Dos hermanos, uno de ellos un policía provincial con licencia por carpeta médica, fueron imputados ayer por ser los cabecillas de una banda que fue desbaratada el lunes pasado y que se dedicaba a la venta ilegal de fusiles, armas de puño y municiones al mejor postor y sin interesarles en lo más mínimo para que era utilizado ese arsenal. Tras el trabajo de ingeniería que llevaron adelante los fiscales Pablo Socca y Valeria Haurigot, a cargo de la acusación, la jueza María Trinidad Chiabrera les dictó a ambos la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años. Además fueron imputadas otras seis personas: las esposas de ambos, una de ellas otra policía con carpeta médica; otro de los hermanos en cuya casa hallaron dos armas de puño que debían serían retiradas por un tercero; un sodero al que le incautaron en su casa 2.200 municiones de todo tipo y 17 armas (nueve de ellas largas); y un policía en actividad en el Comando Radioeléctrico. Para ellos la magistrada dictó prisiones preventivas y libertades bajo fianzas acordadas entre las partes.
La investigación de los fiscales Haurigot y Socca, quien junto a su par Federico Rébola llevan adelante la Unidad que investiga la saga de balaceras que sacude a Rosario desde hace varios años, expusieron la que es quizás la más ambiciosa pesquisa sobre la venta ilegal de armas. Llevaron a audiencia imputativa a ocho personas que fueron blanco de diferentes acusaciones. Los hermanos César y Sergio González, el primero un trabajador frigorífico de 41 años y el otro un policía de 49 bajo licencia médica que trabaja en una carnicería, fueron presentados como quienes encabezan esta organización aunque en la acusación nadie los retrató como jefes u organizadores. A ellos los fiscales los imputaron como integrantes de una asociación ilícita, provisión ilegal de armas agravada por la habitualidad y encubrimiento agravado.
En orden de gravedad también fueron acusados el policía del Comando Radioeléctrico Alan Juárez, de 26 años, por la tenencia ilegal de un revólver calibre 22 de uso civil que tenía en un ropero de su casa; y el sodero José Luis Andino, de 48 años y domiciliado en el barrio Tablada, que al momento del allanamiento a su casa tenía al menos 2.200 municiones, 8 armas de puños y 9 armas largas. A ambos la jueza Chiabrera le dictó prisión preventiva por 60 días y los fiscales dejaron abiertos sobre ellos varios interrogantes que podrían colocarlos en el interior de la asociación ilícita que se investiga.
A Héctor González, trabajador de un frigorífico y hermano de los dos hombres más complicados, los fiscales lo acusaron por la tenencia de dos armas: una pistola calibre 11.25 y un revólver 22 que sus parientes ofrecían a la venta. La jueza lo dejó en libertad pero afectado al proceso por una fianza de 200 mil pesos. En tanto, a Rossana Zalazar, esposa de Andino, se la acusó de tener una participación menor en la organización y la magistrada le dio la libertad por el pago de una caución de 100 mil pesos. En el caso de Mariana Guzmán, otra policía con carpeta médica y esposa de Sergio González, los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) también la vieron como una integrante de la asociación ilícita, pero será liberada bajo el pago de una fianza de 100 mil pesos, entre otras cosas porque está al cuidado de su madre enferma.
A Cintia Sanzana, esposa de César González, la liberaron bajo una fianza de 100 mil pesos por estar al cuidado de un pequeño hijo con severos problemas neurológicos. “La enfermedad de su hijo no debe ser tomada como una licencia para que el padre delinca”, advirtió el fiscal Socca. La mujer fue la única que llegó a la audiencia en libertad y consigo llevó a su hijo convaleciente atado a una mochila de oxígeno.
Robo en Marcos Juárez
La ruta de las fusiles y las carabinas que ofrecían a la venta los hermanos César y Sergio González eran parte de un parque de 32 armas robadas en una estancia de la ciudad cordobesa de Marcos Juárez el pasado 24 de enero. Ese día seis hombres armados redujeron a una pareja de 66 años dueña del campo y se llevaron además de las armas dinero y joyas. Las víctimas realizaron la denuncia que es investigada por un fiscal de la mencionada ciudad mediterránea y que pasó totalmente imperceptible para los radares del público rosarino.
Sin embargo fue el puntapié para descabezar a la banda que actuaba en Rosario y ayer fue imputada. La causa comenzó cuando un experimentado pesquisa de la policía rosarina recibió por vía de uno de sus buches, información de que en la ciudad entrerriana de Victoria el apodado “Rosarino” estaba ofreciendo armas para caza a un precio bastante por debajo del costo de mercado. El policía lo planteó en la Unidad Fiscal de Investigación de Balaceras y los fiscales Haurigot y Socca autorizaron cazar al sospechoso.
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Así comenzó un trabajo de investigación que incluyó la figura de un “agente revelador”, una especie de policía encubierto que comenzó a contactar al Rosarino. Ese agente no se encontró con un cerco inexpugnable y tampoco con un grupo de paranoicos que pensaran que podían ser blanco de una cacería. Todo lo contrario. Encontró dos contactos que no presentaban mayores impedimentos y que se mostraban completamente desinteresados respecto a la finalidad que le daría a los fusiles de caza calibre .308 que les pedía comprar. “Mirá que yo no los quiero para hacer nada malo”, le dijo el agente que trabajaba bajo el seudónimo de “Elías”. “A nosotros para qué lo vayas a usar no nos importa”, le respondieron. Rápidamente acordaron la venta de ocho fusiles calibre .308 por 350.000 pesos.
Y mientras tanto Elías les seguía “comiendo la oreja” para conocer que más tenían. “Tenés revólveres o pistolas”, les preguntó. “Amigo, no me quedó nada. Hay que esperar el próximo embarque para ver que hay”, fue la respuesta que obtuvo. A partir de ese momento y con ese juego de seducción, Elías entabló un vínculo de confianza con los hermanos César y Sergio González. Así se concretaron cinco entregas controladas de armas en las que Elías se hizo con seis fusiles, una carabina calibre 22 y un sinnúmero de municiones. Esto último como una gentileza ya que no llegaron a conseguir los dos fusiles prometidos. Todo ese parque de armas se corresponde con parte del botín robado en la estancia de Marcos Juárez.
Armería de confianza
Pero eso no fue todo. Además de los mensajes de Elías con los hermanos González, las entregas controladas fueron filmadas y escuchadas con intervenciones judicializadas. Así los González fueron contando parte de sus secretos. “Nosotros trabajamos con una armería que te vende bajo cuerda”, le contaron a Elías. “Ellos cargan esas ventas en tarjetas de consumos de otros usuarios. No hay problema con eso”, agregaron. Cada tarjeta de consumo de un usuario legal de armas tiene una capacidad de mil municiones de distintos calibres. Y en teoría se van actualizando a medida que se va consumiendo el monto pactado. ¿Quién controla eso? La Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), la sucesora de lo que fuera el Renar. “La Anmac no trabaja desde mediados del año pasado por la pandemia. Por eso nos está siendo muy complicado presentar los informes y la documentación necesaria en esta audiencia”, explicó la fiscal Haurigot.
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La audiencia, que duró algo más de cinco horas y tuvo tres cuartos intermedios, dejó abiertos muchos interrogantes imposibles de conocer en esta instancia inicial de la investigación. No da la sensación que sea esta gavilla la que alimenta de balas a una ciudad atormentada por la violencia armada y la muerte. Pero puede ser el botón de muestra de una metodología. Una forma de operar. Y otra vez hay policías integrando bandas delictivas. ¿Puede controlar el armamento callejero una agencia nacional que hace varios meses que no trabaja? ¿Puede la oferta de armas en las calles de la ciudad ser tan impúdica y moverse tan impunemente? ¿Quién robo las armas en la estancia de Marcos Juárez? ¿Son ellos parte de gavillas como la desbaratada en Rosario? Esta es una investigación a la que habrá que prestarle ojo para conocer como se mueven los engranajes que alimentan la violencia callejera.
