La última semana la ciudad de Rosario volvió a ser eje de una serie de hechos que la llevaron a ocupar titulares de los medios de comunicación locales y nacionales. El punto de partida fue la saga de allanamientos que derivaron en la detención de seis personas ligadas a la familia Cantero, fundadora de la banda de Los Monos, a quienes les incautaron 24 armas de fuego, dinero en efectivo y varias joyas de oro. Siguió con una amenaza escrita a oficinas del Servicio Penitenciario (SP) provincial por las requisas que se hacen a los presos de “alto perfil” y a sus familiares. Tras ello llegaron las audiencias imputativas a los detenidos en los procedimientos realizados en la zona sur y en la cual fueron acusados Luciano Uriel “Lucho” Cantero; su madre, Lorena Verdún, y otras seis personas a las que les endilgaron los delitos de intimidación pública, extorsiones y acopio de armas de guerra. Como si eso fuera poco, la amenaza al SP se concretó con un ataque a tiros realizado la madrugada del domingo en las oficinas que el organismo tiene en avenida Pellegrini y Alsina. Y, ¿para terminar?, un llamado anónimo al 911 el mismo domingo advirtió que se iban “a colocar bombas en distintas sedes policiales”. Una seguidilla que obtuvo respuestas por parte de distintos funcionarios, muchos de los cuales sino todos volvieron a poner al clan surgido en el barrio Las Flores bajo la lupa de la organización o instigación de cada uno de esos episodios.
En una de las audiencias a los detenidos el martes pasado, la viuda de Claudio “Pájaro” Cantero despotricó contra el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada Matías Edery, a quien tras la acusación que realizó le dijo: “Esto no va a quedar así”. Y advirtió al juez Alejandro Negroni: “Fíjese lo que va a decidir, este fiscal siempre se la agarra contra los Cantero”. Las palabras de Verdún llevaron al gobierno provincial a reforzar la seguridad personal del fiscal y un coro de políticos de distintos sectores partidarios salió a expresar su solidaridad con el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.
La pregunta que surge ante todo lo ocurrido es si verdaderamente es la familia Cantero o el grupo liderado por Lucho es el que está detrás de todo esto, como lo sugirió ayer el propio fiscal Matías Edery en una conferencia de prensa, donde ratificó la presentación de una denuncia contra Lorena Verdún por las palabras que le dirigió el sábado en la audiencia imputativa tras la cual la mujer quedó en prisión preventiva por el plazo de ley por la tenencia de un arma de fuego.
“Lamentablemente esta es una situación que se repite”, dijo el funcionario que hace tres años vive con custodia. Y fue tajante al afirmar: “El Pájaro Cantero murió hace diez años y Los Monos hace 20 años que están. No se puede explicar que estén sin un apoyo político y policial, pero a veces investigar el apoyo político toca intereses y ahí creo que (los fiscales) merecemos el mismo apoyo que los políticos, porque de la sociedad ya lo tenemos”.
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Asimismo, Edery reconoció que “las investigaciones del crimen organizado son trascendentales para terminar con la violencia y no se puede entender el crimen organizado sin el ribete policial o político” al cual está vinculada. No obstante, aclaró que el territorio donde se mueven las bandas delictivas ya no es exclusividad de Los Monos, sino que son varias las organizaciones que hacen negocios, aunque “hay vínculos familiares entre ellos que se respetan” y cada una tiene sus códigos, por lo que “es recomendable investigarlas por separado”.
Sobre el rol de Lorena Verdún en este armado, sostuvo que “aún es prematuro aventurar disposiciones, al menos hasta que no se analice el teléfono celular que se la ha secuestrado”. Pero señaló que “hay varios episodios que la hacen sospechosa de un lugar de importancia dentro de una organización que acopiaba armas de alto poder de fuego y las utilizaba para extorsiones y balaceras”, en referencia a los festejos que un grupo de jóvenes entre los que estaba su hijo “realizó desde la terraza de la casa” de la mujer para recibir la Navidad de 2021.
En respaldo de Edery se expresó ayer el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, quien sostuvo que la amenaza que recibió el funcionario “es un hecho sumamente desafiante. Esa situación, en el eventual pedido de una sanción condenatoria, llegará a gravitar cuando se tenga que cuantificar la sanción. El hecho denota mayor gravedad por el contexto en el que se dio”. Y agregó que tras conocer lo ocurrido se comunicó con Edery para expresarle su “total apoyo en la causa judicial y repudiar las intimidaciones”, ante lo cual anunció “la apertura de una nueva causa judicial contra Verdún”.
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Balacera al SP
Consultado por la balacera a la Oficina de Asuntos Penitenciarios ubicada en la esquina de Pellegrini y Alsina a las 4 de la mañana del domingo tras una nota amenazante que dejaron en ese mismo lugar el jueves último, Edery no descartó alguna vinculación de Lucho Cantero con el episodio, ya que le secuestraron un teléfono celular al ingresar a la cárcel de Piñero después de haber estado una semana recluido en otro penal, aunque no descartó otras líneas de investigación.
Respecto a ese ataque, la noche del jueves autores aún desconocidos dejaron en la puerta de la oficina un cartón escrito a mano en el que advertían: “Si siguen verdugueando a la familia de los (presos de) alto perfil, para la próxima, vamos contra la familia de los empleados del servicio (penitenciario). El que avisa no traiciona”. Y esa advertencia se produjo la madrugada del domingo, cuando supuestamente desde un vehículo en movimiento efectuaron un disparo contra el edificio.
El hecho es investigado por la Fiscalía de Flagrancia aunque el expediente podría pasar a la Agencia de Criminalidad Organizada en la que actúa el propio Edery. En tanto, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) estuvieron trabajando en el lugar y hallaron frente a la puerta del inmueble una bala de plomo deformada.
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A partir del episodio, el tercer ataque en un año al mismo edificio, desde el Ministerio de Seguridad Provincial se ordenó un refuerzo de las custodias de las cárceles santafesinas, especialmente en Piñero donde se encuentran alojados la mayoría de los miembros de las bandas criminales renombradas, incluso Lucho Cantero.
El primero de los ataques contra el edificio penitenciario fue el 10 de enero de 2021 y fue descubierto por empleados que llegaron a trabajar y observaron un impacto de bala en una ventana. El hecho se cometió en el contexto de una seguidilla violenta como la balacera contra el edificio del Centro de Justicia Penal y tras conocerse el desplazamiento del entonces jefe de la Unidad Regional II, Claudio Romano, y de otros funcionarios policiales. El lunes 12 de octubre pasadas las 13 el ataque volvió a repetirse. Un motociclista disminuyó la marcha al pasar por el frente de las oficinas y su acompañante abrió fuego media docena de veces. Dos de los plomos impactaron en el frente y uno traspasó una ventana. En ese momento, los pesquisas recolectaron seis vainas servidas.
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En declaraciones a LT8, el secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Walter Gálvez, no descartó que el ataque tenga “vinculaciones con las requisas a presos de alto perfil alojados en Piñero”. Y agregó: “Esto lo tomamos como una intimidación para amedrentar, un mensaje mafioso que no nos va a correr de las conductas que estamos implementando con estos reclusos”.
Asimismo, Gálvez expresó que “el papel que apareció el jueves en la misma oficina atacada la madrugada del domingo apuntaba justamente a ese tipo de internos. No tenemos corroborado o confirmado que esto sea lo mismo, pero nos llama la atención”. Y en el mismo sentido recordó que el gobierno “está impulsando traslados a cárceles federales y se trabaja junto a la policía, la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía en requisas tanto a visitantes como a los internos. Esas son las herramientas con la que contamos”.
Policía en alerta
Finalmente, la noche de este domingo un llamado al 911 amenazó con colocar bombas en distintas sedes policiales. Eso desencadenó un operativo de la Brigada de Explosivos de la fuerza rosarina en la sede de la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos) ubicada en Catamarca al 1300, en el microcentro de Rosario, cuyo resultado dio negativo.
No obstante ello, por órdenes del Ministerio de Seguridad se reforzaron controles preventivos en distintas dependencias policiales como la jefatura ubicada en Ovidio Lagos al 5200, donde se decidió desde ayer a primera hora trabajar con el portón de acceso cerrado, con agentes protegidos por chalecos balísticos en la puerta y que se revise exhaustivamente cada vehículo que ingrese al predio.
