, detallaron que la causa tuvo su génesis en pesquisas encabezadas por distintos hechos de abuso de armas, homicidios y enfrentamientos entre bandas que tiene convulsionada a esa franja del sudeste de Rosario, lo cual llevó a desplegar los allanamientos en busca de personas sospechadas o vinculadas a esos delitos.
A la audiencia llegaron Brian Adrián S., de 19 años, detenido por hallarse en un parrillero de su casa de Chacabuco 3500 una pistola calibre 22 apta para el disparo y cuatro municiones del mismo calibre. En el techo de la vivienda, dentro de una bolsa con el escudo de Rosario Central, encontraron nueve proyectiles calibre 9 milímetros y otro calibre 22.
Además, se reflotó una causa por encubrir el robo de una moto Suzuki 100 con los guarismos adulterados. Respecto a ese vehículo el joven de 19 años tenía un antecedente originado el 4 de agosto de 2017 cuando fue interceptado por una patrulla en bulevar Seguí y Colón.
A Enrique R., de 33 años, y a su pareja Daiana A., de 31, le adjudicaron la tenencia de una carabina calibre 22 sin numeración y apta para el disparo que guardaban en un ropero de su casa, también en Chacabuco 3500, y le achacaron la tenencia de arma de uso civil.
Mientras que a Leandro C. y Fernanda C., ambos de 18 años, domiciliados en pasaje Villar 30 le imputaron la tenencia dentro de un kiosco de la vivienda de una pistola calibre 9 milímetros con la numeración adulterada, apta para el disparo, seis municiones del mismo calibre y dos cargadores. Fueron acusados de tenencia de arma de fuego de guerra sin autorización legal.
Los fiscales describieron el panorama alarmante de abusos de armas, recordaron los 28 homicidios registrados en los últimos dos años en ese contexto, y los ocho del último mes derivados de la lucha entre bandas. "Se trata de una situación de emergencia que requiere la necesidad urgente de sacar de circulación las armas con las que se cometen estos delitos y desarticular las bandas", remarcó el fiscal Edery.
Además, indicaron que en las últimas dos semanas el 911 recibió al menos 38 llamados telefónicos de vecinos que alertaban de situaciones de abuso de armas, robos, enfrentamientos y balaceras, y aportaron datos para la pesquisa de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI).
Las defensas
El defensor del Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP), Juan Pablo Nardín, por Enrique R. y su mujer, destacó que no se podía extralimitar las atribuciones de las autoridades para allanar domicilios en busca de sospechosos. Recordó que la orden de allanamiento hacía referencia a una tal "Lukitas" (que no fue hallado), que sus clientes tienen tres hijos, no cuentan con antecedentes, tienen arraigo en el barrio y que la carabina que tenían en su poder estaba en desuso y la habían guardado porque era de un familiar ya fallecido que vivía en la casa. Pidió la libertad de sus asistidos o la morigeración de la medida cautelar por una domiciliaria con controles.
El abogado Marcelo Piercecchi se plegó a su colega. Criticó defectos formales en la acusación contra su cliente, Brian S., ya que el arma que le adjudican no la tenía a su alcance, porque fue hallada en un parrillero ubicado en un patio delantero al que pueden acceder otras personas. También pidió la libertad o que subsidiariamente se le imponga un plazo de 30 días a la prisión preventiva.
Finalmente la abogada Susana Zulkarneinuf, en representación de Leandro C. y Fernanda C., se refirió a "motivos diversos de la tenencia del arma de fuego" de sus clientes en un marco de convivencia vecinal compleja. "Entendemos los allanamientos, pero esta gente trabaja en un kiosco y cuando piden ayuda a la policía no está. Son víctimas de un sistema político".
Al solicitar las medidas cautelares, los fiscales recalcaron que "todos los delitos fueron constatados debidamente y la aptitud para el disparo de las armas". Recordaron las evidencias (actas de procedimiento, testigos, órdenes de allanamiento) lo cual se traduce en la probabilidad de autoría de los hechos que les endilgan a los acusados.
Guerra sin cuartel
El juez Núñez Cartelle dio por válida la hipótesis fiscal y remarcó la ausencia de registro de todas las armas, la capacidad de disparo de las mismas y su ocultamiento, lo que convalida la probabilidad de que podrían ser utilizadas para algún ilícito.
"No podemos convalidar que la gente se defienda de esa manera porque entonces se convierte en una guerra sin cuartel, una selva que el Estado no puede admitir", recalcó el magistrado al trazar una mirada sobre la situación.
Así, el juez impuso prisión preventiva por 15 días a Enrique R.; a su mujer Daiana A., el mismo término pero bajo regimen domiciliario; a Brian S. 15 días prisión preventiva efectiva; en relación a Leandro C. ordenó prisión preventiva por 30 días, mientras que a su pareja Fernanda C., le impuso el mismo plazo pero bajo la modalidad domiciliaria.
de noche. La noche del domingo se realizaron seis allanamientos en la caldeada zona sudeste de la ciudad.
