Lo solicitó el fiscal Ramiro González al determinar que la investigación al expresidente está concluida y puede pasar a la siguiente etapa
Foto: AP.
La acusación sostiene que, durante su paso por la Presidencia, Fernández ejerció "violencia sistemática" contra Yáñez.
El fiscal federal Ramiro González dictaminó este jueves a favor del envío a juicio oral al expresidente Alberto Fernández por supuesta violencia de género y amenazas coactivas contra la exprimera dama Fabiola Yáñez, al determinar que la investigación está concluida y puede pasar a la siguiente etapa.
En un dictamen entregado al juez del caso, Julián Ercolini, el fiscal consideró que se trató de una “investigación compleja” y que la acusación al expresidente se basa en hechos ocurridos en una “relación asimétrica de poder” desde 2016.
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En el marco de esa relación hubo de modo ”sistemático” violencia hacia Yáñez mediante “acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, enumeró la fiscalía. Y enfatizó que todo ocurrió en una “especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada”.
Ercolini dará ahora vista a la defensa para que se manifieste al respecto y luego resolverá si envía el caso a sorteo de tribunal oral.
De ese modo, Fernández llegaría a juicio procesado por lesiones leves y graves, agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.
La acusación sostiene que, durante su paso por la Presidencia de la Nación, Fernández ejerció “violencia sistemática” contra la entonces primera dama con “progresivo aislamiento en la Residencia de Olivos”.
La denuncia tomó impulso a partir de conversaciones rescatadas del teléfono de María Cantero, exsecretaria privada del por entonces presidente, que incluyeron fotos y mensajes enviados por la propia Yáñez con moretones.
Además, el exmandatario está procesado en la denominada causa de lo seguros por la firma de un decreto que permitió la intermediación de brokers en la contratación de pólizas para organismos públicos, un caso que está en etapa de apelación ante la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires.
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