El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

Carlos Razzetti, el hijo del bioquímico y dirigente peronista Constantino Razzetti, asesinado por la Triple A en Rosario en 1973 —crimen que continúa impune—, presentó este jueves un hábeas corpus preventivo a raíz de su imputación como presunto autor de “amenazas de muerte” contra magistrados y fiscales de la Justicia federal de nuestra ciudad, según reportó el propio Razzetti a La Capital.

“Vengo a realizar en tiempo y forma la presentación de este habeas corpus preventivo, en razón que soy una doble víctima de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, condición que está acreditada y reconocida en sede judicial federal y provincial y sede administrativa municipal, totalmente revictimizada nada más ni nada menos que desde hace más demedio siglo, todo ejecutado bajo las maniobras ilegales por las responsabilidades exclusivas de los funcionarios públicos y judiciales, que se supone son quienes deberían dar soluciones a mis casos, cumplir y hacer cumplir con mi protección bajo los parámetros y recomendaciones, de la Constitución Nacional y de la Provincial, leyes nacionales y resoluciones de la ONU”, sostiene Razzetti en el escrito judicial al que accedió este diario.

Constantino Razzetti, asesinado por la Triple A en 1973 en Rosario

El bioquímico, vicepresidente del Banco Municipal y dirigente peronista Constantino Razzetti fue asesinado por un comando de la Triple A en la madrugada del 14 de octubre de 1973 cuando llegaba en su auto Valiant 4 con su familia a su casa de Callao 2674. “Esta causa sigue impune pese a haber demostrado esta víctima totalmente revictimizada desde la sede judicial los luctuosos hechos, sus autores, responsabilidades y la permanente y sistemática denegación de justicia durante más de medio siglo”, abundó Razzetti en su presentación.

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Razzetti denunció que “el fiscal de Derechos Humanos Adolfo Villate confesó en una nota que le dio al diario El Ciudadano y la región el 27 de marzo 2023 que, según sus sospechas, “desde la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario”, le estaban dando al asesino ideológico y Triple A Luis Rubeo (padre) “tiempo para no tener que indagarlo porque era un hombre de avanzada edad” y justamente las sospechas del doctor Villate se cumplieron intrínsecamente, como la profecía de un oráculo, el fiscal Villate obvió cumplir sus deberes y nunca denunció la comisión de ese delito porque en definitiva fue lo que pasó, causándome más daños a los preexistentes, que databan desde 1973”.

En este sentido, Razzetti advirtió que “el doctor Villate, junto al fiscal Juan Patricio Murray, en coordinación con el narco exjuez (Marcelo) Bailaque y otros sicarios judiciales se cansaron en mis causas y en otras más de cometer como mínimo prevaricato, abuso de autoridad, lesionar reiterada y sistemáticamente a esta víctima, atentar contra sus propios actos discrecionales, y lesionaron mis derechos a percibir la correcta administración de justicia”.

Razzetti reveló en su texto un episodio de 2024: “Pese a mis pedidos de medidas cautelares que el mismo fiscal Villate recomendó otorgar en uno de sus dictámenes, poco tiempo después cuando el TOF 2 le preguntó su opinión sobre si correspondía otorgarme esa medida coercitiva respondió que 'no' y con ello agravó mi estado de salud en forma brutal y directa llevándome con su falta de legalidad y de respuesta acorde al borde de mi fallecimiento porque su negativa ilegal al extremo me privó de recibir los gastos médicos de medicamentos y demás atención, quedando esta victima con secuelas crónicas, vitalicias, y además fue violatorio de sus propios deberes y de las leyes nacionales y de las resoluciones de la ONU que protegen a las víctimas de delitos de lesa humanidad”.

En otro punto, el peticionante reveló los textos de dos mensajes de WhatsApp enviados a priori por el fiscal Juan Patricio Murray durante la pandemia de Covid-19, que rezaban: “Bueno, mucha fuerza, Carlos, no pudo con vos la Tiple A, la dictadura, el sistema de Justicia argentino que son mucho más peligrosos que este bichito”. En este caso, Razzetti asegura en su escrito que “por la fecha se deduce que está hablando del Covid-19 y su deseo de mi recuperación ya que me lo contagié cinco veces, pero lo increíble es que acusó al sistema judicial de ser peor que la última dictadura militar, que la Triple A, que el sistema de justicia en comparación con el Covid-19 porque entre esos tres organismos paraestatales y represores lograron ilegalmente el deceso mínimamente de 65.000 mil argentinos”.

El segundo WhatsApp atribuido a Murray, según Razzetti, sostenía: “Nada que agradecer, debo agradecerte a vos que aún no nos haya metido un caño o nos hayas cagado a tiros a todos”. En este punto, Razzetti asegura: “Esta afirmación del doctor Murray nos deja entender, y muy en claro, que me incitó a ejercer actos de violencia porque nada más incitador que sostenga el fiscal la impunidad con que se manejan”.

Razzetti concluye en su presentación que “el fiscal federal consideró que se encuentra altamente probado en sede judicial que están quebradas todas y cada una de mis garantías y derechos fundamentales como víctima de dos delitos de lesa humanidad, acusación tan cierta que se demuestra que llevo 51 años litigando sin lograr que me reparen por los daños ocasionados, que son cuantiosos”.

El peticionante agrega: “A los efectos de lograr que inmediatamente vuestra señoría me otorgue la admisibilidad de este habeas corpus, acompaño junto a este pedido formal la copia de un escrito reciente que data de fecha 10-8-2025, el cual brinda muchos más detalles sobre los hechos que me llevan a solicitar la medida de protección incoada, allí está mucho más detallada la situación que me hacen vivir el fiscal Villate, quien la utiliza como punta de lanza para lesionarme y erosionar ilegalmente mi libertad, a la fiscal Fernanda Tiscornia, que de encarcelarme, como me amenaza, equivaldría a una sentencia de muerte en mi caso, debido a que tengo 71 años, cuatro infartos y cuatro baipases coronarios, polineuritis aguda y una secuela o deficiencia crónica coronaria del 68%, situación que prueba mi carnet CUD, el cual ya remití”.

Asimismo, Razzetti recusó a la fiscal federal Fernanda Tiscornia, quien lo denuncia por “amenazas de muerte”, y al juez federal que entiende en la causa.