Policiales

Denunció amenaza de muerte el canciller del Consulado español

El canciller del Consulado General de España en Rosario denunció que recibió una amenaza telefónica por parte de una voz anónima que lo trató de “buchón” y le advirtió que podía terminar “tirado en una zanja”.

Sábado 19 de Enero de 2008

El canciller del Consulado General de España en Rosario denunció que recibió una amenaza telefónica por parte de una voz anónima que lo trató de “buchón” y le advirtió que podía terminar “tirado en una zanja”. Para la Justicia la intimidación tiene relación directa con la causa por extorsión en la que están implicados diez policías, que se inició con la denuncia de dos turistas que fueron asesorados por el diplomático.
  La amenaza telefónica fue denunciada ayer ante la jueza de Instrucción Nº 6, Raquel Cosgaya, por el canciller Gerardo Hernández. La presentación del diplomático motivó la intervención del Ministerio de Seguridad provincial, Daniel Cuenca, que manifestó su repudio ante el hecho, ratificó que existe decisión política de esclarecerlo y que tomó contacto con la jueza para ofrecer recursos.
  Como medida preventiva, al canciller le asignaron custodia permanente a cargo de policías de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), aunque el funcionario cumple con sus actividades normalmente.

Conexión. La única hipótesis de los investigadores es que la intimidación se vincularía a la denuncia de dos turistas que acusaron a policías de la Patrulla de Caminos por extorsionarlos en un peaje. La presentación había sido respaldada por el Consulado dado que una de las víctimas es un ciudadano español. “No existe ninguna otra variante que permita explicar por qué se produjo esta amenaza”, explicó un vocero policial.
  En el mensaje amenazante, que habría quedado grabado, una voz anónima tildó a Hernández de “buchón” y le dijo que terminaría “en una zanja”. A raíz de esa intimidación el fiscal de Cámaras José María Peña le dio instrucciones al fiscal que interviene en la causa por extorsión, Esteban Franichevich, para que cite a ampliar la declaración indagatoria a los ocho efectivos acusados.
  “A criterio del Ministerio Público Fiscal esas amenazas provienen de los policías o su entorno, no hay otra conjetura posible”, dijo a este diario Peña, quien por la gravedad del caso evaluó que “habría que relevar a la cúpula policial de Rosario”.
  El fiscal requirió que se ordene la detención de los acusados porque a su entender la amenaza puso de manifiesto “una voluntad de entorpecer la investigación judicial”. Asimismo, pidió que se les brinde protección a los dos denunciantes, que el lunes participarán de un reconocimiento en Tribunales.
  La participación de Hernández en la causa contra la Patrulla de Caminos consistió en asesorar a los dos muchachos que refirieron haber pagado 950 pesos y 800 euros de un giro a efectivos que los chantajearon en el peaje.
  Los dos turistas se dirigieron al Consulado de Santa Fe 768. Tras atenderlos, Hernández se comunicó por teléfono con la fiscal Cristina Rubiolo, ante quien los muchachos finalmente denunciaron lo ocurrido, en compañía de un empleado del organismo diplomático.

En el peaje. La denuncia fue radicada por el turista bonaerense Santiago Mercatante, de 32 años, y su primo Juan Balmont López, de 3 y oriundo de Palma de Mallorca, donde trabaja en un hotel.
  Dijeron que el viernes pasado en el peaje ubicado a 20 kilómetros de Rosario los detuvieron cuatro hombres de la Patrulla de Caminos, revisaron el vehículo y le exigieron al conductor los papeles de los productos de peluquería que llevaba en el baúl por razones de trabajo. Luego los acusaron de llevar pastillas y les reclamaron dinero.
  Los muchachos primero entregaron 950 pesos. Después los policías los condujeron a un local de Western Union de zona sur donde el ciudadano español extrajo 800 euros que según la denuncia quedaron en manos de los policías, como así también la mercadería que iba en el baúl.
  Los ocho integrantes de la Patrulla que cumplieron ese turno fueron imputados de extorsión y privación ilegítima de la libertad. Los dos jefes fueron encausados por encubrimiento y a los restantes 26 empleados de esa repartición les tomaron declaración informativa. l

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