Un policía de la provincia de Santa Fe de 47 años detenido desde 2012 imputado de regentear un centro de distribución de droga y dos búnker en el barrio Parque Casas, fue condenado ayer a ocho años de prisión e igual tiempo de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. La pena fue impuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) II de Rosario, que tras un juicio celebrado esta semana lo encontró culpable de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización". El veredicto ordena además enviar copias del expediente, pericias, fotografías y filmaciones al Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial para que investigue si hubo connivencia o protección de otros policías (ver aparte), y para que se determine si se configuraron delitos de acción pública con tres armas secuestradas en los allanamientos realizados durante la pesquisa.
La última jornada del juicio contra el policía César Adrián Juárez comenzó ayer a media mañana con los alegatos de la fiscal Adriana Saccone y el defensor oficial Andrés Penisi ante los jueces Jorge Venegas Echagüe, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo.
En una silla, detrás de su abogado y de frente a los magistrados, el imputado siguió atentamente las exposiciones vestido con un jean gastado, zapatillas deportivas blancas y une remera verde de mangas largas y un llamativo dibujo de un puma en la espalda con la leyenda "garra argentina".
Prueba compatible. La fiscal Saccone repasó las pruebas y evidencias que sustentaron la acusación y remarcó, por ejemplo, que las filmaciones, las fotografías, las droga incautada, los testimonios de los vecinos y policías que participaron de la pesquisa y las actas, entre otras pruebas, acreditaron la conducta ilícita de Juárez.
En ese sentido, la funcionaria recordó que era frecuente ver al policía moverse desde su domicilio de calle Cavia al 1300 hasta dos búnkers ubicados en Washington y las vías del ferrocarril Belgrano, y en Blas Parera al 2100 con bolsos, mochilas y cuadernos, material incautado en la investigación.
Todos ese movimiento quedó debidamente registrado por la Policía Federal que inició el seguimiento tras una denuncia telefónica anónima recibida en un 0800 del Ministerio de Seguridad de la Nación en agosto de 2012, y desde donde se notificó al la delegación local de la fuerza federal.
Así, el 22 de noviembre se desbarató ese circuito de comercialización de droga en el noroeste de Rosario. Tras una serie de allanamientos Juárez fue detenido en su casa con 1.627 envoltorios de cocaína y 257 de marihuana, armas y dinero con anotaciones sobre la venta al menudeo de los estupefacientes.
Del mismo modo la Policía Federal procedió sobre los puntos de venta de Blas Parera al 2100 y Washington y las vías. En el primero se encontraron 100 envoltorios con marihuana y cocaína y se detuvo a un soldadito identificado como Carlos Aníbal T.
Pollo y faso. En su alegato de cierre la fiscal Saccone remarcó que las actuaciones quedaron registradas en filmaciones y fotos donde se observa el trajinar del policía condenado, lo cual es compatible con las pruebas.
Además mencionó mensajes de texto que delataron las comunicaciones entre un teléfono del acusado que atendía su mujer. En uno de ellos un soldadito pide: "Adrián, necesitamos faso y pollo", como se conoce en la jerga a la "alita de mosca" (cocaína refinada). O "Doña, le dice al Adrián que me mande 1, 2 y 3", lo cual coincidía con las anotaciones y clasificaciones de los cuadernos secuestrados.
Así las cosas, la fiscal solicitó 8 años de cárcel para el policía por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", y aunque desistió de atribuirle la figura de asociación ilícita, pidió que se agrave la pena por su condición de policía.
Además, Saccone pidió que se lo declare reincidente (al momento de ser detenido estaba en disponibilidad y purgaba una condena domiciliaria por resistencia a la autoridad y portación de arma ilegal) y se le aplique una multa de 6.000 pesos.
Un "consumidor". A su turno el defensor oficial Andrés Pennisi solicitó la absolución de su pupilo y pidió que se declare la nulidad de todas la investigación, ya que se monto sobre "llamados anónimos que no constituyeron un acto formal válido". Indicó que el policía reconoció en su declaración indagatoria que era "consumidor" de droga, y que su relación con los lugares allanados era simplemente para comprar los estupefacientes para "consumo personal".
Asimismo, el letrado cuestionó que la investigación se apoyara en las denuncias telefónicas, ya que "no se identificó al denunciante, ni al número telefónico" desde donde se realizaron. Y trató de poner en crisis la calidad de las filmaciones que sirvieron de sustento a la investigación porque "no se vio al acusado en maniobras concretas de comercialización". Según Pennisi, el testimonio de vecinos y policías que confirmaron los hechos son "relatos informales".
Además de intentar desligarlo de cada uno de los allanamientos y disolver el vínculo entre las pruebas y las acciones del policía, refirió que el allanamiento en la casa de Juárez estuvo "armado".
Respecto al búnker de Blas Parera al 2100, el abogado expuso que "es evidente que eran otras personas las que lo manejaban, que eran otros policías", y pidió la absolución de su cliente o que subsidiariamente se lo condene por "tenencia simple de estupefacientes, se le conmute el tiempo que estuvo en prisión preventiva y se declare la inconstitucionalidad de la reincidencia".
Sentencia. Tras escuchar a las partes, el Tribunal presidido por Jorge Venegas Echagüe solicitó una hora para debatir y sobre las 12.50 regresó al recinto para dar a conocer su decisión.
El magistrado leyó entonces el fallo 28/12 del TOF II donde se plasma la condena a ocho años de cárcel para el policía provincial César Adrián Juárez por tenencia de estupefacientes para comercialización, agravado por su condición de policía, de acuerdo a los alcances de la ley Nº 23.737.
Además de rechazar las nulidades y la declaración de inconstitucionaldiad interpuesta por la defensa, multaron al policía con 6.000 pesos y le aplicaron una prohibición por el mismo tiempo de la condena para ejercer cargos públicos.
Asimismo se lo declaró reincidente, y se ordenó la conmutacion de la pena con el tiempo que lleva en prisión preventiva.
Parque Casas, donde operaba Juárez, está calificada como una zona caliente en el mapa de la comercialización de drogas en Rosario. En septiembre de 2012, antes de la detención de Juárez, se secuestraron 80 kilos de droga de un búnker ubicado en Blas Parera 1422. Allí también operaba Olga "La tata" Medina, quien está condenada y detenida por el mismo delito.
