La polémica por la política contra el narcotráfico en Santa Fe siguió nutriéndose con declaraciones cruzadas entre funcionarios del gobierno provincial y fiscales federales con asiento en Rosario. El ministro de Gobierno, Rubén Galassi, les recomendó a los represantantes del Ministerio Público que antes de "desfilar por los medios" utilicen medios institucionales para una efectiva persecución de traficantes. Previamente los había vinculado al kirchnerismo y descalificado por sus intenciones. "Trabajen y no militen", objetó.
La semana pasada el fiscal general Claudio Palacín y otros cuatro fiscales de primera instancia suscribieron una nota que elevaron al Ministerio de Seguridad provincial con fuerte contenido crítico contra la gestión de Raúl Lamberto. Reprochaban allí la mínima logística en recursos humanos y el escaso equipamiento con la que se cuenta en Rosario para enfrentar al narcotráfico.
Reclamo. "Según nos ha informado el jefe de la unidad operativa de drogas tiene doce personas trabajando en Rosario para una ciudad de un millón y medio de habitantes que además tiene una complejidad del tema de criminalidad evidente", sostuvo el fiscal subrogante Juan Patricio Murray, uno de los firmantes de la nota. "Además sólo cuentan con cinco móviles en condiciones regulares de uso y mantenimiento, autos que además no son rotados por lo cual son fácilmente reconocibles cuando se intenta montar una vigilancia o hacer un seguimiento", agregó.
En este sentido, los fiscales reclamaron al ministro de Seguridad Lamberto "una urgente reunión para abordar la problemática relacionada a los delitos complejos motivados estrictamente en causas de competencia federal".
"No militen". Galassi les había contestado en una red social de manera crítica: "Fiscales federales reclaman a Lamberto en un escrito. Si fuera al revés a Lamberto no le alcanza con un libro. Fiscales trabajen, no militen". Y ayer el ministro de Gobierno señaló que los fiscales habían hecho una imputación falsa sobre el personal aplicado a la persecución al narcotráfico. En este sentido, la secretaria de Delitos Complejos de la provincia, Ana Viglione, admitió que los recursos disponibles distan de ser los requeridos "pero tampoco es verdad que sean 12 empleados. Tenemos 60 hombres y mujeres en el departamento Rosario trabajando en el tema antidrogas", dijo.
"Somos cautelosos a la hora de incorporación de personal, no es cuestión de atiborrar de gente las brigadas, sino de decidir con cuidado qué recurso humano incorporamos. Estamos ante un trabajo que exige perfiles de honestidad e idoneidad muy rigurosos en cada empleado. En cuanto a recursos técnicos incorporamos equipamiento mes a mes. En dos meses se añadirán a la dotación cinco camionetas, dos vehículos y cinco motos. También material de registro y proceso de imagen y video", sostuvo Viglione.
Funcionales. La discusión se recalentó el lunes en el marco del debate por la excarcelación del ex jefe de policía Hugo Tognoli quien está procesado y preso por narcotráfico organizado. Es que el abogado defensor, Carlos Edwards, alegó el lunes ante la Cámara Federal de Rosario que su cliente era víctima de una causa armada y que los fiscales eran funcionales a una maniobra política gestada por dirigentes kirchneristas que buscan, a su juicio, perjudicar la gestión del socialismo santafesino.
Criterios. "Nosotros somos fiscales, hay una pelea política entre el gobierno nacional y el provincial, pero esa es una cuestión de los políticos, nosotros tenemos una causa que resolver", replicó ayer el fiscal general Palacín, quien el lunes había considerado los dichos de Edwards como una ofensa al Ministerio Público.
"No somos funcionales a una maniobra política, tenemos una causa en la que hay determinados elementos objetivos que incriminan al señor Tognoli, se verá si dará para una condena", indicó.
Palacín fundamentó las razones por las que Tognoli debe continuar preso. "Creemos que no debe ser excarcelado, por su condición de ex jefe de policía, por todos los vínculos que tiene y porque el monto de la pena del grave delito que se le atribuye no permite la excarcelación".
En ese sentido explicó que no todos las personas investigadas deben acceder a la excarcelación. "La norma dice que cuando son delitos graves no deben ser excarcelados, la interpretación del funcionario dice que si no hay peligro de fuga, o entorpecimiento de lo investigación, puede ser excarcelado, es criterio de los jueces".
