El objetivo institucional de ponerle fin al viejo régimen de juicio escrito que rigió en Santa Fe está muy cerca de cumplirse pero al costo de producir tensiones difíciles de ocultar. El llamado sistema conclusional de causas que están en instrucción en Rosario, abiertas por hechos delictivos anteriores al 10 de febrero de 2014, tiene actualmente 325 expedientes en trámite, varios por ilícitos de relevancia pública que aún tienen, por los plazos legales vigentes, posibilidades de ser esclarecidos. Entre éstos hay homicidios, abusos sexuales agravados, estafas, robos y causas contra personal policial por enriquecimiento ilícito o apremios. Son todos casos no prescriptos, pero la falta de recursos humanos en el único juzgado a cargo de esas causas, sumada a la presión de finiquitar los trámites, genera incertidumbre sobre el destino de los mismos.
Hay investigaciones en la fase de instrucción que tuvieron gran notoriedad. Algunas se desarrollaron en forma extensa pero no están terminadas, como el doble crimen del señalado como narco Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli en diciembre de 2013. También el homicidio de Walter Serra, empleado de un corretaje de cereales desaparecido en Rosario y hallado sin vida ocho meses después en un matorral de Andino. Está asimismo la mayoría de los casos por enriquecimiento ilícito contra oficiales superiores de la policía provincial, la llamada causa de la narcochacra, sobre las irregularidades cometidas por la policía en el allanamiento al campo de Alvear en 2013, y la determinación del autor material del asesinato de Lourdes Cantero por el cual fue condenado como instigador Ramón "Monchi Cantero" Machuca.
Al momento del conteo el juzgado de instrucción del sistema conclusional tiene cinco imputados presos. Uno es Diego Ochoa, procesado como instigador del crimen de Maximiliano "Quemadito" Rodríguez pero sin requisitoria del fiscal para elevar el caso a juicio. O la causa de Cristian González, detenido hace menos de un mes por narcotráfico, que debe ser juzgado por asociación ilícita como miembro de Los Monos.
Para el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta no habrá complicaciones. Con el inicio del segundo semestre que arranca hoy luego de la feria, todos los jueces irán quedando afectados al sistema nuevo, con una compensación de tiempo para unos pocos para concluir las causas del conclusional.
Según dijo a este diario, los acusadores de las causas del viejo sistema seguirán con esos trámites a las órdenes del fiscal general Jorge Baclini, los defensores subordinados a la defensora provincial Jaquelina Balangione y los magistrados en la órbita de los colegios de jueces. "La Justicia Penal es una sola, sólo cambiaron las reglas de procedimiento. No podemos seguir teniendo dos sistemas de Justicia Penal. Va a haber una sola que se ocupará de terminar las causas del sistema conclusional", sostuvo.
En números
El sistema conclusional incluye las causas por hechos ocurridos hasta febrero de 2014. Para entonces había 15 juzgados de Instrucción que tenían un promedio de 3 mil causas en trámite cada uno. Ese régimen estuvo regulado por la ley 13.004 que disponía un sistema simplificado de archivo de expedientes: aquellos que no instaron en un plazo determinado el fiscal o el querellante debían archivarse sin considerar el estado de investigación. El espíritu de la norma procuraba acelerar el proceso de cierre del viejo sistema para asegurar el trámite de un número mínimo de causas más importantes a trabajar.
En febrero último entró en vigencia una ley que, para evitar la impunidad de casos relevantes, ordena transferir todos los expedientes no cerrados del viejo sistema escrito al nuevo sistema oral. Pero esta norma, la 13.699, fue puesta en suspenso por una interpretación mayoritaria de la Corte Suprema provincial, la acordada 10, que la considera impracticable.
De esos 3 mil expedientes que en 2014 había en cada juzgado de Instrucción de Rosario, unos 45 mil en total, la cantidad de causas abiertas se redujo abruptamente. Dos semanas atrás se hizo un conteo que arrojó un total de 325 causas en el llamado sistema residual. La mayoría son investigaciones en trámite sin detenidos, aunque en algunos casos hay sospechosos identificados o de posible individualización.
El conflicto en pie con esta situación se da por una situación sorda que, sin embargo, implica tirantez en el ámbito tribunalicio. Esa tensión se basa en impulsos contradictorios. Aunque con diferencias, tanto el gobierno provincial como la Corte Suprema tienen la voluntad política de cerrar cuanto antes el sistema viejo. Pero no desean afrontar los costos que supone dejar de investigar y dejar impunes casos de gran impacto público.
Lo que provoca malestar es que nadie dará una orden formal de cesar de investigar, pero al mismo tiempo los recursos humanos del sistema conclusional se restringen. La mayoría de los empleados de los viejos tribunales pasaron a fiscalías y defensorías del nuevo sistema penal. Y para hacer frente a las 325 causas aludidas, muchas de las cuales de complejidad, sólo quedan seis personas: un empleado de mesa de entradas, una empleada subrogante, un ordenanza, los dos secretarios y la jueza Delia Paleari.
En tanto, según testimonios recogidos en tribunales, esa estructura restringida recibe semanalmente a empleados de la Corte que requieren cierto número de archivos de causas que están en el sistema residual. En este contexto, por la falta de recursos y de aval, seguir investigando estos expedientes se torna casi una tarea imposible.
Erbetta sostiene que los trámites abiertos serán traspasados sin problemas al nuevo sistema y se avanzarán en los casos con posibilidades de ser esclarecidos. Pero esa impresión no es excluyente. En la misma Corte se plantea que hay dos sistemas incompatibles entre sí. Que las investigaciones en el viejo régimen tenían un modo de trabajo con jueces que llamaban a indagatoria y que los fiscales del nuevo sistema trabajan con otras pautas. Que eso podría generar planteos de nulidad sobre la validez de lo anterior en el nuevo régimen. Sobre esto los ministros de la Corte no tienen unanimidad. Y será el Poder Judicial el responsable del destino de esos trámites en curso.
El anuncio del cierre del sistema conclusional ha sido desde hace años fuente de descrédito porque implica asumir que hay casos que quedarán impunes. Esas tensiones llevaron a que el gobierno de Miguel Lifschitz extendiera en febrero de 2017 por seis meses el período de transición del sistema conclusional "con el objetivo de proveer la debida resolución judicial a cada una de las causas e incrementar las respuestas de calidad en la actuación de la Justicia para toda la sociedad". Tras sucesivas postergaciones el momento del fin del viejo sistema parece haber llegado pero no así las incógnitas sobre el futuro del trámite de algunas causas de relevancia pública.
