Dos ex policías, padre e hijo, irán a juicio oral y público acusados de homicidio doblemente calificado por ser cometido abusando de su cargo y función como miembros de la fuerza pública y por el uso de arma de fuego. En la audiencia preliminar al debate presidida por el juez Hernán Postma, el fiscal Gonzalo Fernández Bussy junto a los querellantes Ricardo Lamas y Valentín Hereñú en representación de la madre de la víctima solicitaron prisión perpetua para Omar Guillermo Dal Lago y su hijo Omar Jesús, quienes permanecerán en libertad imputados de haber asesinado en enero de 2014 a Michel Ramón Campero luego de un robo y persecución por calles de Granadero Baigorria. El caso, que parece contener todos los ingredientes del gatillo fácil, tuvo un largo peregrinar desde el viejo sistema judicial escrito e inquisitorio hasta el nuevo sistema procesal. Incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia provincial tras un recurso de queja después de que en una primera instancia Dal Lago hijo fuera sobreseído.
El hecho ocurrió a las 23.30 del 6 de enero de 2014 cuando Omar Jesús Dal Lago llegó a su casa de Granadero Baigorria vestido de civil y a bordo de una moto en compañía de su pareja y su pequeño hijo. Entonces dos jóvenes armados en otro rodado lo abordaron y le robaron el vehículo. Dal Lago padre, quien entonces era jefe de la Brigada de Orden Urbano de la Unidad Regional II, escuchó desde adentro de su vivienda los reclamos de su hijo y juntos salieron en un auto a buscar a los sospechosos.
En esa persecución, uno de los ladrones escapó mientras que Michel, quien tenía 18 años y conducía la moto sustraída, recibió un primer disparo en la espalda que partió desde el auto de los acusados. Hizo unos metros, perdió el control, chocó contra un colectivo de la línea 103 y quedó tirado en el suelo. Entonces recibió un segundo tiro en el glúteo. Aunque la versión policial siempre indicó que hubo un intercambio de balas, el arma incautada junto al cuerpo de la víctima era de juguete.
En el inicio de la investigación los dos policías fueron imputados de homicidio calificado, pero en diciembre de 2014 fueron sobreseídos por la entonces jueza de Instrucción Alejandra Rodenas al considerar que hubo un enfrentamiento previo que justificó la reacción de los policías y que no quisieron matar al joven.
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En ese mismo sentido los defensores de los Dal Lago, Hernán Tasada y Mariano Scaglia, alegaron que sus clientes actuaron en legítima defensa ya que “tuvieron que disparar sus armas en respuesta a la agresión que sufrieron de parte de los ladrones que efectuaron disparos en su huida”.
Sin embargo, la decisión del sobreseimiento fue apelada por la Fiscalía al sostener que, más allá de que se haya probado el robo de la moto y la persecución posterior, fue imposible determinar de cuál de las armas que portaban los acusados salió el tiro que perforó la espalda de Campero en un primer momento y que, cuando la víctima ya estaba en el piso después de haber chocado contra un colectivo, Dal Lago padre bajó de su auto y le efectuó un segundo disparo que le dio en un glúteo.
Después, procesados
Ante tal situación, la Cámara Penal ordenó que se revisara el sobreseimiento y en 2016 Dal Lago padre fue procesado por exceso en la legítima defensa mientras que su hijo siguió desvinculado de la causa ante la acusación que, bajo el nuevo sistema procesal penal estuvo en manos del fiscal de Violencia Institucional Gonzalo Fernández Bussy y los querellantes del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) que representan a Marisabel Bauer, la mamá de Michel.
Fue precisamente por un recurso de la querella que el caso llegó a la Corte, donde el año pasado se anuló el fallo y se ordenó que vuelva a la Cámara, donde se abrió el camino para la acusación contra ambos como coautores del crimen.
Al anular el sobresimiento de Dal Lago hijo, el camarista Alfredo Ivaldi Artacho sostuvo los argumentos esgrimidos por el máximo tribunal de Justicia provincial y decidió enviar a juicio a ambos acusados al entender que “la gravedad de los hechos impone la prosecución de la causa hasta la etapa de debate”. A entender del camarista, no se encontraron fundamentos para acusar a un policía y desvincular a otro ya que no se pudo determinar cuál de ellos disparó la bala mortal aquella noche.
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Asimismo, sostuvo que “el fallo de la Corte no solo anula (por arbitraria y falta de fundamentación) la resolución de la Cámara Penal que confirmaba el sobreseimiento del imputado (Dal Lago hijo), sino que al analizar el fondo del caso destaca que corresponde que la causa sea elevada a juicio oral con los dos imputados. No sólo desarticula lo resuelto, sino que a la par descalifica el sobreseimiento y afirma que el caso _por ambos imputados_ debe remitirse por su gravedad a juicio oral y público”.
Y agrega que en esa etapa “es necesario ventilar no solo el supuesto de legítima defensa que invocan las defensas, o su exceso, sino la hipótesis de coautoría por codominio funcional del hecho, la que indudablemente se vincula a la probabilidad de un homicidio doloso y penalmente injustificado”.
Argumentos
En sus argumentos, la querella y la fiscalía sostienen que el hecho fue cometido “por dos funcionarios policiales que habrían ejecutado a la víctima con la finalidad de ejercitar justicia por mano propia”, ya que “salieron a perseguir a Campero luego del robo de una moto propiedad de uno de ellos. Entablaron la persecución en su auto particular, desde donde efectuaron varios disparos en dirección a la víctima, quien huía junto a otro muchacho que iba en otra moto. La secuencia finalizó con Campero perdiendo el control del rodado, producto de una herida de bala mortal, cayéndose al piso después de haber rozado la parte de atrás de un colectivo al tratar de cruzar una esquina. Allí recibió un nuevo disparo de parte de los agentes”.
Además, tanto el fiscal como los querellantes sostienen que el planteo de los acusados “criminaliza a la víctima a partir de un relato policial que en su momento no fue puesto en crisis por el sistema de justicia. Ambos policías declararon haber disparado en legítima defensa ya que, según ellos, les habrían disparado primero”. Y recordaron que a la víctima se le encontró “un encendedor a gas réplica de pistola, la cual podrá tener capacidad intimidatoria para el común de las personas pero difícilmente pueda ejercer ese efecto sobre un funcionario policial acostumbrado a tener contacto con armas”. Y agregaron que “de ese objeto nunca pudo haber salido disparo alguno, lo que implica una inexistencia de agresión ilegítima previa”.
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Asimismo sostienen que “no hay elementos que justifiquen haber efectuado disparos. No está probado que el conductor de la otra moto haya estado armado o que haya hecho disparos. Nunca se identificó a ese sujeto y no hay testigos que puedan dar cuenta de aquello. Los imputados pretenden atribuirle la portación de una pistola 9 milímetros que fue hallada en dudosas circunstancias en un charco de barro y agua a unas cuadras del lugar donde Michel impactó contra un colectivo. Pareciera que pretenden dar a entender que ese arma fue arrojada en el lugar por quien acompañaba a la víctima, aunque esto no es más que un ardid distractivo”.
De tal manera, el expediente que se inició bajo el viejo sistema penal escrito ahora transita el camino del nuevo sistema procesal de la provincia y se ventilará en un juicio que se espera para mediados del año próximo.
