El jefe de la comisaría 10ª de Rosario, Edgardo Roldán, recibió dos puntos de sutura en su pómulo izquierdo por los golpes que le propinó este miércoles un hombre detenido en esa dependencia de la zona norte. Las circunstancias en las que ocurrió el hecho son materia de investigación, pero una versión preliminar indica que el comisario había ingresado con otros dos efectivos al penal para un control de rutina y que allí fue increpado por los internos. Distintas fuentes atribuyen el conflicto a una situación compleja relacionada a la sobrepoblación en esta y otras seccionales de la ciudad.
Este miércoles por la mañana, cerca de las 7.30, tuvieron que llegar refuerzos de distintas unidades policiales a la comisaría 10ª luego de que el personal de la seccional alertara sobre un conflicto con los internos. Durante toda la mañana la dependencia de Darragueira al 1100 estuvo custodiada por el Comando Radioeléctrico y el Cuerpo Guardia de Infantería, que por momentos se posicionó sobre la puerta con escudos y porras. Es que también acudieron al lugar los familiares de algunos internos, que manifestaron preocupación y críticas por las condiciones de detención de sus allegados, aunque el clima de tensión no pasó a mayores.
Lo que en un principio se comunicó como un intento de motín, luego se explicó como una gresca. Daniel Acosta, a cargo de la Unidad Regional II de la policía, se presentó en el lugar y relató a La Capital cómo se dieron los hechos. "El jefe fue a hacer un control del penal, uno de los detenidos comenzó a increparlo hasta que lo agredió físicamente. Se acercaron otros más y lograron golpear al jefe, que quedó con una herida cortante en el pómulo por la cual le hicieron dos puntos", indicó.
"Él ingresó con dos efectivos, el resto se quedó atrás de la reja. Cuando empezó la situación el resto ingresó y se originó un encontronazo con el personal policial", agregó Acosta. En ese sentido trascendió que dos internos resultaron heridos. A los pocos minutos, según explicó el jefe de la URII, "el personal pidió apoyo, llegaron otras unidades y se controló la situación".
Foto: Marcelo Bustamante / La Capital
Sobrepoblación
Al momento del conflicto en el penal de la comisaría había 43 internos, dado que otros 5 que componen el total de detenidos habían sido trasladados al Centro de Justicia Penal por motivos relacionados a sus procesos judiciales. Lo alarmante es que la seccional, en teoría, tiene una capacidad limitada para 12 internos. En ese marco distintas autoridades relacionaron ese desborde a la situación de tensión y conflicto que suelen darse en esta y otras dependencias.
"El hacinamiento genera cambios emocionales para los detenidos. Son 48 en un lugar para 12, están todos amontonados", indicó Acosta. "Sabemos que la situación carcelaria está sobrepasada por la superpoblación. Eso genera que no se otorguen cupos de traslados para los detenidos. Si las cárceles están saturadas las comisarías también", agregó. En ese marco fuentes oficiales aseguraron a La Capital que en las comisarías del departamento Rosario hay 418 detenidos cuando la capacidad total es de 128.
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Lo que sucede en este aspecto con las comisarías, entonces, podía explicarse como la consecuencia de lo que ocurre en las unidades penitenciarias provinciales. "Hay que sumar que el personal de las comisarías no está capacitado para tratar con tantos detenidos, porque no es su obligación. Deberían estar en el Servicio Penitenciario, pero el colapso allá nos genera a nosotros esta situación", explicó Acosta.
Sobre este mismo tema se hizo hincapié en los últimos días cuando se fugaron 16 presos de la comisaría 24º de Granadero Baigorria, en la cual había 48 internos en un lugar con capacidad para 18. Fue el sábado 2 de septiembre cuando los detenidos se evadieron de la seccional luego de forzar la reja de un techo a la que treparon gracias a unas sábanas. Al cabo de unas horas fueron recapturados 7 de los evadidos, mientras que el resto continúa prófugo.
Críticas
Fuera de la comisaría estuvieron durante varias horas familiares de algunos de los detenidos. Se habían enterado del conflicto por los medios de comunicación y quienes viven en el barrio se acercaron para saber cómo se encontraban sus allegados. En distintas oportunidades los funcionarios les aseguraron que todos estaban bien y que se queden tranquilos.
Foto: Marcelo Bustamante / La Capital
"Bien, bien verdugueados están", criticó la hermana de un interno. Si bien no mencionaron malos tratos físicos, todas las familiares de los detenidos -porque en su mayoría son madres, parejas o hermanas- coincidieron en las críticas al personal policial en relación a otras problemáticas. "A todas acá nos tratan de mugrientas, de villeras, no nos dejan pasar la comida. Mi hijo está pagando por lo que hizo pero no pueden tratarlo como aun perro", sostuvo una mujer.
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"Acá los chicos comen cuando los policías quieren. Cuando a ellos se les antoja pasa el arroz, cuando no quieren no te lo dejan pasar", aseguró otra mujer. "Para todo hay que pagar, todo es con plata. Si no te manejás con plata no conseguís nada", agregó. También apuntaron contra las condiciones de detención: "Duermen como perros, tres en un colchón de una plaza. Hay 12 camas. Algunos duermen en el suelo".
Una fuga
La comisaría 10ª de Rosario es una de las más presentes en las crónicas policiales de la ciudad. Incluso en marzo pasado había sido noticia por la fuga de tres presos el mismo día que, en un hecho que todavía no fue esclarecido, un uniformado resultó herido de bala.
El incidente se dio la tarde del 3 de marzo, cuando el suboficial Diego Joaquín M., de 31 años, recibió un balazo en el pecho por el cual quedó internado de gravedad en el Hospital Clemente Álvarez. Todo ocurrió en el marco de la fuga de tres detenidos en una situación que en aquel entonces fue explicada por el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni.
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El funcionario indicó que los tres internos pidieron agua a un policía, que al abrir la reja fue reducido. En ese contexto, según el ministro, el policía que resultó herido recibió un balazo en el marco de un forcejeó con uno de los detenidos. Uno de los evadidos se entregó en otra comisaría horas después de la fuga, mientras que los restantes fueron recapturados los días siguientes.
Ex jefe condenado
Otra de las ocasiones en la que la comisaría 10ª quedó en el foco público fue en el marco de la condena a su ex jefe y otros dos uniformados por colaborar con una banda narco de la zona. El comisario Gerardo Hugo Malpassi fue condenado a 3 años de prisión efectiva y 6 años de inhabilitación luego de un procedimiento abreviado en el que se lo consideró culpable de abuso de autoridad, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por ser funcionario público. Mientras que a fines de julio otros dos agentes de la misma seccional fueron condenados a tres años de prisión condicional por detención ilegal.
Los hechos por los que estos policías fueron acusados ocurrieron en junio de 2021. Cuatro amigos comían un asado en la vereda de Travesía al 3800 cuando fueron detenidos por policías de la comisaría 10º que los señalaron como integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo. Lo que se supo con el correr de la investigación es que habían incriminado falsamente a estas personas con el fin de proteger a la banda "Los Pimpis", un grupo criminal allegado al asesinado Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, y perjudicar a una banda rival.
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La jueza María Trinidad Chiabrera, por pedido de los fiscales Pablo Socca y Valeria Haurigot, había ordenado la prisión preventiva por 90 días de dos de los jóvenes detenidos aquella tarde de junio. Con el paso de los días los fiscales supieron que habían imputado a estos dos jóvenes con dos testimonios falsos que los policías de la comisaría 10º habían presentado formalmente como ciertos.
Se enteraron de esa irregularidad 15 días después de la imputación, cuando dos testigos que habían declarado en la investigación pidieron entrevistarse con el fiscal y confesaron que habían mentido. Admitieron que integrantes de "Los Pimpi" les habían prometido entregarle droga a una y 50 mil pesos a otra a cambio de que incriminaran a la banda rival. Al inicio de la investigación iniciada a partir de ese giro en la causa, la fiscal Haurigot expresó que el caso era "un ejemplo rotundo de lo que es conceptualmente la regulación policial del delito".
