Un joyero rosarino de 64 años que oficiaba de reducidor y vendía en su negocio el botín de una gavilla conocida como "La banda de los palieres", que robaba departamentos del centro rosarino, fue condenado ayer a la pena de tres años de prisión condicional en un juicio de trámite abreviado.
Se trata de Miguel Angel Gómez, quien admitió su participación en el último eslabón de una serie de 30 entraderas cometidas entre enero de 2015 y octubre de 2016, y cuyo blanco eran personas mayores que permitían el ingreso a sus viviendas tras ser engañadas por ladrones que se hacían pasar por funcionarios de la Ansés.
Organización
Hace poco más de un año y medio el Ministerio Público de la Acusación (MPA) posó su mirada sobre una banda que había aceitado sus modus operandi y comenzaba a generar angustia y preocupación entre las decenas de víctimas despojadas de sus pertenencias. Por eso se abrió una investigación a cargo del fiscal Nicolás Foppiani, quien ordenó una serie de medidas que desembocaron en el desmembramiento del grupo, integrado por cuatro hombres y una mujer, y cuyo líder era un hombre oriundo de la ciudad de Mar del Plata.
Esta persona, Gustavo V., se alojaba transitoriamente en Rosario en la casa de la mujer que integraba la gavilla. Allí se encargaba de organizar la logística y se apoyaba en cómplices locales que acopiaban información de las futuras víctimas.
"Todas las víctimas eran mujeres mayores ante las cuales los ladrones se presentaban como empleados de la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés). Así se ganaban la confianza para ingresar a las viviendas, en su mayoría departamentos de propiedad horizontal de macrocentro", describió una fuente judicial con acceso a la pesquisa. En su momento el fiscal Foppiani, al formular las imputaciones en octubre del año pasado, detalló que el 76 por ciento de las víctimas eran mujeres con un promedio de edad de 79 años.
Detenciones
El año pasado fueron detenidos Gustavo V., que por estos días aguarda en prisión preventiva la acusación que lo llevará a juicio; Néstor P.; Manuel M. y Anahí Alvarez. La mujer ya fue condenada en juicio abreviado a tres años de prisión condicional por encubrimiento agravado y por integrar la asociación ilícita, ya que alojaba en su casa al líder cuando llegaba a Rosario.
Pero faltaba un eslabón importante en la cadena delictiva. Se trata de Miguel Angel Gómez, quien aportaba su comercio e infraestructura para reducir las joyas robadas y hacerlas circular en el mercado bajo una apariencia de legalidad.
"Era el reducidor de la banda", explicó un experimentado investigador. En su joyería ubicada en San Martín y Mendoza, el comerciante recibía los objetos robados y los vendía al público.
"Aunque se secuestraron muchos elementos de valor para la causa, nunca se pudieron recuperar las joyas", contó la misma fuente consultada sobre la circulación del botín que fue a parar a manos de personas que tal vez lo compraron de buena fe en un negocio a la calle, pero desconocían su origen ilegal.
Reglas
En una audiencia celebrada en los Tribunales de Rosario el juez penal de primera instancia Gustavo Pérez de Urrechu homologó ayer el procedimiento de juicio abreviado presentado por el fiscal Foppiani y aceptado por la defensa Gómez, encabezada por el abogado Germán Mahieu, mediante el cual el imputado reconoció su rol en la organización delictiva.
En ese marco se emitió la sentencia condenatoria a tres años de prisión condicional más reglas de conducta, al ser declarado penalmente responsable como coautor de los delitos de asociación ilícita, encubrimiento agravado y receptación dolosa por el ánimo de lucro.
En el acta suscripta ayer figuran además de la condena, la reglas de conducta que deberá respetar el joyero, entre las cuales se enumera la prohibición la de fijar residencia en Rosario y la prohibición absoluta de contacto y acercamiento por cualquier medio al domicilio de por lo menos 25 personas que fueron víctimas de los atracos. También deberá abstener de consumir estupefacientes y está obligado a someterse al control mensual de someterse al control de la dirección provincial de control y asistencia pospenitenciaria.
Por Elbio Evangeliste