"Me exigieron 4 mil dólares mensuales a cambio de protección"

Leonardo Andrés Peiti, vinculado a una banda desbaratada la semana pasada y acusada de extorsionar bajo amenazas a comerciantes además de gerenciar y explotar negocios de quiniela clandestina y casinos ilegales, fue imputado ayer a la tarde en una audiencia realizada a puertas cerradas en el Centro de Justicia Penal tras haberse presentado el miércoles a la noche en la Jefatura de Cañada de Gómez, donde tiene asiento el estudio jurídico de los abogados Luis y Angelo Rossini, quienes asumieron su defensa. Durante tres horas, Peiti no sólo se defendió de las imputaciones realizadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sino que también pidió protección en calidad de testigo al tirar con munición gruesa contra integrantes del Poder Judicial rosarino: "Me exigieron un pago mensual de 4 mil dólares para mantenerme informado de causas que se abrieran en mi contra y brindarme protección en caso de que así ocurriese", refirió al relato su abogado.

En calidad de arrepentido, Peiti acusó directamente al fiscal Gustavo Ponce Asahad y al titular de la Fiscalía Regional de Rosario, Patricio Serjal, de ser quienes en diferentes reuniones le exigieron el pago de esa y otras sumas de dinero en moneda estadounidense dejando al descubierto un nicho de corrupción que, en boca del fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiapa Pietra, "son hechos que en algunos casos ya teníamos acreditados con otras medidas probatorias como filmaciones". A pesar de que los otros cinco imputados en la causa quedaron bajo prisión preventiva por el plazo de ley (dos años), la jueza Valeria Pedrana decidió ayer dejar en libertad a Peiti bajo una fianza de 2 millones de pesos.

Allanamientos y rol

El sábado pasado, en busca de Peiti, agentes de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y el Organismo de Investigación (OI) del Ministerio de Seguridad de la provincia realizaron allanamientos en distintas propiedades. A pesar de no haberlo encontrado, en una distribuidora de bebidas de Mendoza al 4300 que es propiedad de la esposa de Peiti se hallaron 30 máquinas tragamonedas que serían parte de las pruebas en la que los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisella Paolicelli sostienen la acusación.

En ese sentido, los fiscales sostuvieron ayer que Peiti era la persona que se encargaba de "identificar a las potenciales víctimas de las extorsiones que realizaba la banda además de ser quien se relacionaba con integrantes de las fuerzas de seguridad o agencias judiciales a los fines de obtener de ellos algún beneficio lícito, ilícito o delictivo para los miembros de la organización".

También remarcaron que Peiti mantuvo comunicaciones con el comisario retirado Alejandro "Pipi" Torrisi, ex jefe de la Unidad Regional VI de Villa Constitución, para que intercediera en favor de dos hombres de la banda que habían caído presos el 9 de enero. Y que, ante la imposibilidad del ex policía, lo anotició de ello al sindicado jefe de la banda, Maximiliano "Cachete" Díaz, y el 10 de enero mantuvo un intercambio de mensajes por WhatsApp con un fiscal o empleado del MPA para que averiguara la situación de los detenidos, hecho que derivó en el allanamiento de ayer a la mañana al domicilio privado del fiscal Gustavo Ponce Asahad.

En el marco de la audiencia, los fiscales le atribuyeron a Peiti además el "haber actuado en forma conjunta con otras personas, bajo un mismo plan y adoptando diferentes roles" para enviar el pasado 8 de enero a dos personas a una casa de cambios de Entre Ríos y Córdoba y obligar al empresario Pablo F. a pagar 5 mil dólares invocando que se trataba de un pedido del líder de Los Monos, Ariel "Guille" Cantero, y ser amigos de Peiti, caso contrario atacarían a tiros el local. Un día más tarde, el empresario se reunió con "Cahete" Díaz, Brian Díaz y el propio Peiti en un bar de Echesortu donde repitieron la amenaza.

La defensa

En su defensa como imputado y de acuerdo al relato hecho por su abogado Luis Rossini, Peiti sostuvo ayer que "nunca estuvo prófugo y presentó toda la documentación para acreditar que el lunes 20 de julio viajó a Buenos Aires por negocios, que tuvo un choque a la altura del peaje de Zárate y que se le complicó el retorno a la ciudad por los controles realizados por la pandemia de Covid-19". Asimismo, expresó que "nunca estuvo asociado con persona alguna que cometa extorsiones" y que "todo vínculo con el juego ilegal tiene que ver con el pasado de su padre".

Al respecto el letrado recordó que su cliente "tiene empresas de juego con licencia en la República de Paraguay y las provincias argentinas de Buenos Aires, Misiones, Mendoza y Formosa" y que "las máquinas tragamonedas incautadas el pasado fin de semana en la distribuidora de su esposa son aparatos arcaicos, fuera de uso, sin valor económico y que sólo servían para extraer algunas de sus piezas y reparar otros aparatos".

El ataque

Pero la parte más jugosa de la declaración de Peiti llegó cuando pidió acogerse a la figura de arrepentido y empezó a desnudar una cadena de chantajes por parte de integrantes del MPA. Tras aclarar que el intercambio de WhatsApp que mantuvo el 10 de enero con esa repartición lo hizo con un empleado y no con un fiscal, apuntó sin piedad contra el fiscal Gustavo Ponce Asahad y el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, a quienes acusó de cobrarle "4 mil dólares mensuales desde diciembre de 2018 por protección".

Según refirió el abogado Rossini, en diciembre de 2018 su cliente "se reunió con el fiscal Ponce Asahad que lo citó en un bar de Mendoza y bulevar Oroño para brindarle información sobre una causa en la que se lo investigaba y que entonces le pidió entre 4 y 5 mil dólares por mes no solo para él sino también para su jefe (Serjal) a fin de tener protección, a lo que accedió por temor a quedar entrampado en alguna causa".

En marzo de 2019 Peiti fue detenido por el fiscal Matías Merlo (Melincué) en una causa por juego clandestino aunque pocos días salió libre bajo fianza. Tras ello se reunió una vez más con Ponce Asahad, dijo su abogado, "para recriminarle que a pesar de pagarle estuvo preso, a lo que obtuvo como respuesta que no era su jurisdicción y que debía seguir aportando el dinero exigido". Asimismo, en esa cita el fiscal le pidió que se reuniera con el titular del MPA local en Buenos Aires, "adonde viajó y se alojaron en el mismo hotel". En esa reunión, remarcó Rossini, Serjal le exigió "10 mil dólares para seguir con la protección, pero mi cliente dijo que no podía y cerraron en 5 mil dólares".

Finalmente, cuando se inició la pesquisa que derivó en la imputación a la banda de extorsionadores en la que Peiti está acusado, el 9 de julio en un bar de Dorrego al 1200 "los fiscales le pidieron 100 mil dólares para desligarlo de la misma, pero debido a la imposibilidad de mi cliente negociaron en una cuota mensual de 10 mil dólares".

Ese descargo, que desnuda un nicho de corrupción dentro del MPA, el abogado de Peiti pidió la protección para su cliente y la jueza Valeria Pedrana le otorgó la libertad bajo fianza de 2 millones de pesos la cual será restituida tras el embargo sobre un inmueble por 10 millones de pesos, la prohibición del salir del país, constituir domicilio y comparecer semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial por el plazo de ley.