Ariel Máximo “Guille” Cantero, el líder en cautiverio de la banda de Los Monos, enfrenta desde ayer un nuevo juicio en su contra. Esta vez llegó al banquillo como instigador de una saga de balaceras cometidas contra edificios del Poder Judicial y viviendas de funcionarios. Por siete de esos hechos, los fiscales a cargo de las investigaciones pidieron para él una pena de 24 años de prisión que, de confirmarse en el marco del debate oral y público que deberá realizarse, será su séptima condena. Por la misma saga, que en total sumó once episodios, en la audiencia preliminar que se llevó adelante ayer en el Centro de Justicia Penal bajo la presidencia del juez Hernán Postma y que pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, hay otros ocho acusados para los cuales los representantes del Ministerio Público de la Acusación solicitaron altas penas.
En octubre de 2018 los fiscales Matías Edery, Gastón Avila, Aníbal Vescovo y Miguel Moreno ya habían imputado a estas personas por los ataques que sacudieron los cimientos del Poder Judicial local y que se prolongó entre mayo y agosto de ese año. Entonces dijeron que los hechos “se dieron en el marco de una saga de atentados que se iniciaron el 29 de mayo (de 2018) y que tienen como denominador común haber sido dirigidos hacia inmuebles que son sede de dependencias oficiales del Poder Judicial, puntualmente el Centro de Justicia Penal y el Ministerio Público de la Acusación, y domicilios donde habían vivido funcionarios públicos del Poder Judicial y de la provincia de Santa Fe o sus familiares directos”.
En aquella extensa audiencia presidida por el juez Héctor Núñez Cartelle, el fiscal Miguel Moreno expresó que “hay evidencia suficiente para afirmar que Guille Cantero, desde sus lugares de detención y a través de distintos teléfonos celulares, derivó la organización de los ataques a personas de su confianza, como Daniel «Teletubi» Delgado y Matías Nicolás César, quienes comandaban sendas células de la organización criminal destinadas a la comercialización de drogas” y que ahora están entre quienes se aprestan a ser juzgados.
Las balaceras por las que se acusa a las nueve personas son las ocurridas en Montevideo 1040, Italia 2118, Zeballos 2575, Dorrego 1615, Libertad 370, Sarmiento 2850 (la primera balacera al Centro Justicia Penal), Tarragona al 700 bis, Buenos Aires 1743, San Luis 1451, Montevideo 1968 (primera balacera contra la sede de Fiscalía) y Lamadrid al 500, donde se halló una granada.
En ese sentido, los fiscales sostuvieron que los imputados desempeñaron distintos roles en cada uno de los casos y no todos ellos participaron de los mismos. Así, las acusaciones son por ser instigadores, participes primarios y autores con imputaciones de amenazas coactivas agravadas por ser anónimas utilizando arma de fuego y tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público provincial en concurso real con daño calificado.
Así las cosas, pidieron 24 años de prisión y la declaración de reincidencia para Guille Cantero por ser considerado instigador de siete de los ataques. El mismo monto de pena se pidió para Lucía Estefanía Uberti, a quien acusaron de nueve balaceras en carácter de partícipe primaria y otra como instigadora; y para Matías Nicolás César (a quien lo cosideraron reincidente), le achacan diez hechos en carácter de partícipe primario.
Para Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado, quien está cumpliendo una pena de prisión de 21 años como ejecutor del Triple Crimen de Villa Moreno ocurrido el 1º de enero de 2012, los fiscales ahora solicitaron una condena a 13 años de prisión tras atribuirle tres de los hechos investigados por lo que su pena podría ascender a 34 años tras las rejas.
Para Claudio Daniel Canavo el Ministerio Público de la Acusación solicitó 15 años de prisión por cuatro balaceras; para Leonel Fernández 12 años de prisión por un ataque; para Oscar Enrique Chávez, 9 años de cárcel por un hecho, para Leonardo Daniel “Chulo” Olivera, 13 años de prisión por tres balaceras, y para José Alberto Castillo, 12 años de prisión por un ataque a tiros.
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Al momento de la imputación, los fiscales destacaron que las personas a las que fueron dirigidos los ataques habían “participaron en la investigación o juzgamiento de algunos integrantes de la familia Cantero (miembros de la banda de Los Monos), o que tienen a su cargo recursos de apelación de fallos que los involucran”. Y agregaron que “existen elementos que acreditan vínculos más o menos directos de los organizadores y ejecutores (de los ataques) con Ariel Máximo Cantero, y pruebas directas e indicios de que éste fue quien transmitió a sus subordinados datos esenciales para la concreción de los atentados, quienes pusieron al servicio de esta empresa criminal una estructura clandestina de recursos humanos y materiales preexistentes destinada al tráfico de drogas y delitos conexos como abusos armas, amenazas calificadas, extorsiones y homicidios”.
En ese orden, los fiscales dijeron que “existe profusa evidencia de que César y Delgado estaban estrechamente vinculados con Lucía Uberti, la cual tuvo a su cargo la coordinación y el planeamiento de la faz operativa de varios de los hechos delictivos, valiéndose para ello de distintos grupos de subordinados de la organización criminal que cumplen el rol de sicarios o tiradores, quienes se encargaron de la ejecución material de los ataques, en algunos casos con el apoyo logístico de Uberti”.
Y remarcaron que “la evidencia analizada en manera conjunta da cuenta de la existencia de un plan sistemático tendiente a generar un impacto institucional por medio de actos intimidatorios sostenidos en el tiempo y dirigidos a miembros de instituciones públicas del estado provincial”.
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En cuanto a los casos por los que la banda será juzgada, todos cometidos en 2018, se trata de:
•29 de mayo. Ataques a dos viviendas en las que había vivido el juez Ismael Manfrín, ubicadas en Italia 2118 y Montevideo 1040.
•26 de julio. Ataque contra dos viviendas, en Zeballos 2575 y Dorrego 1615, vinculadas a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, que integró el tribunal en el juicio contra Los Monos.
•4 de agosto. Un departamento de Libertad 370 que hasta 2001 perteneció a la familia Usandizaga y una balacera contra el Centro de Justicia Penal de Sarmiento y Rueda.
•5 de agosto. Una vivienda de Tarragona al 700 bis que la fiscalía atribuye a un error del tirador ya que el blanco era una casa de Tarragona al 700 vinculada a la familia de la jueza Carolina Hernández, una de las magistradas que integran el tribunal que revisó la apelación en la causa por asociación ilícta a Los Monos.
•10 de agosto. Fue atacada a tiros una vivienda de la familia Usandizaga en Buenos Aires 1743.
•13 de agosto. Vecinos de San Luis 1451 denunciaron haber hallado marcas de balazos en el frente y el interior de un edificio vinculado con la jueza de Cámara Gabriela Sansó, también miembro del tribunal de apelación.
•14 de agosto. Se registró el ataque contra la sede del Ministerio Público de la Acusación, de Montevideo 1968.
•28 de agosto. Arrojaron una granada de gas lacrimógeno en Lamadrid al 500, donde funciona la ex Policía de Investigaciones, actualmente Agencia de Investigación Criminal (AIC).
