Seis fusiles calibre .308 similares al calibre 7,62 que utiliza la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y compatible con el FAL de las fuerzas armadas argentinas, y una carabina calibre 22 con mira telescópica fueron vendidas a un agente encubierto de la policía rosarina en 350 mil pesos. Esas armas habían sido robadas a un estanciero de la ciudad cordobesa de Marcos Juárez en enero pasado y luego ofrecidas a la venta en la localidad entrerriana de Victoria. En una ambiciosa investigación comandada por los fiscales Valeria Haurigot y Pablo Socca el armamento fue adquirido por un agente revelador (encubierto). ¿Los vendedores? Un policía con licencia por carpeta médica desde hace 3 meses que supo ser parte del área de Criminalística de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y su hermano, trabajador de un frigorífico, quienes fueron acusados junto a otras seis personas como parte de una banda que vendía ilegalmente armas de dudosa procedencia. Ambos quedaron bajo prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años.
En una audiencia celebrada el jueves pudo accederse a una de las pocas investigaciones montadas por la Justicia rosarina sobre la venta ilegal de armas. Y en el transcurrir de esa audiencia se ventilaron una serie de elementos, varios de ellos recurrentes, que exponen el círculo vicioso que alimenta la violencia en las calles rosarinas. De los ocho acusados, tres son policías. Dos de ellos, Sergio González y su esposa _una agente que se desempeña en el Comando Radioeléctrico_ y que también goza de licencia por carpeta médica. Un tercer policía, Alan Juárez, también del Comando, quedó imputado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego al encontrarse en su vivienda un revólver calibre 22 largo marca Pasper modelo Bagual sin tener carné de portación y una replica de otra arma de fuego. Además de haber quedado bajo sospecha de pasar en un móvil policial por la casa de Sergio González minutos antes de una de las cinco entregas controladas en la que se negociaron las armas con el agente encubierto.
Y transitando la dinámica de la venta de armas de esta gavilla quedaron un sin fin de preguntas con respuestas que espantan. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), la sucesora de lo que fuera el Renar, encargada de controlar y fiscalizar la Ley Nacional de Armas y Explosivos no trabaja por la pandemia desde mediados del año pasado. A lo largo de las negociaciones que llevaron adelante los hermanos González con el agente revelador que portaba el apodo de “Elías” puede percibirse la presencia de vendedores totalmente desinteresados respecto a qué iban a hacer con esos fusiles los compradores. Y lo propio pasó con las municiones y armas de puño que el grupo ofrecía. Ese descuido, quizás, los llevó tras las rejas.
Rosario es una ciudad bajo fuego desde hace una década, al menos. Una de las preguntas que habitualmente se escuchan en la calle es de dónde salen tantas armas y municiones. Por lo expuesto en la audiencia celebrada el jueves, una de las vertientes del fenómeno regional de la venta ilegal de armas está dada en el robo a particulares. El 24 de enero pasado seis hombres armados ingresaron en una vivienda ubicada en el ingreso a la localidad cordobesa de Cruz Alta, en el departamento Marco Juárez, y tras privar de la libertad a una pareja de 66 años se llevaron al menos 32 armas de fuego y municiones, además de dinero y joyas según la investigación que lleva adelante el fiscal Fernando Epelde Payges.
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Pocos días después de ese robo, en la ciudad entrerriana de Victoria, a unos 200 kilómetros de Cruz Alta, esas armas comenzaron a ser ofertadas. Un buche recogió el guante y le transmitió el dato a un experimentado policía, hoy en AIC, que comenzó a hurgar sobre esa información con la esperanza de hallar la punta de un ovillo enmarañado. El ofertante, apodado “Rosarino” solo por la referencia geográfica, se identificaba por el nombre de pila de “César”. A partir de ahí todo lo que se conoce del caso destierra cualquier prejuicio relacionado a las negociaciones vistas en películas, o leídas en best sellers como “Contacto en Francia”, “El Confidente” o la más reciente “El señor de la guerra”.
El policía de la AIC compró un chip de celular con característica de una localidad aledaña a Rosario, llamó a César y le dijo que estaba interesado en comprar armas. César (González) le respondió que tenía fusiles y que lo iba a contactar con su hermano Sergio. Y a la hora y media, ese hombre lo llamó. “Soy Sergio, el hermano de César”. Todo eso ocurrió el 1º de marzo y a ese contacto lo continuó el agente revelador Elías amparado por la ley 27.319 que brinda mecanismos para las pesquisas de los llamados “Delitos Complejos”.
A partir de entonces Elías participó de cinco entregas controladas en las que adquirió un fusil calibre 300 Winchester Magnum marca Weatherby modelo Mark V; un fusil Winchester modelo 70 XTR 308 WIN fabricado en Connecticut (Estados Unidos); un fusil Winchester Trade Mark modelo 70 375 H&H MAG del mismo origen; un fusil Mauser argentino de 1909 Deutsche WaffenUnd Munitions con el escudo nacional impreso; un fusil Weatherby TM Paso Robles K fabricado en Japón; un fusil Ruger 77/17 y una carabina calibre 22 Zbrojovkabrno N.P de industria checa con una mira telescópica Nikon Prostaff. Todo ese parque por 350 mil pesos en dos pagos. Una entrega de 100 mil pesos y una segunda cuota de 250 mil. El arreglo era por dos fusiles más, pero esas armas ya habían sido vendidas. Y todos esos elementos pertencecían a lo robado en la estancia de Cruz Alta.
La mayoría de las entregas fueron realizadas en el domicilio de Sergio González, en los confines de barrio Ludueña. Y el agente encubierto estuvo dentro de ese domicilio entre 20 y 30 minutos en cada operación. Todas las entregas controladas se filmaron y fotografiaron y se pagaron con billetes marcados.
Cada escucha referida en la audiencia conduce necesariamente a la expresión “pero cómo puede ser”. Los hermanos González vendían los fusiles como si fueran frutas de estación de una verdulería online. Ante la demanda de armas cortas y municiones determinadas, utilizaban la expresión “hay que esperar el próximo embarque”. Sergio, al explicarle a un incrédulo Elías sobre el funcionamiento de las tarjetas de consumo que tiene cada portador de armas terminó develando el nombre de la armería con la que trabajaba. Y no conforme con eso contó como le vendían “bajo cuerda” y de que manera fraguaban datos en esas tarjetas de consumo que tienen un límite de mil proyectiles por calibre y sin lo cual no se puede comprar munición legal.
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Habrá que seguir con atención la evolución de la causa sobre los otros dos detenidos bajo prisión preventiva por 60 días. La Fiscalía dejó entrever que sospecha que Alan Juárez sea el policía que, pocos minutos antes de comenzar la primera entrega controlada, se estacionó frente a la casa de Sergio González con el móvil 7597 asignado al Comando Radioeléctrico. “La Fiscalía está siendo generosa al mostrar todas la cartas”, indicó la fiscal Haurigot al momento de referirse al policía de 26 años. Juárez adujo que había ido a visitar a González porque era su amigo.
El otro que aparece como complicado es el sodero José Luis Andino, en cuya casa del barrio De la Carne se encontraron al menos 2.200 municiones (1.037 cartuchos para escopeta y 1.109 proyectiles calibres 9, 40, 45, 635, 22 largo, 32, 38 y 357), 8 armas de puños y 9 armas largas, tarjetas de armas y de consumo, algunas a su nombre y otras a nombres de terceros. Andino dijo ser compañero de caza de César González y fue él único que declaró en la audiencia. Lo hizo para tratar de desvincular a su esposa. Respondió preguntas de la Fiscalía, quien lo consultó sobre si conocía a una persona determinada. El sodero dijo que no. La fiscal Haurigot le recordó que era el dueño de una de las tarjetas de consumo que se le secuestraron. Por la modalidad y el peso específico de las armas, esta será una causa para no sacar el ojo de la mirilla, aunque la misma no sea telescópica.
