Policiales

Defensas de policías presentan dos fotos y dicen que en el caso Casco no hubo tortura

Son de Facebook. Según abogados, las imágenes muestran que a Franco le faltaban dientes desde antes de su detención y no por violencia en el calabozo.

Lunes 20 de Agosto de 2018

Las defensas de siete de los policías procesados por el asesinato de Franco Casco presentaron ante la Justicia dos fotografías que, sostienen, son prueba de que el joven no había perdido las piezas dentales que le faltaban en medio de una brutal golpiza dentro de la comisaría 7ª sino que le faltaban desde al menos un año antes de su ingreso a la seccional y su posterior desaparición y muerte. Hasta ayer la querella no había tenido acceso a esas imágenes por lo que evitó realizar consideraciones, aunque remarcó que cualquier imagen sin un análisis científico pericial carece de validez.

La cuestión de los incisivos frontales de Franco Casco fue materia de controversia a lo largo de la instrucción de la causa. Una primera pericia practicada por el cuerpo médico de la Corte Suprema de la Nación arrojó que las cavidades donde se alojaban las piezas dentarias que le faltaban al cadáver cuando fue recuperado de las aguas del Paraná, el 30 de octubre de 2014, presentaban microfisuras y microfracturas con características vitales, lo que indicaba que se perdieron en vida y de forma traumática.

Esa pericia —junto con otros elementos que forman parte de la causa— le permitió inferir al fiscal Marcelo Di Giovanni que esos dientes le fueron arrancados a Franco cuando recibió apremios ilegales por parte del personal de la comisaría 7ª durante su detención, fechada el 6 de octubre de 2014.

En julio del año pasado, y de forma sorpresiva, apareció una nueva pericia, que en realidad no era nueva: había sido fechada el 31 de octubre de 2014 —un día después de que el cuerpo apareciera— por dos docentes de la Cátedra de Odontología Legal de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Esa pericia, incorporada al expediente casi tres años después de que fuera realizada con el argumento de que se había traspapelado, decía que los alveolos donde estaban implantados los dientes estaban sanos, lo que implicaba que el desprendimiento de las piezas dentales no había sido traumática sino que se debía a una mala salud bucal.

Ya en ese momento el querellante Salvador Vera, abogado que presenta al hijo y a la hermana de Casco en el proceso, había planteado la gravedad institucional de la situación, no sólo por la demora de su incorporación, sino porque la pericia no había sido ordenada por los investigadores y el Instituto Médico Legal no podía solicitarla "de oficio" a la UNR.

Las fotos

El viernes pasado los abogados Germán Mahieu, Carlos Racamato, Antonella Travesaro, José Luis Giacometti y Eduardo Sosa —defensores de siete de los acusados por el crimen de Franco— presentaron en la Fiscalía Federal Nº 1 un escrito para que se incorporen en el expediente dos fotografías extraídas de la cuenta de Facebook de Franco y de su ex cuñado.

Las imágenes fueron subidas a la red social el 27 de enero y el 11 de septiembre de 2013. "En dicha vista fotográfica, a simple vista y con extrema facilidad, se advierte que la víctima Franco Ezequiel Casco ya por esos entonces, no tenía las dos piezas frontales superiores". En el escrito los defensores notifican que un escribano certificó la existencia de esas imágenes, que fueron adjuntadas a la Fiscalía.

"Las fotografías echan por tierra la teoría de la Fiscalía, que planteaba que Franco había perdido esas dos piezas dentales producto de una agresión ilegítima. Las fotos revelan que esos dos dientes le faltaban desde antes, desde 2013", dijo a LaCapital el abogado Germán Mahieu.

Para el letrado, estas fotos resquebrajan la teoría del caso de los acusadores. "No existe ninguna prueba objetiva científica directa de cómo es que falleció Franco. Hasta el día de hoy lamentablemente no se sabe cómo lo mataron", consideró Mahieu.

Hasta ayer la querella no había sido notificada de la existencia de las fotografías y por eso Salvador Vera, consultado por este diario, prefirió no hacer consideraciones al respecto. "No tuve contacto con las fotografías, pero para determinar si tienen validez o no deberían ser sometidas a un análisis científico. La pericia científica con la que contamos es la de la Corte Suprema de la Nación, que habla de una pérdida violenta y traumática de los dientes. Y el testimonio de la familia de Casco habla de una buena salud bucal".

Aclaración

Además, Vera hizo una aclaración: "Nuestra teoría del caso no se ve afectada porque tiene que ver con la privación ilegítima de la libertad agravada por la muerte. No hay nada que sostenga la hipótesis planteada por el parte preventivo armado por la gente de la seccional 7ª".

Sobre la pericia que se incorporó tres años después de realizada, Vera volvió a considerar que se trató de una pericia "ilegal, nula y clandestina", puesto que no fue ordenada por la Justicia y los resultados no están acompañados por el soporte documental correspondiente, como estudios y placas que le den validez al informe.

La muerte

Franco tenía 20 años y no vivía en Rosario. Era del partido bonaerense de Florencio Varela y había desembarcado en la ciudad para visitar a unos familiares en barrio Empalme Graneros. Su plan era tomar un tren a Retiro el 6 de octubre de 2014, pero nunca lo abordó. Cuando sus familiares lo buscaron en comisarías, en la seccional 7ª les retacearon información. Cuando el 30 de octubre siguiente se halló su cadáver en el río Paraná con signos de haber sido torturado, la investigación pasó a la Justicia Federal como desaparición forzada.

A partir de la investigación del fiscal Marcelo Degiovanni, en octubre de 2017 el juez Federal Carlos Vera Barros procesó a 30 policías a quienes les atribuyó, con distintos grados de participación, el delito de desaparición forzada agravada por la muerte. Se trata de un delito complejo que comenzó con la detención irregular de Franco y el ocultamiento de información sobre su paradero agravado por su aparición sin vida.

Para el juez había elementos suficientes para inferir que el joven había sido detenido la noche de 6 de octubre de 2014 y sometido a torturas en un calabozo de la 7ª, por lo que procesó a 25 policías que entonces prestaban servicio allí como coautores de la desaparición forzada de Casco. A tres de ellos les agregó el delito de torturas seguida de muerte; a 15 los ubicó como partícipes secundarios. Además, cinco policías de Asuntos Internos fueron procesados por encubrimiento.

La resolución de Vera Barros fue apelada y revisada por los camaristas Fernando Lorenzo Barbará, Aníbal Pineda y Jorge Sebastián Gallino, quienes reorganizaron los procesamientos en tres grupos: los coautores de desaparición forzada y tormentos; los partícipes secundarios de la desaparición forzada; y el encubrimiento.

El fallo de Cámara dictó la falta de mérito para 12 de los procesados y confirmó —o reformuló— los de los demás 18 uniformados que, se prevé, llegarán a juicio oral por la muerte de Franco. De ellos, 11 quedaron con prisión preventiva.

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