Son jóvenes, varones y pobres. Los asesinaron. Están en las estadísticas. Pero hay más que eso. Mucho más. Tienen nombre y apellido. Anécdotas y amigos. Padres, hermanos, hijos y novias. Tienen esa familia que —en algunos casos— pudo dar la pelea por el reclamo de Justicia. Y hay preguntas. ¿Dónde murieron? ¿Cómo? ¿Quién los mató? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué les gustaba hacer? ¿Cómo les decían en el barrio? "Escribirte en la historia", uno de los proyectos del Centro de Estudios del Museo de la Memoria, fue a la búsqueda de los nombres, de las familias y de los relatos de una decena de víctimas del gatillo fácil, la forma más extrema de la violencia institucional. En 2018, la publicación de la crónica sobre la muerte de Carlos Godoy fue el primer paso; este año se publicarán otras dos historias: la de Michel Campero y la de Aníbal Pellegrini.
Se trata de poner nombre y apellido, dice Leandro Bartolomeo, coordinador del proyecto, pero también de mostrar el entramado, que no son casos aislados, sino que como él mismo dice, "existen patrones y lógicas arraigadas, hay instituciones que funcionan de determinada manera más allá los agentes que la integran, hay prácticas naturalizadas que tienen que ver con plantar evidencia, con inventar pruebas y con modos de hostigamiento que tienen en el asesinato su máxima expresión".
Las historias llegan desde los territorios de la periferia de la ciudad, donde eso se naturaliza. "También allí los vecinos están acostumbrados que a los pibes los maten y los pibes están acostumbrados a que sus amigos se mueran", afirma Bartolomeo, y apunta a las paredes de los barrios. "Los memoriales con homenajes a los adolescentes muertos en cada muro nos dan una pauta de que algo está ocurriendo —señala—. Y las marcas que deja son muy profundas".
La primera historia que puso en papel "Escribirte en la Historia" con una crónica de Sonia Tessa, fue la de Carlos Godoy, un hombre de 25 años que el 24 de mayo de 2015 murió de dos balazos policiales en Garzón y el puente Sorrento, en el límite de Empalme Graneros. En ese barrio vivía con su pareja y su hijo.
La versión oficial, la primera, fue la del enfrentamiento con dos agentes; pero testigos, familiares y vecinos contrapusieron otro relato: denunciaron que fue gatillo fácil, un arma plantada y un acta policial adulterada.
La crónica cuenta más que eso. Narra los gestos de cada día, que trabajaba de mañana en una distribuidora y de tarde en el taller mecánico de su ex suegro; allí al "Carlitos" lo cuenta su familia, que lo recuerda cariñoso y remarca cuánto le gustaba abrazar con sus manos grandes.
"No era un perro"
"No era un perro, era mi único hijo", dijo Maria Isabel. La mujer que esperó meses para saber quién había sido el matador de Michel Campero, su único hijo de 18 años, asesinado el 6 de enero de 2014 en Granadero Baigorria. Quién era el pibe que murió tras haber robado una moto a un policía de civil y que fue "fusilado", dice su mamá, en Callao y Eva Perón, es la próxima historia que el centro de estudios y Lorena Panzerini pondrán en papel este año.
También aparecerá la historia Aníbal Pellegrini, muerto en septiembre de 1996. Ese que conmocionó a Casilda y marcó un punto de inflexión por el reclamo de Justicia y por los escraches que su familia llevó adelante en Rosario ante los privilegios y salidas que, aún condenado a perpetua, gozaba su matador: el ex policía Darío Hogsten.
El agente conocía al joven estudiante universitario de 23 años, deseaba su moto Kawasaki 1000 y para robársela, lo emboscó. Con una salida como excusa, se fueron juntos y en un camino rural Hogsten lo golpeó, lo fusiló con un tiro en la cabeza de su arma reglamentaria y arrojó el cuerpo al Carcarañá, donde fue hallado once días después. La moto fue encontrada pintada de otro color en poder de Hogsten.
Bartolomeo contó que el proyecto se extenderá hasta 2021, ya que cuatro crónicas más se sumarán en 2020 y un año más tarde cerrarán el ciclo otras tres.
"Si bien se trabaja con más casos, el modo de elección es artesanal, se propone respetar los tiempos y las ganas de decir de las familias", cuenta.
Cuando el coordinador del proyecto cuenta las historias, remarca los denominadores comunes. No sólo jóvenes, varones y pobres.
"Las víctimas son trabajadores o participan de economías muy precarias e informales, habitan la periferia, tienen relaciones intermitentes con la educación y las instituciones del Estado, y fundamentalmente están desvinculados de la vida política, entonces sus muertes en apariencia no son muertes políticas".
Justamente es el reclamo de Justicia donde los familiares entran en contacto con las organizaciones sociales —centralmente la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, la Asamblea por los Derechos de los Niños y Adolescentes, Amsafé Rosario y La Poderosa— que los acompañan, y donde encuentran empatía y la experiencia de otras víctimas.
Muertes políticas
"Es en ese paso y a partir de contar la historia donde esas muertes en apariencia porque sí, pasan a ser muertes políticas, porque historizar y contar la historia es politizar; es decir como esa microhistoria en apariencia aislada, no lo es" señala Bartolomeo. Y puso como ejemplo como la militancia del reclamo por el triple crimen de Villa Moreno, donde si bien no fue un caso de violencia institucional, sí se dio "un fuerte hincapié en decir qué ocurrió, que no fue ajuste de cuentas y desnudar las lógicas delictivas del territorio"; así como también apuntó las historias de "Pichón Escobar y Franco Casco, con todos los elementos de la violencia institucional, pero además con la desaparición forzada de esas personas, algo que aún mueve en la sociedad una fibra íntima".
Así, desde el acervo del Museo de la Memoria, explica que el proyecto busca "pensar en las modalidades de violencia de Estado que para nada son nuevas, sino que son transversales a la democracia, y donde las organizaciones sociales nuclean los reclamos de las víctimas y disputan el sentido de esa violencia a partir de otro relato, diferente del oficial", y señala que "el objetivo es reflejar ese movimiento que es político, desde la perspectiva de las familias y su versión de la historia".
El primero
El crimen de los jóvenes Agustín Olivera, Oscar Aredes y Willy Argañaraz a manos de efectivos de la policía bonaerense el 8 de mayo de 1987, organizó a vecinos de la localidad de Ingeniero Budge en lo que se conoció como el primer caso de "gatillo fácil" desde la vuelta de la democracia.
