En un acuerdo abreviado, dos integrantes del clan Funes fueron condenados ayer a 3 años de prisión. Se trata de Brisa Amaral, de 18 años y quien hace poco menos de un año fue testigo del asesinato de Jonatan "Bam Bam" Funes; y de Pablo David Miranda, de 41 años y tío de Alan y Lautaro Funes, los dos jóvenes sindicados como organizadores de la banda. Estaban imputados de pertenecer a una segunda línea de la asociación ilícita y de haber adquirido mayor protagonismo cuando Alan y Lautaro cayeron presos.
Miranda acordó una pena de tres años de cumplimiento condicional, por lo que recuperó la libertad de forma inmediata. Brisa, en tanto, recibió una pena de cumplimiento efectivo pero ya purgó ocho meses de la misma en prisión preventiva, por lo que ya puede pedir cumplir el resto fuera de la cárcel.
La audiencia se realizó ayer a las 10 en el Centro de Justicia Penal y estuvo presidida por el juez Juan Andrés Donnola. La fiscal Gisela Paolicelli fue quien dio a conocer los detalles del acuerdo al que llegaron con los defensores Maximiliano Rupani y Alberto Tortajada.
La fiscal acusó a Amaral y a Miranda de pertenecer a una asociación ilícita con permanencia indeterminada en el tiempo. Esa organización, dijo, tenía diversos fines: entre ellos los de cometer delitos contra la propiedad, la libertad y las personas.
El principal elemento en su contra fueron las intervenciones telefónicas a sus celulares, que se realizaron entre fines de febrero y fines de abril de este año, de las que surgen elementos que los dejan en un lugar protagónico dentro de la banda: fueron quienes quedaron a cargo de las tareas de organización que cumplían Alan y Lautaro antes de caer presos por distintos delitos.
Los acusados
Brisa Amaral, de 18 años, fue una testigo clave en el homicidio de Jonatan "Bam Bam" Funes, quien tenía 28 años y cuando salía de visitar a sus hermanos en la cárcel de Piñero fue emboscado por sus asesinos. Fue el 5 de febrero en el cruce de la ruta 14 y la A-012. Brisa iba en el auto con él y recibió amenazas de parte de los homicidas, quienes dijeron que la dejaban viva para que cuente lo ocurrido.
El asesinato de "Bam Bam" fue uno más dentro de la saga de crímenes cruzados entre las familias Funes y Caminos que, según el Ministerio Público de la Acusación, se inscribe en las pretensiones de ambas bandas de controlar el territorio de los barrios Municipal, Tablada y República de la Sexta, en la zona sureste rosarina para comercializar estupefacientes. Un mes antes de la emboscada a "Bam Bam" había sido asesinado su hermano Ulises Funes, de 23 años, y a fines de 2017 Jorge, el padre de todos ellos y también sindicado como miembro de la asociación ilícita, había sido baleado.
Brisa cayó presa durante una serie de allanamientos que tuvieron lugar a fines de abril pasado. Fue imputada de pertenercer a la asociación ilícita junto a otros varios presuntos miembros de la organización delictiva, entre ellos René Ungaro, condenado por el asesinato el ex líder de la barrabrava de Newell's Old Boys, Roberto "Pimpi" Caminos y sospechado de dirigir la asociación ilícita desde la cárcel de Piñero.
La teoría fiscal, que fue admitida por Amaral y Miranda para llegar al acuerdo, los coloca como organizadores desde afuera de la cárcel de los delitos que cometía la banda liderada por Lautaro "Lamparita" Funes y su hermano Alan. Pero cuando cayeron presos —en septiembre de 2017 y enero de 2018, respectivamente— esa tarea recayó en Brisa, que para tal fin recibía el apoyo de Miranda.
Pablo David Miranda, de 41 años, es el tío de los hermanos Funes. En julio pasado quedó imputado como miembro de esa misma banda criminal.
El acuerdo
Ayer, los dos acusados firmaron un acuerdo abreviado que fue homologado por el juez Donnola. Brisa recibió la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, y Miranda de tres años de prisión condicional, por lo que ayer se fue en libertad. Los dos fueron hallados culpables del delito de "asociación ilícita"
Brisa está detenida en prisión preventiva desde hace ocho meses, por lo que podría acceder a la libertad condicional. La fiscal Paolicelli solicitó que, en caso de que así ocurriera, el Juzgado de Ejecución Penal evalúe la posibilidad de que se le prohiba a la joven vivir en Rosario o en villa Gobernador Gálvez y tener contacto con cualquiera de los 14 coimputados como miembros de la asociación ilícita.
La restricción de contacto con los coimputados sí quedó firme para Miranda, que de incumplir con esa norma de conducta podría tener que cumplir la condena en prisión.