Un fenómeno que entre funcionarios en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se vivenció como una “verdadera avalancha” de denuncias por extorsiones a comerciantes de las zonas sur y sudoeste de Rosario derivó este miércoles en un procedimiento con dos detenidos por efectuar las exigencias de dinero en nombre de “Los Cantero”. En líneas generales, a los dueños de los negocios afectados les reclamaban sumas de 250 mil pesos o cuotas de 50 mil pesos semanales a cambio de no atacar a tiros sus locales. Los extorsionadores decían actuar en nombre de la banda de la zona sur que, según invocaban, les había asignado o habilitado el territorio. Los aprietes, se constató, eran formulados desde un celular que impactaba en la antena de la cárcel de Coronda.
Uno de los acusados de participar de las maniobras es un preso de esa cárcel implicado como quien enviaba los mensajes desde su celda. Asimismo, una mujer que lo visitaba como su pareja también fue detenida por facilitar su cuenta bancaria para que las víctimas les transfirieran dinero. La historia alcanza ribetes entre fantásticos y bizarros al saberse que un tercer demorado, un hombre apresado en flagrancia cuando iba a retirar el dinero en el marco de un procedimiento de una entrega controlada por policía, terminó liberado unas horas más tarde cuando pudo demostrar que en realidad era una víctima más: en realidad había sido extorsionado para que trabajara para el grupo, situación nunca antes advertida en este rubro delictivo que se afianzó el año pasado en la ciudad.
Tarifario
La investigación comenzó el lunes, cuando comenzaron a arreciar en la Fiscalía Regional de Rosario denuncias de grandes comercios de la zona de Oroño al 4100 y alrededores por estar recibiendo exigencias extorsivas. Poco tiempo llevó constatar que, en al menos tres de esos casos, los aprietes habían partido de un mismo teléfono celular y que los autores de la maniobra ofrecían a las víctimas un mismo CBU para que concretaran los pagos por transferencia bancaria, otra novedad en el ramo de las extorsiones.
Los mensajes exigían dinero a cambio de no balear los negocios y ofrecían una suerte de tarifario para que el cliente forzado pudiera elegir. “Hola, te hablamos por lo siguiente. Estamos agarrando todo el barrio que está atrás de la fábrica y todos los comercios de Oroño y Seguí hasta Uriburu. Tienen que pagar 250 mil pesos y no te molestamos en todo el año o 50 mil por semana”, decía, como ejemplo, un mensaje que recibió el WhatsApp de una empresa de la zona.
En uno de los casos la primera respuesta de la empresa extorsionada fue un mensaje automático que prometía responder “en breve” la consulta. Sin embargo, esto no pareció afectar a los extorsionadores, que fueron por más: “Eso es para no agarrarte a tiros toda la semana, para no mandar a los pibes a agarrarte a alguien de tus trabajadores y darle un tiro, o que te lo prendamos fuego y muchas cosas más. Es una sola cuota. Si no pagás, tenés problemas con la mafia”. El mensaje cerraba con una frase que se ha convertido en un clásico: “Atentamente, la mafia. Plata o plomo”.
El seguimiento de la línea de la que partían los mensajes y las averiguaciones sobre la cuenta bancaria ofrecida para las transferencias derivaron en procedimientos que se realizaron ayer a partir de requerimientos del fiscal de Balaceras Pablo Socca, en los que intervino la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Hubo allanamientos en San Nicolás al 4000, bulevar Oroño al 3900 y en Maradona al 5400.
>>Leer más: Extorsiones por WhatsApp: lo detuvieron cuando retiraba dinero a nombre de los Cantero
En el operativo fue detenida Carla P. Se trata de una mujer de 38 años que había sido filmada mientras dejaba una nota en uno de los locales desde los cuales se denunciaron intimidaciones. Es la titular del CBU que brindaba su pareja desde prisión para que las víctimas pudieran pagar las extorsiones y figuraba en los registros de visitas a la cárcel del preso Joaquín F. quien también quedó implicado, bajo sospecha de ser quien enviaba los mensajes extorsivos.
Delivery a la fuerza
En el procedimiento de Oroño al 3900 fue detenido Darío G., de 32 años, cuando llegaba a cobrar el dinero de una extorsión con una bolsa de This Week en la mano y vestido con camiseta de Newell's. Fue esposado en el piso y se filmó su detención. Horas más tarde, el fiscal dispuso su libertad al contar con evidencia fehaciente de que era una víctima de extorsión a quien “usaron como delivery” y le exigieron que realizara el cobro. Los otros dos serán sometidos a audiencia imputativa este viernes por cuatro hechos de extorsión, una de ellas consumada y las otras en tentativa.
“Las extorsiones son las de siempre, esta modalidad que nació en los últimos años a través de la cual se le exige plata al comerciante para no balearle el comercio. Lo que sí es nuevo es que hubo una ola de denuncias de comerciantes que están siendo extorsionados al menos en la zona sudoeste”, planteó a este diario el fiscal de Balaceras Pablo Socca, quien relató la saturación de recursos que generó el fenómeno tanto en Fiscalía como en las agencias policiales para hacerles frente a los pedidos de custodia de los damnificados.
Los investigadores creen que el negocio de las extorsiones es ejercido por las mismas grandes bandas narco que operan en la ciudad, que son las que tienen “los recursos humanos y materiales para cometer este tipo de delitos”. Otro rasgo novedoso en esta oleada de mediados de enero es que no fueron solo extorsionados pequeños comercios o almacenes de barrio, sino compañías más grandes, con mayor capacidad para afrontar una denuncia y reclamar una respuesta judicial.
En fiscalía creen que esta veta obedece a la intención de generar terror en el barrio: con al menos una balacera que genere pánico en el resto de los comerciantes los atacantes garantizan una mínima “cartera de clientes” que pague.
Lo que sí es un rasgo reiterado es la aparición de la cárcel como centro de producción del delito. Por esto, Socca reclamó algún tipo de restricción o sanción intramuros para quienes delinquen desde las prisiones: “Hace tres años que venimos demostrando que la cárcel es el origen del 95% de las balaceras y las extorsiones de la ciudad”.
