La fuga de nueve reos de un camión del Servicio Penitenciario (SP) mientras regresaban el martes a la cárcel de Coronda luego de visitar a familiares sigue generando chispazos entre el poder político y la Justicia. Ayer, el gobernador Miguel Lifschitz manifestó que "el sistema judicial genera beneficios para personas detenidas", en relación a las autorizaciones que se conceden a reclusos. Pero rápidamente le salieron al cruce desde el Colegio de Magistrados de Rosario. "Las declaraciones del gobernador no son acertadas", contrarrestó el vicepresidente de la entidad.
Mientras la Tropa de Operaciones Especial (TOE) y brigadas de la Policía de Investigaciones (PDI) despliegan allanamientos buscando a los seis reclusos que siguen prófugos tras escapar el martes al mediodía de la unidad de traslado en el kilómetro 3 de la autopista Rosario-Santa Fe, se siguen multiplicando polémicas en torno al cinematográfico hecho.
En un programa televisivo Lifschitz se refirió a la fuga y consideró que "fue un incidente que se generó dentro del vehículo, que obligó a detenerlo y aprovecharon la circunstancia para fugarse" tras robar un auto que circulaba por el lugar.
El titular de la Casa Gris aseveró que "cuanto menos hay negligencia o mala práctica del Servicio Penitenciario". Y reconoció que "estas personas debieron haber estado esposadas y algunas que no lo estaban", situación que investiga la fiscal Carina Bartocci.
Cuando recordó que los detenidos eran trasladados de una cárcel a otra para que pudieran tener cercanía con sus familiares, dijo que se trataba de "algunas de las concesiones que el sistema judicial hace en función de los derechos de los detenidos, pero son situaciones riesgosas".
La respuesta
El Colegio de Magistrados de Rosario no tardó en recoger el guante. El vicepresidente de la entidad, Gustavo Salvador, dijo que "sin entrar en polémicas, las declaraciones del gobernador no son acertadas".
Y sostuvo que "en el marco del desarrollo de un proceso penal contra una persona existen derechos que le asisten. Y para cumplirlos hay que poner en marcha un mecanismo en donde puede suceder que el Poder Judicial decida el traslado. Pero lo único que hace el operador de Justicia es disponer que se efectúe".
En ese sentido, remarcó que el Tribunal "emite la orden", pero aclaró que "cómo se efectúa el traslado es algo ajeno al Poder Judicial. Para eso está el Servicio Penitenciario". Y recordó que "la ley nacional de Ejecución Penal regula determinados derechos que tienen todas las personas privadas de la libertad. Esos beneficios los tiene que instrumentar el Servicio Penitenciario, es decir el encargado de ejecutar el cumplimiento de una pena".
En relación a la investigación de la fuga, desde la Fiscalía Regional se informó que aún no declararon los carceleros que tenía la custodia de los presos y tampoco se fijó fecha de audiencia imputativa. Mientras, se espera el resultado de las pericias sobre las esposas que debía tener los reclusos, que debían estar amarradas al camión, con lo cual se trata de determinar si tenían alguna falla.
