Los policías Omar y Jesús Dal Lago llegarán en libertad al juicio previsto para dentro de un mes por el crimen de Michel Campero, quien murió baleado hace siete años tras una persecución policial en Granadero Baigorria. Ante la cercanía del debate oral y público, los abogados querellantes y el fiscal del caso habían solicitado la detención de los acusados, que transitaron el largo proceso sin medidas de coerción. El juez Gonzalo López Quintana rechazó el pedido al plantear que no existe ningún supuesto de peligrosidad procesal. De todos modos dispuso que los implicados entreguen sus pasaportes y se presenten a firmar a diario en la Oficina de Gestión Judicial hasta el comienzo del debate, previsto para el 22 de octubre próximo.
Con esta decisión, los efectivos llegarán en libertad a un juicio donde la acusación pedirá que sean condenados a prisión perpetua como coautores de un homicidio doblemente calificado por ser cometido abusando de su cargo y función como miembros de la fuerza pública y por el uso de arma de fuego. En contraste, la defensa de los uniformados plantea que se trató de un homicidio en legítima defensa porque debieron disparar sus armas en respuesta a una agresión previa y por lo tanto solicitará la absolución.
Bajo esa controversia, el caso llegará a juicio oral y público el próximo 22 de octubre. Al debate fueron citados alrededor de cien testigos, entre ellos los magistrados que intervinieron en las instancias previas. Es que el trámite tuvo avances y retrocesos, llegó incluso hasta la Corte Suprema de la provincia y finalmente se presentó la acusación por la grave figura que aplican al caso tanto el fiscal Gonzalo Fernández Bussy como los abogados querellantes Valentín Hereñú y Ricardo Lamas, del Centro de Asistencia Judicial .
Con la cercanía del juicio, las partes acusatorias solicitaron el lunes que se dicte la prisión preventiva de los acusados, padre e hijo, ante la alta expectativa de pena que recibirían en caso de ser condenados. El abogado Hernán Tasada replicó que a lo largo de siete años los efectivos siempre estuvieron sometidos a proceso y recordó que en la audiencia preliminar al juicio, celebrada en noviembre del año pasado, las partes acordaron que sigan en libertad hasta el debate.
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El juez dio a conocer su resolución este mediodía. Rechazó el pedido de prisión preventiva y convalidó los argumentos de la defensa. Planteó que tras la audiencia preliminar no hubo cambios y por lo tanto no corresponde alterar la resolución de mantener la libertad que adoptó entonces el juez Hernán Postma. Asimismo, consideró que “no se reúnen los requisitos básicos para presumir el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación”.
El magistrado sostuvo que pasaron cuatro años desde que la Corte ordenó juzgar el caso y los acusados “siguen estando a derecho”, al punto que ambos se presentaron a las dos audiencias de esta semana. Remarcó que en la audiencia preliminar, “cuando la cercanía del juicio era una certeza, ninguno de los acusadores pidió una medida restrictiva de la libertad, ni siquiera una presentación quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial”.
Por último, el juez puntualizó que en los años que insumió el extenso proceso no se les abrieron otras causas a los acusados ni hubo referencias de intimidaciones o acercamientos a testigos. “Detenerlos sin ningún indicio cierto de peligrosidad procesal y, por el contrario, habiendo estado a derecho por casi ocho años, implicaría lisa y llanamente aplicarles una pena por adelantado, a cuenta de una eventual condena”, expresó.
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Si bien rechazó los pedidos de prisión preventiva o domiciliaria, dictó algunas reglas de conducta para las acusados como la prohibición de acercamiento y contacto con familiares de la víctima y testigos, la prohibición de salir de Rosario o Granadero Baigorria (donde residen), que entreguen sus pasaportes y se informe a la oficina de Migraciones la prohibición de salida del país.
“Es una resolución atinada y está a derecho porque el juez pudo ver que los Dal Lago comparecieron durante casi ocho años todas y cada una de las veces que fueron citados a proceso”, evaluó el defensor Tasada.
El homicidio de Campero ocurrió a las 23.30 del 6 de enero de 2014 cuando Omar Jesús Dal Lago llegó a su casa de Granadero Baigorria vestido de civil y a bordo de una moto en compañía de su pareja y su pequeño hijo. Entonces dos jóvenes armados en otro rodado lo abordaron y le robaron el vehículo. Dal Lago padre, quien entonces era jefe de la Brigada de Orden Urbano de la Unidad Regional II, escuchó desde adentro de su vivienda los reclamos de su hijo y juntos salieron en un auto a buscar a los sospechosos.
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En esa persecución uno de los ladrones escapó mientras que Michel, quien tenía 18 años y conducía la moto sustraída, recibió un primer disparo en la espalda que partió desde el auto de los acusados. Alcanzó a recorrer unos metros, perdió el control de la moto, chocó contra un colectivo de la línea 103 y quedó tirado en el suelo en el cruce de Callao y Eva Perón de Granadero Baigorria. Entonces recibió un segundo tiro en el glúteo. Aunque la versión policial siempre indicó que hubo un intercambio de balas, el arma incautada junto al cuerpo de la víctima era de juguete.
En el inicio de la investigación los dos policías fueron imputados de homicidio calificado pero en diciembre de 2014 fueron sobreseídos por la entonces jueza de Instrucción y actual vicegobernadora Alejandra Rodenas quien consideró que hubo un enfrentamiento previo y esto justificó la reacción de los policías que, a su entender, no quisieron matar al joven. Esa decisión fue apelada y revertida en instancias superiores. En 2016 Dal Lago padre fue procesado por homicidio en exceso en la legítima defensa. Por un recurso de la querella que representa a Marisabel Bauer, la mamá de Michel, el caso llegó a la Corte y finalmente, ya bajo las reglas del nuevo sistema penal, el año se analizará en un juicio con los acusados en libertad.
