La Fiscalía revisó la situación de dos miembros de las fuerzas de seguridad que habían sido detenidas por malversación de fondos para combustible
La denuncia de corrupción policial se enfoca en la nafta de los móviles.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este viernes un cambio en la investigación sobre corrupción policial en Rosario. Los encargados de la causa anunciaron la liberación de dos detenidos entre los miembros de las fuerzas de seguridad que estaban en la mira judicial.
Luego de 36 procedimientos en dependencias locales y regionales de la institución, la Fiscalía dio marcha atrás con algunos pedidos de captura que había hecho el último lunes. Mientras tanto, otras 18 personas continúan bajo arresto por presunta malversación de fondos para la carga de combustible.
Además de esta medida, el organismo judicial precisó que la audiencia imputativa se realizará el martes 13 de mayo, una semana después de los allanamientos y requisas en diferentes secciones de la Policía de Rosario. En paralelo con el proceso penal, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe mantiene la intervención de la Unidad Regional II.
Al cabo del operativo del último lunes, el MPA confirmó la detención de 16 policías y cuatro civiles. Dentro del primer grupo, el fiscal José Luis Caterina decidió dejar en libertad a dos numerarios que estaban bajo sospecha dentro de la causa.
Francisco T. forma parte del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI). Ramón S. tiene el mismo rango y pertenece al Comando Radioeléctrico. A partir de la evidencia reunida en los últimos días, las autoridades creen que ninguno de ellos intervino directamente en el desvío del dinero de las compras de combustible.
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En cuanto al desarrollo del proceso penal, en el MPA entienden que los uniformados no pueden entorpecer la investigación, de modo que no hace falta mantenerlos privados de su libertad. Así se redujo la lista de efectivos que serán imputados la próxima semana en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
Al margen de los casos de los numerarios, la lista de detenidos incluye a varias personas en puestos jerárquicos de la instititución. En total detuvieron a tres jefes y dos subjefes de la Unidad Regional II con diferentes funciones.
Entre los sospechosos bajo arresto se destaca Davina P., la segunda máxima autoridad en los Talleres Mecánicos Tarragona. También aparece el comisario Fabián F., encargado Perros y Caballería, y el inspector Mario B., segundo al mando en la sección. Por otra parte, la Fiscalía pidió la captura del comisario supervisor Rodrigo D., que estaba al frente de la Secretaría Privada de la Jefatura de la Unidad Regional II, y del comisario supervisor Gerardo R., jefe de Garage de Distribución de Combustible.
La causa se abrió en julio de 2024 a partir de una denuncia sobre facturas falsas de estaciones de servicio. Las compras con el sistema Visa Flota eran por un valor inferior a la cantidad de combustible que cargaban los uniformados. El gobierno provincial calcula que esta red generó un perjuicio económico de 45 millones de pesos mensuales.
Si bien los policías son los principales implicados, el MPA también solicitó la captura de cuatro personas vinculadas con la playa Puma de Ovidio Lagos al 3900, cerca de la Jefatura de la Unidad Regional II. La supuesta relación con los delitos denunciadas se ventilará en detalle este martes desde las 8 de la mañana.
Lo ratificaron desde el Ministerio de Educación a La Capital. Amsafé rechazó la oferta salarial del gobierno y anunció una huelga de 24 horas
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