La Justicia Federal de Rosario denegó una vez más la excarcelación del ex jefe de la policía provincial, el comisario Hugo Tognoli, y su abogado anunció que no apelará la medida. De esta manera, quien fuera el titular de la fuerza santafesina hasta octubre de 2012 seguirá detenido en la cárcel de Las Flores a la espera del juicio oral y público al que llegará acusado de encubrimiento de narcotráfico. El dictamen, de 10 carillas, lleva las firmas de los jueces Edgardo Bello y Elida Vidal, y fue dado a conocer en una conferencia de prensa por el abogado porteño Andrés Rabinovich, quien insistió en que su cliente "es un preso político". Para sostener tal afirmación hizo pública la grabación de la audiencia en la cual se discutió la excarcelación y en la que, a su criterio, el Fiscal General de la Cámara Federal de Rosario, Claudio Palacín, admitió que recibió órdenes de la Procuraduría de la Nación de suplantar a la fiscal original de la causa por no apelar la falta de mérito que Tognoli recibió en primera instancia (ver aparte).
Tognoli fue detenido el 22 de octubre de 2013 tras la publicación de una nota en Página/12 en la cual desprolijamente se daba cuenta de su presunta connivencia con narcotraficantes del sur provincial, más específicamente con Carlos Andrés Ascaíni, un empresario de Villa Cañás preso y procesado en la causa. En diciembre de ese año, el juez federal Carlos Vera Barros dictó la falta de mérito al ex jefe policial al entender que no había pruebas para su procesamiento y la fiscal Liliana Bettiolo no apeló el fallo.
Sin embargo por decisión de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la fiscal fue "cesada" en su cargo y en su reemplazo llegó Juan Patricio Murray, quien bajo la figura de "empresa criminal conjunta" apeló el dictamen y pidió la detención de Tognoli, Ascaíni y dos policías más: el comisario Néstor Fernández (por entonces jefe de la seccional 2ª de Rosario) y el cabo Carlos Quintana (de la comisaría de Villa Cañás). En ese marco, el 5 de marzo de 2013 Tognoli volvió a ser detenido y en esa situación continúa hasta el momento después de numerosos incidentes rechazados por el fuero federal y la confirmación del procesamiento por parte de la Cámara de Casación.
Otro intento. Así se llegó a abril de este año cuando el abogado Rabinovich volvió a plantear la excarcelación de su cliente por llevar "dos años tras las rejas sin sentencia firme condenatoria y sin requisitoria de elevación a juicio". Y para sostener el reclamo echó mano a pactos y tratados internacionales y hasta al fallo "Díaz Bessone", el represor argentino que esperó su juicio en libertad ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundamentó el principio de inocencia y destacó que "la libertad es la regla y la detención la excepción, solo cuando no haya garantías, o sea cuando el encartado pueda eludir la acción judicial, se profugara o la entorpeciera". Para que eso no ocurriera, Rabinovich ofreció una serie inédita de garantías tales como tres fiadores, presentaciones semanales ante el juzgado y la abstención de salir de la provincia y el país.
Errores arbitrarios. El reclamó recayó en la Sala B de la Cámara de Apelación, la misma que había sido recusada por la defensa por "pronunciarse en 11 oportunidades contra mi cliente y ante determinados incidentes presentados", explicó Rabinovich. Sin embargo, mientras la Sala A de la Cámara analizaba ese pedido y citaba al abogado para el 26 de abril a las 11 de la mañana a una audiencia en la cual se analizaría dicha recusación, la Sala B en una "clara y manifiesta desprolijidad" lo citó para que dos horas antes discutieran el pedido de excarcelación ahora denegado. "Esto demuestra lo arbitrartio del trato que la Justicia le dispensa a mi cliente y cómo se eluden los carriles de la normalidad jurídica", dijo el letrado. Y agregó: "No sólo eso, sino que en el escrito en el cual se le niega la excarcelación y se recuerda la prórroga de la prisión preventiva, ya lo condenan".
Al respecto, en el dictamen al que accedió La Capital se lee que "el nuevo pedido de excarcelación no resulta procedente toda vez que, según la tipificación del delito por el que se le recibió declaración indagatoria y fue procesado, le podría corresponder, en caso de ser condenado, un máximo superior a los 8 años de pena privativa de la libertad, no siendo viable tampoco la aplicación de una condena de ejecución condicional dada la pena prevista en abstracto para tal delito".
Los jueces también recuerdan que "la Corte Suprema de la Nación ha dicho que el derecho del que goza el imputado sometido a proceso (de transitarlo en libertad en virtud del principio de inocencia) debe conjugarse con el que tiene la sociedad de defenderse contra el delito".
Finalmente, los jueces Bello y Vidal mencionan que "se confirmó la prisión preventiva por seis meses a partir del 7 de marzo del año en curso, advirtiéndose la inminencia de la elevación de la causa al Tribunal Oral con la consiguiente programación de audiencia en debate" y remarcan que, ante los dichos de Rabinovich de que Tognoli "es un detenido diferente, un preso político, tal expresión excede el legítimo ejercicio del derecho de defensa en juicio y como magistrados de la Nación afirmamos que somos jueces imparciales e impartiales (...) respetando todas las garantías y el derecho de defensa en juicio del justiciable".
