El ex fiscal Fernando Rodrigo, separado de su cargo hace un mes y medio tras ser investigado y denunciado penalmente por escuchas ilegales a una abogada que fue su pareja y a dos amigas de esa joven (ver aparte), ya había sido denunciado en diciembre pasado ante la Legislatura provincial por mal desempeño de sus funciones en una causa en la cual, según la presentación, "se extralimitó en su rol y ejerció presión sobre las víctimas de un caso que investigaba frustrando así un acuerdo abreviado entre las partes". Por aquel hecho al fiscal se le abrió un sumario administrativo del que no se conoce el resultado. Legisladores oficialistas, el Colegio de Abogados, la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y altos funcionarios de este organismo estaban al tanto de la situación, pero todo se mantuvo en absoluto hermetismo.
Al cabo de un mes y medio del escándalo que generó la renuncia de Rodrigo, La Capital accedió a un documento en el cual se ventila una grave acusación en su contra presentada ante la Cámara de Diputados de Santa Fe en diciembre y que significó la apertura del sumario Nº 002/2016. Previo a ese hubo otro que se desconoce y el surgido tras las escuchas ilegales es el Nº 003/2017.
La denuncia la presentaron los abogados Sergio Perrune y Estela Marelli, que habían sido contrapartes en 2014 en un juicio (carpeta Nº 21-06112281-5) cuyo derrotero dio lugar a serios cuestionamientos sobre Rodrigo, quien investigaba el caso.
En esa causa Perrune defendía a los acusados y Marelli asesoraba a las víctimas, que habían formalizado la denuncia y se habían constituído como querellantes. El 23 diciembre de 2014 Rodrigo imputó a los clientes de Perrune por amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de guerra, lesiones leves y abuso de armas.
En ese contexto Perrune solicitó acogerse a la suspensión del juicio a prueba (instancia contemplada cuando las partes dan consentimiento). Con ese objetivo se realizaron dos audiencias: el 19 y 26 de octubre de 2015. Pero ante la oposición del fiscal Rodrigo, el juez Javier Beltramone rechazó el pedido de la defensa que apeló y solicitó la nulidad de la resolución con el fin de llegar a un acuerdo de partes.
El conflicto llegó a manos del camarista Daniel Acosta, que tras evaluar las posturas revocó la resolución de Beltramone e hizo lugar a la propuesta de la defensa. Sin embargo Rodrigo insistió con la acusación y en octubre de 2016 interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante Acosta, que se lo denegó. Por eso fue en queja a la Corte Suprema provincial que le rechazó el planteo.
Ante la demora en la resolución del caso y frente a las negativas de la Cámara y la Corte, las víctimas se vieron afectadas y solicitaron un proceso de acuerdo con la defensa. Así, la abogada querellante desistió con acuerdo de sus clientes, que aceptaron un resarcimiento de los imputados además de convenir una reparación a través de una probation.
Como indica el procedimiento, el acuerdo se presentó en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) para que se notifique al fiscal y al juez del caso.
Un llamado cuestionado
Pero en una actitud cuestionada por los denunciantes Rodrigo llamó a las víctimas del caso y les advirtió que los abogados habían acordado sin su consentimiento y que él iba a continuar con la acusación. "Citó a estas persona en la Fiscalía sin que los abogados estemos notificados y les dijo que los habíamos traicionado, que iba a seguir con la causa y que nos iba a denunciar por prevaricato. Tuvo una conducta alejada de su función", indicó Perrune.
"Haciendo abuso de su investidura y de las atribuciones y facultades de ley, se comunicó con quienes ya habían manifestado por escrito que daban por finalizada toda cuestión, dando por sentado su desinterés", agregó el abogado. Es más, los denunciantes advirtieron que fuera de toda norma, Rodrigo interrogó a los querellantes por sobre su abogada.
Así las cosas, el 24 de noviembre de 2016 se realizó la audiencia preliminar (previa al juicio), instancia en la que el fiscal dijo tener "nueva prueba", criticó el acuerdo de partes y advirtió que denunciaría a los abogados. Pero el juez Hernán Postma, en este caso, hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba y aceptó la probation aclarando que no advirtió anormalidades.
Además, cuando los querellantes esbozaron echarse atrás con el resarcimiento cobrado, el juez les sugirió que devolvieran el dinero, ante lo cual "salieron despedidos de la audiencia" dijo una de las partes.
Luego de más de dos años, en vez de propender a la economía procesal y la resolución del conflicto, el fiscal apeló la resolución de Postma y pidió la revocatoria de todo lo actuado.
Doble revisión
Así, a pesar de que había sido materia de revisión en dos instancias (Acosta y la Corte Suprema) el legajo volvió a la Cámara Penal y recayó en el juez Gustavo Salvador. Perrune indicó que este magistrado "revocó todas las actuaciones e insólitamente el caso volvía a foja cero". Agraviado por esa decisión, Perrune planteó la inconstitucionalidad y Salvador se la rechazó. En ese contexto y ante la falta de respuestas de Jorge Baclini, quien era fiscal regional, Perrune y Marelli denunciaron a Rodrigo ante la Legislatura con un escrito que cuestiona en duros términos el accionar del funcionario.
"Haciendo abuso de su investidura y de las atribuciones y facultades de
ex fiscal. Fernando Rodrigo renunció hace poco más de un mes por una causa que trascendió antes que ésta.
