Leonardo Vincenti
controles. Violar las medidas adoptadas contra la pandemia es un delito contemplado por el Código Penal.
Una frase se repite en la grilla de las escasas audiencias penales que se realizan en Rosario en cuarentena: "violación de medidas contra la epidemia". Es que los detenidos por delitos comunes también son acusados por no respetar la cuarentena. Y los que fueron sorprendidos burlando esa restricción en la pandemia comenzaron a ser imputados ayer. Esta situación novedosa expuso a los jueces a definir quién sanciona a los que no respetan el mandato de quedarse en sus casas. La cuestión divide aguas: algunos se declaran incompetentes por considerar que la salud pública es asunto federal; otros entienden que la Justicia provincial tiene más infraestructura para actuar en la emergencia y es la que debe reprimir conductas que pongan en peligro a la población.
Ambas posiciones se adoptaron en una decena de audiencias penales realizadas desde que el presidente Alberto Fernández impuso el aislamiento social preventivo y obligatorio ante la pandemia de coronavirus. Desde entonces, en el Centro de Justicia Penal (CJP) sólo se aborda lo imprescindible. Es el caso de los detenidos por robos, amenazas u homicidios que a las 48 horas de su arresto deben afrontar una imputación, a la que se añade la violación de la cuarentena.
En ese escenario, ayer los fiscales comenzaron a gestionar audiencias por los casos más trascendentes de infracción al encierro doméstico en los que no hay otros delitos añadidos. El delito ya estaba en el Código Penal pero recién entró en escena en este inédito contexto. ¿Quién se ocupa de reprimirlo? La controversia parte aguas en el fuero penal rosarino.
Hasta ahora tres jueces se declararon incompetentes por considerar que es un asunto federal: remarcaron que ese es el ámbito que se ocupa de estas conductas en las otras provincias. Otros tres, en cambio, consideraron que la Justicia santafesina puede y debe abordar el tema. En tres casos que fueron apelados el debate llegó hasta la Cámara Penal, que en los próximos días puede fijar un criterio.
Para después
La discusión jurídica quizás no tenga impacto operativo en plena crisis, pero sí cuando termine la cuarentena. Para afrontar la situación de los muchos rosarinos que violan el aislamiento se creó una fiscalía especial a cargo de Gustavo Ponce Asahad y Marcelo Vienna. Con miles infractores diarios detectados al comienzo, ese número decreció y ayer al mediodía eran 154 las aprehensiones reportadas desde la Jefatura de policía.
En la mayoría de los casos los fiscales ordenan arresto domiciliario y postergan la imputación para después de la cuarentena. Al principio sólo iban a audiencia los detenidos que además afrontaban otro delito o un pedido de captura. Con el caso del empresario gastronómico Roberto Dutra (ver página 7) desde ayer los fiscales comenzaron a imputar a los infractores. Pero la mayoría de las 1.500 causas penales que acopia la unidad desde el 17 de marzo se activarán cuando se normalicen los Tribunales.
Esto supondrá una alta carga de trabajo para la administración judicial. Sea cual sea la que se ocupe, las fuentes judiciales coinciden en que esas conductas ponen en riesgo la salud pública y no deben quedar impunes: si no es con prisión condicional, plantean, los infractores deberán responder con multas o sanciones económicas significativas.
El delito en cuestión está previsto en el artículo 205 del Código Penal, que prevé prisión de seis meses a dos años "al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia". A esta figura se le suma la desobediencia a un funcionario público, prevista en el artículo 239 y con prisión de 15 días a un año.
Sin límites
En los dos primeros casos resueltos sobre el tema los jueces Carlos Leiva y José Luis Suárez se declararon incompetentes y los remitieron a la Justicia federal por entender que el delito trasciende los límites de la provincia. Suárez abordó el caso de una pareja sorprendida de madrugada cuando salió a comprar alcohol y discutió con un chofer, a quien lesionaron de un botellazo. El juez les dictó arresto domiciliario por los delitos provinciales pero giró la violación de la cuarentena a los tribunales de Oroño al 900. "En todo el país intervienen los jueces federales. El delito surge a partir de un decreto del Ejecutivo Nacional y es un problema de salud pública, que es una cuestión federal", opinó.
Otro caso testigo fue el de Ever Alejandro F., un changarín de 25 años con pedido de captura por robo calificado desde diciembre y fue detenido cuando iba en moto a la casa de su madre en Cañada de Gómez. El juez Leiva lo dejó preso por el delito previo pero se declaró incompetente sobre la violación del decreto presidencial.
Concurrencia
La decisión de Leiva fue apelada en un largo escrito por la fiscal y docente de derecho constitucional Ana Julia Milicic. "No están afectados bienes jurídicos que pertenecen al Estado federal, la represión de estos hechos debería estar a cargo de la Justicia ordinaria", planteó. A manera de comparación, citó que en febrero la Corte provincial dispuso que el delito federal de lavado de activos también puede investigarse en la Justicia santafesina.
Los decretos presidenciales de necesidad y urgencia pueden dictarse siempre que no versen sobre cuestiones penales. Esto, según la fiscal, despeja el camino en favor de la intervención provincial. Además considera que en un Estado federal las cuestiones de salud, seguridad y educación son concurrentes en municipios y provincias: "Así como el gobernador Omar Perotti puede imponer directivas para el cumplimiento de la cuarentena, la provincia tiene la correlativa atribución de verificarlo", opinó ante este diario.
Para Milicic es crucial que no se afecte la autonomía de los fiscales provinciales en la crisis porque están dotados de mayor infraestructura para intervenir. "No se está discutiendo la razonabilidad de las decisiones sino quién debe tomarlas. Quién puede sancionar y quién puede operar en la emergencia. Es un gran debate", observó. Por eso solicitó a la Cámara que se expida de manera urgente ante la "grave, delicada y compleja situación de emergencia epidemiológica".
Opuestos
En la semana que pasó otros dos casos se sumaron a la controversia. El jueves Maximiliano David G. fue imputado por el crimen de Milton Imperiale. Lo habían detenido en un control cuando circulaba sin permiso y saltó su pedido de captura. El juez Alejandro Negroni lo imputó por el homicidio pero se declaró incompetente en relación a la violación de cuarentena.
Un día después el juez Ismael Manfrín adoptó el criterio opuesto al imputar al "Dominicano" Otniel A. por el crimen de un policía en barrio Godoy. En sintonía con un planteo de la fiscal María de los Angeles Granato el juez consideró que el ámbito federal se reserva para cuestiones de "excepción", mientras que aquí se trata de preservar la salud de toda la población. Dijo que el decreto presidencial facultó a las jurisdicciones locales a aplicarlo. Y remarcó que la Justicia provincial tiene más recursos para sancionar conductas que "se están cometiendo masivamente en toda la provincia".
El fin de semana, sus pares Patricia Bilotta y Hebe Marcogliese se sumaron al grupo de jueces que pugna por la competencia provincial. Lo hicieron al expedirse en seis casos —entre ellos el de Dutra— de personas acusadas de violentar la cuarentena. El delito que salió del cajón de los recuerdos para instalarse en el centro de la mirada pública en plena pandemia.
