El joven de 19 años detenido por el crimen del taxista Mario Esusy seguirá en prisión preventiva otros 90 días. Lo decidió ayer el juez Pablo Pinto tras una audiencia de revisión de la medida en la que consideró que la liberación o arresto domiciliario de Ignacio P. pondría en peligro la investigación. El reconocimiento de un testigo que sitúa al acusado en medio de una cadena indiciaria sustentada en evidencia sólida es el argumento que sostiene la imputación por dos hechos graves ocurridos en minutos: un asalto a mano armada en el que se hizo un disparo con la misma arma que mató al taxista, y el posterior homicidio “críminis causa” del chofer, delito que contempla penas muy elevadas.
Esusy fue asesinado la madrugada del 18 de abril pasado mientras esperaba a una pasajera en la esquina de Casilda y Formosa. Según la Fiscalía fue abordado por tres jóvenes que iban en una moto roja y lo mataron para robarle. Ignacio P. cayó dos días después sindicado como uno de ellos. Al allanar su casa se incautó un arma calibre 22 que sus familiares afirman que “fue plantada”.
En la audiencia de ayer la fiscal Marisol Fabbro pidió renovar la preventiva por 90 días. Enumeró como evidencias el relato de dos jóvenes víctimas del hecho previo a quienes un amigo, Lautaro, llevó en moto hasta su casa momentos antes del atraco. Fue este joven quien declaró haber visto una moto con tres jóvenes del barrio Cotar que reconoció como “Nacho, Julito y Elías”.
Como novedades de la pesquisa, la fiscal argumentó contra la teoría esgrimida por la defensora Vanesa Vargas 45 días atrás en la audiencia imputativa. Dijo que ésta “mintió tres veces” sobre dichos de testigos que al ser citados a declarar negaron haber visto a P. donde éste alegó haber estado. Y reveló que Lautaro denunció días después haber sido amedrentado en un boliche por amigos del imputado.
A su turno Vargas postuló nuevos elementos a su entender desincriminantes. Además de esgrimir otros tres testimonios que respaldan la coartada de P. se refirió a un audio de WhatsApp extraído de la pericia al celular del acusado que sugiere que a la hora del crimen su cliente estaba chateando con amigos y no subido a una moto en plan delictivo.
“No podemos estar seguros de que ese audio fue enviado a esa hora”, respondió la fiscal al sostener que esas pericias no ofrecen certeza. Y alegó requerir análisis complementarios tanto del material colectado del teléfono de P. como de imágenes de videocámaras privadas que muestran una moto con tres ocupantes a metros del taxi de Esusy. Ese registro, que fue remitido a un laboratorio con la intención de mejorar su calidad, podría agregar nuevos elementos sobre un aspecto del que casi no hubo menciones ayer: precisamente, el crimen de Esusy.
Riesgo procesal
Argumentando que su cliente fue reconocido por un testigo que no estuvo en ninguna de las dos escenas delictivas que le atribuyen, Vargas cuestionó que siga preso. Afirmó que la liberación o morigeración del arresto no perjudicarían la investigación, alegó que P. no tiene antecedentes y ofreció medidas alternativas con garantía de familiares.
Al resolver, Pinto refrendó la teoría fiscal alegando que ya había sido ratificada en la apelación —lo mismo para la prisión preventiva— y considerando que el señalamiento del testigo que ubica en la moto al acusado no está desacreditado; al tiempo que consideró como riesgo procesal que allegados al acusado lo hayan amedrentado en un boliche.
